El escenario político y militar sigue conmocionado por la inminente derogación del decreto que impide las extradiciones de militares acusados de violaciones a los derechos humanos, así como por la posible anulación de las leyes de impunidad. A diferencia de lo que dejan trascender sus subordinados, el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, afirmó que “hay absoluta tranquilidad” en la fuerza a la espera de una decisión del Gobierno respecto de los pedidos de extradición. Por su parte, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, aseguró que a esa cartera no le fue requerido “ningún elemento” sobre el pedido de detención de 46 represores de la última dictadura para su eventual extradición a España.
El ministro aseguró que “tampoco” dicha cartera intervino en el proyecto de anulación del decreto presidencial 1581/01, el cual ha venido frenando automáticamente cualquier trámite con fines de extradición de los militares requeridos por jueces desde el extranjero. “Esa materia está pendiente de una decisión que tiene que tomar el propio Presidente de la República y yo no voy a hacer ninguna manifestación al respecto”, remató Beliz en declaraciones a la agencia DyN. El viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, había confirmado que el Gobierno analiza derogar el decreto 1581, suscripto el 17 de diciembre de 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa y reedición del decreto 111 de similares características que había firmado Carlos Menem.
“Ese es un problema del Presidente de la Nación (Néstor Kirchner) y la Justicia”, sostuvo Bendini, luego de un acto realizado en el Edificio Libertador, donde se firmó un acuerdo marco con la empresa Invap. Se refería a la posibilidad de que Kirchner anule el decreto que rechaza la extraterritorialidad para el juzgamiento de los militares argentinos. Fuentes oficiales aseguraron a Página/12 que aún no hay una fecha fijada para la concreción de esa medida, pero aclararon que el asunto se analiza en forma conjunta con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en manos de la Corte Suprema. Para el Gobierno no sería deseable un escenario con vía libre para la extradición de algunos militares imputados, sin que las leyes de impunidad estén anuladas porque la preferencia es que los juzgamientos se produzcan en territorio nacional antes que en el exterior.
El lunes, durante la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, Kirchner dejó abierta la puerta a la posibilidad de permitir el juzgamiento de los militares al advertir que el reencuentro con la sociedad civil “no puede venir desde el silencio o la complicidad”.
Por otra parte, el diputado nacional de Fuerza Republicana Ricardo Bussi aseguró que los planteos que se están haciendo sobre los pedidos de extradición se enmarcan dentro de un “discurso político que se desarrolla desde el gobierno nacional, porque un pedido de extradición es una cuestión compleja que la debe decidir la Corte y hasta ahora siempre se pronunció en contra de las extradiciones”. El diputado es hijo de Antonio Bussi, quien recientemente fue electo intendente de Tucumán y figura entre los 46 militares procesados por el juez español Baltasar Garzón por la desaparición de personas durante la dictadura militar.
El ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy se opuso a la extradición de militares argentinos. “No se puede resignar la soberanía”, dijo el líder del Partido Recrear al ser consultado sobre la reiteración de la orden de detención que emitió el juez Garzón contra 46 uniformados.