”Ser Presidente no es bastante para echarme la culpa de todo lo que pasó”, dijo ayer Fernando de la Rúa ante la Justicia. Esta vez no había manifestación de repudio ni tampoco una nutrida guardia periodística. Un día después de la fecha que le habían fijado por tercera vez, declaró bajo el cargo de homicidio culposo en la causa sobre la masacre del 20 de diciembre de 2001, cuando ordenó la represión que sofocó la rebelión popular de aquella jornada. El ex presidente intentó quedar bien parado ante la historia, deslindó responsabilidades en sus ex funcionarios y en la misma jueza María Servini de Cubría que lo estaba indagando, y negó su responsabilidad penal en la muerte de cinco manifestantes y en las lesiones de más de doscientos. Según relató a Página/12 una fuente judicial, De la Rúa sugirió que las muertes fueron parte de un operativo para desplazarlo del gobierno. Y fustigó a los fiscales que lo vienen acusando desde el inicio del caso. “Usted duda de mi palabra”, explicó al rechazar la mano que le tendía el fiscal Luis Comparatore para saludarlo.
De la Rúa estaba convocado para el martes pero, según insistieron sus abogados, una llamada desde el juzgado los alertó para que no concurrieran. Servini lo negó y parte de la querella y los fiscales pidieron la captura del ex presidente, por su reiterada reticencia a presentarse a la indagatoria. Mientras Servini decidía qué hacer, el imputado se presentó a primera hora en su despacho. Los fiscales tuvieron que correr otra vez para participar de la audiencia, como había ocurrido la primera vez que De la Rúa fue indagado. Los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre no pudieron ingresar y se quejaron por lo que calificaron como “voluntad del juzgado” de proteger al acusado.
“Se me quiere inculpar por hechos no comprobados como policiales”, argumentó en el escrito al que Página/12 tuvo acceso, en alusión a las muertes. Según el ex presidente, la participación de la División Asuntos Internos, la balacera que salió desde el HSBC y un presunto francotirador que habría disparado a los manifestantes, registrado en un video televisivo que pidieron incluir en el expediente, excluyen la participación policial de la represión. De todos modos, insistió en que “el gobierno no tuvo intervención en los procedimientos” y que “la Policía Federal actuó de oficio”. Y reiteró que recién se enteró de los asesinatos el 20 a la noche por una comunicación con el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, dado que no había visto televisión durante la jornada y tampoco se asomó a las ventanas de la Casa de Gobierno.
Una vez más, De la Rúa intentó vincular la causa con la investigación de un presunto complot para derrocarlo. “Son dos caras de la misma moneda”, expresó. Aseguró que confiaban en el “efecto disuasivo” que tendría el dictado del estado de sitio y reiteró que “la actuación policial no respondía al poder político” sino a las órdenes de la jueza Servini. Testigos de la audiencia lo vieron “tranquilo como siempre”, aunque algo irritado por tener que dar explicaciones.