La elección de intendente de La Plata amenaza con convertirse en una pelea judicial. El episodio inicial fue la captura y posterior eximición de prisión del concejal Pablo Bruera –electo por el PJ y candidato a intendente por el Partido Autonomista–, que fuera resuelto por el juez de Garantías Néstor De Aspro, el martes último. Según la acusación, Bruera habría cobrado durante ocho meses el sueldo de dos chicas estudiantes de periodismo que habían sido designadas en el Concejo Deliberante sin que éstas se enteraran. A su vez, el propio Bruera acusó al actual intendente, Julio Alak, su principal competidor en las elecciones del 14 de septiembre, de “utilizar la justicia con fines electorales o personales”.
El juez De Aspro firmó la eximición de prisión de Bruera luego de que éste pagara una caución de mil pesos. La resolución se produjo en la causa 84.829, una denuncia que fue iniciada por dos estudiantes de periodismo de la Universidad de La Plata. Según el expediente, las dos chicas se habían presentado ante el concejal Bruera buscando trabajo: le habían entregado fotocopias de sus documentos de identidad y facilitado datos personales, pero luego de la entrevista no tuvieron más noticias. Hasta que, tiempo después, recibieron una carta de la Anses en la que se les informaba que alguien estaba cobrando un sueldo por ellas.
Las dos chicas denunciaron el hecho ante la Justicia, que inició la causa 84.829. Allí consta que los sueldos de ambas fueron liquidados durante ocho meses, pero ellas no recibieron el dinero en ningún momento. A cargo de la investigación quedó el fiscal de Investigaciones Complejas Carlos Arguero, quien solicitó al juez la detención de Bruera. Ese pedido se concretó a menos de dos meses de la elección de intendente, en la que Alak –actual jefe comunal– busca la reelección. Para eso deberá derrotar a Bruera, que fue electo concejal por el PJ y luego se pasó a la oposición y utilizó un sello propio (Partido Autonomista) para competir por fuera del justicialismo. Anteayer, Bruera acusó a Alak de “llevar a los estrados judiciales un ataque sin fundamentos jurídicos ciertos”.