Se apoderó de un salón histórico de la CGT para anunciar que la guerra aún no ha terminado. Luis Barrionuevo, el mismo sindicalista que asegura no tener ningún interés en el PAMI, informó ayer que recurrirá a la Justicia en contra de la intervención de la obra social de los jubilados. “No existe ningún justificativo para semejante medida y el Gobierno debe dar explicaciones”, señaló. La respuesta de la Casa Rosada se escuchó por boca del flamante interventor, Juan González Gaviola. “Nunca más cierto el dicho ‘hay que pegarle al chancho para que el dueño aparezca’”, dijo, en alusión a Barrionuevo.
La arremetida del polémico senador no tuvo el aval de toda la comisión directiva cegetista. Pero Barrionuevo hizo valer su cargo de secretario de Seguridad Social de esa central y, asumiendo el rol de abogado de los intervenidos, realizó una conferencia de prensa en el salón Felipe Vallese, un ámbito que es todo un símbolo en la historia del sindicalismo.
“Repudiamos la intervención, acá buscan la caja política. Todo esto se mediatizó y hubo caza de brujas y fantasmas”, señaló escoltado por alguno de los directores desplazados. La defensa no se limitó a Domingo Petrecca y Reynaldo Hermoso, sus ex hombres en el PAMI, sino que se amplió a los siete representantes de los jubilados que tras la intervención también se quedaron sin trabajo.
Viejo conocedor de la interna peronista, Barrionuevo aprovechó el conflicto para explotar las diferencias que surgieron en estos días entre Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde, obviamente para posicionarse con este último. “Duhalde en un año y medio no se metió con el PAMI”, tiró por elevación al Presidente sin la mínima cuota de ingenuidad.
González Gaviola fue el primero que públicamente salió a marcar diferencias con el duhaldismo en el tema PAMI. Fue anteayer, al hablar de la “mala gestión” de Horacio Pacheco y del resto del directorio que comandó el proceso de normalización de la obra social. Pacheco no es un nombre más. Se trata, además, del pediatra de los hijos de Duhalde.
Pero si eso no fuera suficiente para embarrar la cancha, Barrionuevo buscó desvirtuar la teoría de santos y demonios que impuso la intervención. Lo hizo blandiendo un listado de asesores de González Gaviola que estarían percibiendo sueldos por encima del tope de 3 mil pesos dispuesto por el propio gobierno. Más aún: mucho de ellos se encontrarían observados por emitir cheques rechazados.
Al enterarse, González Gaviola envió a la Oficina Anticorrupción (OA) una copia del artículo del periódico Infobae, donde se describe la situación de los asesores y también de los gerentes Eduardo Echeverría, Francisco Tarin, Armando Caletti, Juan Oscar Reynoso y Sergio Ranchilio. “Será la OA la que determine si todos y cada uno de ellos están habilitados para cumplir las funciones en las que han sido designado”, señalaron a Página/12 fuentes ligadas a la intervención.
El sindicalista también cuestionó a González Gaviola por haber apelado a una contratación directa, justamente una de las prácticas que el interventor utilizó como argumento para justificar la avanzada del Gobierno.
“El directorio anterior ‘pisó’ el proceso licitatorio y convocar a una nueva licitación nos hubiera demorado unos 90 días. La gente que necesita los marcapasos no puede esperar ese tiempo. Fue una circunstancia particular en la que, aun así, hicimos un concurso de precios. Y, como si fuera poco, le pedimos a la Sindicatura General de la Nación que se expida sobre el tema parar eliminar cualquier tipo de sospecha”, señalaron cerca de González Gaviola.
En el Gobierno aseguran que recién ahora comenzarán las batallas más duras con el barrionuevismo, ya que a la remoción de hombres, producida de hecho con la intervención, le seguirá la eliminación de intermediarios ygerenciadoras, a los que se consideran verdaderos triángulos de las Bermudas para los fondos del PAMI.