La nerviosa reacción de Sergio Massa y de su esposa, Malena Galmarini, ante la revelación de que habían escondido en forma deliberada la incursión del prefecto Alcides Díaz Gorgonio en la casa que el matrimonio comparte desde hace quince años en el barrio cerrado Isla del Sol ratifica la gravedad del ocultamiento.

Massa dijo que se trataba de un mero hecho de inseguridad sin otras connotaciones, pero Galmarini lo rectificó. “Hecho de inseguridad es un robo en la calle, al voleo. Entró a un barrio cerrado, que tiene seguridad de Prefectura Nacional y se metió en mi casa tranquilamente. Ese no es un hecho de inseguridad. No sé qué es. El fiscal tendrá que decirme qué pasó”, dijo la mujer. Como parte de una coreografía, la respuesta no la dio el fiscal sino la suegra de Massa, la ex diputada Marcela Durrieu de Galmarini, quien dijo que Díaz Gorgonio era un funcionario de Inteligencia que dependía del secretario de Seguridad Sergio Berni. Si eso fuera así, ¿por qué Massa lo habría callado hasta que el domingo el caso fue expuesto aquí? No es la primera vez que Massa y su esposa disienten. El famoso despacho diplomático de la embajada de Estados Unidos de noviembre de 2009 consigna que cuando Massa empezó a sumar adjetivos peyorativos para referirse al ex presidente Néstor Kirchner, Malena Galmarini intentó en vano hacerlo callar. Ayer, los roles se invirtieron. Uno de los momentos más engorrosos de la conferencia se produjo cuando Massa dijo que el fiscal también había pedido la detención de otros dos prefectos, que habrían departido con Díaz Gorgonio durante una hora y media en la cabina de ingreso al barrio. Con toda lógica los periodistas le preguntaron si estaban prófugos. Massa respondió que no, que el fiscal había pedido la detención y el juez debía decidir. En las actuaciones que este diario alcanzó a consultar, no figura tal orden de detención. Coinciden con esto fuentes judiciales de San Isidro, según las cuales Magaz recién pidió ayer esa medida. Considerando que el robo se produjo hace dos semanas, esa orden parecería una sobreactuación tardía para acotar el escándalo por el manejo irregular de la causa.

Alberto Fernández, quien integra el comando de campaña del intendente de Tigre, negó el domingo en una radio del Grupo Clarín la existencia del robo. Cuando el propio Massa tuvo que admitir que la información era exacta, Fernández acudió a la diatriba personal pero no pudo explicar qué cuestionaba de la publicación.

En la conferencia de prensa de ayer, Massa debió retomar la palabra como forma de impedir que su esposa siguiera contradiciendo la línea light que él había elegido. El intendente dijo que la detención de Díaz Gorgonio y la orden de captura contra otros dos prefectos que lo recibieron en forma amistosa en la garita de control del barrio cerrado mostraban la utilidad del sistema de videovigilancia, del que podía jactarse. De ser así, menos comprensible aún resulta la decisión de sustraer lo sucedido no sólo del conocimiento público, sino también del sistema informático del ministerio público de la provincia de Buenos Aires, SIMP, donde no se cargó lo sucedido, pese a que es obligatorio hacerlo. Es legítimo y usual no consignar las órdenes de detención y allanamiento antes de que se cumplan, para no frustrarlas, pero no disimular la causa misma, como si no existiera.

Massa suministró más datos que no merecieron la atención que merecían: reconoció que Díaz Gorgonio había sido custodio del barrio cerrado y que además tenía un comercio en Tigre. Otra pista significativa fue aportada por Berni, quien expuso que según testigos que declararon en el sumario administrativo iniciado a Díaz Gorgonio en cuanto se conoció el hecho, el detenido no sólo conocía a los custodios del barrio cerrado, sino también al propio Massa, para quien había trabajado como remisero y cuya candidatura apoyaba como puntero político. Lo que falta determinar es el grado de intimidad de esa relación. Militantes del Frente para la Victoria de Tigre cuentan que el comercio que mencionó Massa es un local de venta de ropa en la avenida Cazón, que luce a la calle una gigantografía del intendente-candidato, y en cuyos altos se realizan reuniones políticas del Frente Renovador.

Para explicar el silenciamiento de la incursión en su casa, Massa dijo que se había tratado de un pedido del fiscal de Rincón de Milberg, Tigre, Mariano Jorge Magaz. Esto es inverosímil, por varias razones. En primer lugar, porque en la relación asimétrica entre ambos, quien da las órdenes no es el fiscal. Como se explicó aquí el domingo, ése es el resultado de la política de fiscalías descentralizadas que puso en marcha la Procuradora General María del Carmen Falbo, que asegura la fidelidad de los fiscales al poder político local.

Además, entre ambos está el Fiscal General de San Isidro, Julio Alberto Novo, quien participa en forma activa en los actos de Massa, y no sólo en aquellos vinculados con la inseguridad sino también en los de su campaña electoral. La fiscalía de Magaz fue inaugurada por Massa y Novo el 12 de marzo de 2010. “Desde el municipio de Tigre invertimos en la infraestructura que se necesitaba y en el financiamiento de parte de su personal”, explicó Massa en la inauguración. Novo elogió a Massa porque “demuestra con mucha colaboración que es posible tener fiscalías cerca de la gente, dando un gran apoyo al proceso de descentralización”. Magaz asentía complacido.

