El Tribunal Oral Federal de La Rioja puso fecha para el debate que deberá juzgar a los responsables penales, aún vivos, del asesinato del obispo Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto de 1976. El juicio pendiente hace 37 años empezará finalmente el 4 de noviembre. Hay al menos dos datos significativos sobre el debate. Por un lado, la presencia, en la figura de “querella”, del obispado de La Rioja, que a diferencia de lo que sigue sosteniendo la versión oficial de la Iglesia, reconoce e impulsa la acusación por homicidio. Por otro lado, el juicio hablará de la falta de cobertura de la Iglesia y el silenciamiento sobre el asesinato. La acusación fiscal fue taxativa en ese aspecto: dijo que la complicidad no fue sólo por el silencio, sino que fue “activa”. “El terrorismo de Estado actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina”. O con otras palabras: “Que el sistema represivo operó en coordinación y con el consentimiento de la Iglesia, o al menos buena parte de su jerarquía”.

Poco después de la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, acusado en este caso como autor mediato, un grupo de querellantes envió una carta al tribunal de La Rioja. “Para la comunidad riojana, pero también para todos los argentinos, la realización de este juicio tiene un significado muy profundo, porque es la interpelación del Pastor y profeta, máximo testigo de la fe y el compromiso con el pueblo, martirizado por su fidelidad en la búsqueda y la lucha por la vida y la dignidad de todos, y especialmente de los más pobres”, dijeron. “Toda América latina clama justicia por nuestros pastores asesinados, por eso les solicitamos tengan a bien asumir la oportunidad histórica de aplicar la justicia y fijar definitivamente la fecha de inicio del juicio correspondiente.” Entre las firmas de esa carta está la sobrina del obispo, María Elena Conseano, Luis “Vitin” Baronetto, querellante y director de la revista Tiempo Latinoamericano, y el abogado por la Secretaría de Derechos Humanos Guillermo Díaz Martínez.

Entre los acusados serán juzgados Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército con jurisdicción sobre La Rioja; Luis Fernando Estrella, jefe de la Base Aérea de Chamical, y Juan Carlos Romero, a cargo del Departamento de Informaciones (D2) de La Rioja. Están procesados por homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y asociación ilícita en calidad de autores mediatos. Entre quienes murieron sin ser juzgados, además de Videla, se halla el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y los ex tenientes coroneles Osvaldo Pérez Battaglia y Pedro Malagam. Quedó excluido del juicio por insania Edilio Cristóbal Di Césare, ex jefe de policía. Baronetto recuerda esta lista en una carta en la que menciona lo que todavía queda pendiente: “Después de 37 años, la Justicia tendrá la oportunidad de sellar lo que el pueblo dijo el mismo 4 de agosto de 1976, cuando se disfrazó de accidente automovilístico el atentado criminal en las cercanías de Punta de Los Llanos”, escribió. “El obispo llevaba oculta tras el asiento de su camioneta la carpeta con la información reunida sobre el asesinato de los dos sacerdotes de Chamical. Una fotocopia de esa carpeta fue vista por el policía federal Peregrino Fernández en el escritorio de Albano Harguindeguy, entonces ministro del Interior. Así consta en el expediente judicial. Fue el motivo inmediato del crimen, que en realidad se preparó desde mucho antes, con el ataque a la pastoral diocesana promotora de los empobrecidos por un sistema feudal de explotación.” En términos de prueba, el juicio revisará documentos, actas y sobre todo testimonios que desde el primer día dan cuenta del atentado, tal como señaló la elevación: “Podemos afirmar con seguridad que la colisión automovilística donde monseñor Enrique Angelelli perdió la vida fue provocada de forma deliberada por otro vehículo que venía siguiéndolos” a él y al sacerdote Arturo Pinto que salvó su vida milagrosamente. Pero también, las querellas –a excepción probablemente del Obispado– evaluarán en dos direcciones el rol de la Iglesia. Por un lado, en base a cartas y documentos trabajarán sobre las pruebas del de-samparo en que la jerarquía dejó al obispo a sabiendas de que estaba amenazado y en peligro. Y por otro lado, se volverá sobre la insistencia de la Iglesia en calificar este hecho desde siempre bajo la hipótesis del accidente. Baronetto señala que una de las últimas pruebas que aportaron es una carta de julio de 1976 que escribió el sacerdote Jerónimo Podestá, expulsado por el Vaticano. En el escrito dirigido al cardenal Raúl Primatesta adelanta que la vida de Angelelli estaba en peligro. “Amigos de todo orden, pero sobre todo altos oficiales bien compenetrados de la situación política y militar, me anunciaron un sombrío recrudecimiento de la represión irracional, arbitraria y me aconsejaron que me cuidara muchísimo, pues podrían pasar cosas muy desagradables (...) Un amigo militar me dijo que yo podría ser un excelente candidato para provocar terror y miedo, otros pensarán que (Vicente) Zaspe o vos podrían ser objeto de algún hecho intimidatorio. Pero otro vocero militar dijo a unos amigos que no sería yo –pues me consideran fuera de la Iglesia–, sino que el candidato de elección era Angelelli y que le quedaban pocos días.” De julio a agosto, efectivamente pasaron pocos días. Podestá está muerto, pero durante el juicio podría ser convocada su esposa. La idea del desamparo aparece incluso en las últimas cartas del obispo. “El sentido que aporta esto en cuanto al atentado –dice Baronetto– es en relación con su gravedad, porque no darle cobertura significa entregarlo a los ejecutores.” No por casualidad, la elevación analiza el rol de Primatesta que fue quien “gestionó” el “alejamiento” de Angelelli de la provincia de Córdoba y le dijo al vicario castrense del Ejército Victorio Bonamín: “Ojalá se lleve a los compinches”.