Los generales de división Antonio Domingo Bussi, flamante intendente electo de Tucumán, Santiago Omar Riveros y Luciano Benjamín Menéndez fueron acusados en la causa que investiga la asociación ilícita y la desaparición de personas en el marco del Plan Cóndor. Cuando la Cámara Federal confirmó la prisión preventiva de Jorge Rafael Videla en este caso, consideró que la investigación debía extenderse “a la totalidad del territorio en el cual se desarrolló la operatoria criminal” y a “todos los niveles de autoría y participación”, esto es, a los autores materiales, mediatos, partícipes y cómplices. Por ese motivo, los abogados querellantes pidieron al juez Jorge Urso, a cargo provisoriamente del Juzgado Federal 7, la imputación de Menéndez, Riveros y Bussi. Este último también es requerido por el juez español Baltasar Garzón, acusado de genocidio.
La causa tiene por objeto la investigación de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en el marco de políticas de desaparición forzada de personas, homicidios y torturas, cometidos en ocasión de concertarse y ejecutarse la llamada Operación Cóndor, que tuvo como territorio de comisión de esos delitos a Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Inicialmente fueron imputados por la querella los jefes de Estado de esos países que en la década del ‘70, al frente de gobiernos militares, concertaron ese plan persecutorio de comunidades de refugiados políticos de cualquiera de los “Estados-parte” en el territorio de otros.
Además de la prisión preventiva de Videla, la Cámara confirmó los pedidos de captura internacional de Augusto Pinochet, Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (policía secreta chilena), Pedro Espinoza, también alto funcionario de la DINA, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner y los militares uruguayos que operaron en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Los camaristas entendieron que “la sola concertación de un acuerdo entre jefes de Estado, como fue la Operación Cóndor, es en sí misma, aun antes de que comiencen a cometerse los delitos previstos como su finalidad principal, un crimen de lesa humanidad”.
Los abogados David Baigún, Alberto Pedroncini y Ernesto Moreau argumentaron en su escrito que “no menos de seis casos de sustracción de menores, investigados en la causa sobre la práctica sistemática de tal delito, corresponden al ámbito de la Operación Cóndor”. Se trata de los casos de Mónica Grinspon, Ernesto Logares y su hija Paula, de Raúl Za-ffaroni y María Emilia Islas de Za-ffaroni, de los esposos Julien Grisonas, y sus hijos Anatole y Victoria, y de Yolanda Iris Casco.