Evitar la publicidad de un hecho es algo muy distinto a omitir su ingreso al Sistema Informático del Ministerio Público, una obligación de la que ni jueces, ni fiscales ni defensores pueden sustraerse. Esa obligatoriedad fue establecida en 2010 por la Procuradora General con la resolución 1671, del 6 de abril de ese año. Se trata de un sistema único de gestión para los ministerios públicos fiscal y de la defensa y para los juzgados de garantías. El anexo A establece que como mínimo deben ingresarse al sistema las investigaciones penales preparatorias que realizan los fiscales “el mismo día de recepción del parte policial o de la recepción judicial de la denuncia”. La flexibilidad llega hasta las 72 horas, siempre que no haya detenidos, pero de ninguna manera dos semanas. También debe consignarse el lugar de alojamiento de los detenidos.

La omisión en este caso no se vincula con el secreto del sumario (ni Magaz, ni Novo ni Massa fundamentaron por qué sería necesario) sino con las conveniencias políticas del candidato. Lo mismo vale para el incremento del robo de automotores en los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Pilar, cuyos intendentes apoyan la candidatura de Massa. Según la estadística que suministró el fiscal de primera instancia Eduardo Gabriel Rodríguez, en Vicente López se produjeron 148 robos y hurtos de vehículos en el mes de junio. En julio esta cifra se incrementó en el 25 por ciento, hasta llegar a 185 casos, de los cuales 55 calificados por el uso de armas. Según Rodríguez, estas estadísticas son ocultadas porque demuestran la ineficacia de una gestión en seguridad utilizada con fines propagandísticos, bajo la forma de un “Operativo Imagen” canalizado a través de los medios de comunicación. Aún antes, en mayo, Rodríguez había acusado a las autoridades policiales por “falta de idoneidad” para prevenir ese delito, en dos notas enviadas al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, y al comisario general Osvaldo Castelli, a cargo de la Zona Norte. Rodríguez señala que el municipio conducido por el intendente Jorge Macri está “desprotegido” y atribuyó un componente económico al ocultamiento de los datos: un 10 por ciento del tributo por “Alumbrado, limpieza, conservación de la vía pública y servicios varios”, corresponde a la cuota que Macri recauda por una denominada “Protección Ciudadana”. El fiscal general Novo trasladó al indiscreto fiscal Rodríguez de Vicente López a Pilar. Allí podrá reflexionar sobre la conveniencia de hacer silencio como su colega de Tigre. Fuentes judiciales dijeron que el traslado se realizó a pedido del intendente Macri. Algo similar ocurrió con la fiscal de Género, Niñez y Adolescencia de Tigre, Marcela Semería, quien fue trasladada por Novo a Vicente López, a pedido de Malena Galmarini. La esposa del intendente, quien ha realizado un estimable trabajo en cuestiones de género, fue una de las impulsoras de la creación de esa fiscalía, que Novo y Massa inauguraron en 2010. Pero el año pasado se mostró disgustada porque Semería no pidió la detención de un acusado en un caso de abuso sexual simple.

Berni también dijo ayer que ni Prefectura ni la Policía Bonaerense habían sabido contestarle quién allanó la casa en la que se recuperó el dinero y las joyas robadas. Pero en el primer cuerpo del expediente declaran los policías bonaerenses Gabriel Natielo y Lucas Rodrigo Borge, quienes identificaron a Díaz Gorgonio en las filmaciones y suministraron los domicilios a allanar.

En cambio son contradictorias las informaciones sobre la información que también contenía la caja de seguridad de Massa. La resolución del juez de garantías Esteban Eduardo Rossignoli del lunes 22 de julio convalida los allanamientos que el fiscal Magaz ya había realizado el fin de semana invocando la urgencia, como permite la ley provincial. Esto hace más injustificable aún la sustracción del caso del Sistema Informático. Hasta el viernes de la semana pasada, sólo había cumplido con su deber la defensora pública Andrea Verónica Farías, quien ingresó al sistema su pedido de excarcelación de Díaz Gorgonio. La defensora alegó que no se aplicaba el agravamiento del delito ya que el prefecto detenido no actuó “en condición de funcionario público”, lo cual también refuta las insinuaciones de la esposa, la suegra y los directores de la campaña de Massa. No se conocen actuaciones iniciadas por la Procuradora Falbo por el ocultamiento.

Una reflexión final sobre quienes han intentado descalificar al autor de la nota del domingo, en vez de referirse a su contenido. Una línea utilizada para ello fue recordar las noticias publicadas en 2009 sobre los negocios no convencionales de Francisco De Narváez, el candidato del Peornismo Opositor que venció a Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. Sin embargo, el nuevo juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, decidió no procesar a De Narváez no porque los hechos publicados aquí fueran falsos, sino debido a que entre las pruebas había mails intercambiados por el diputado con un periodista del diario La Nación, que “probablemente” habrían sido obtenidos en forma ilegal. Y el juez federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Carlos Alejandro Faggi, decretó el 17 de agosto de 2010 la inhibición general de bienes de De Narváez por 87 millones de pesos por un incremento patrimonial no justificado y operaciones sospechosas de lavado de dinero.

UN TRAMO DE LA RESOLUCION DEL FISCAL MAGAZ Y EL JUEZ ROSSIGNOLI, OCULTADA AL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERIO PUBLICO.