Hace dos meses, cuando Eduardo Duhalde estaba por dejar la presidencia y Carlos Menem daba sus últimos revoloteos por la escena política, parecía un hecho consumado que la Corte Suprema respaldaría las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, clausurando así la posibilidad de juzgar a los represores en el país. Pero el panorama cambió y ahora nada está cerrado. Entre algunos supremos empieza a tomar fuerza el criterio que reconoce la primacía del derecho internacional que señala a los delitos de lesa humanidad como inamnistiables e imprescriptibles. Al parecer vislumbran en una declaración de nulidad de las leyes de impunidad una posible solución ante los múltiples pedidos de extradición de militares.
Este nuevo rumbo para el debate interno no impide que, previamente, el alto tribunal resuelva enviar los dos expedientes que tiene a estudio a la Cámara de Casación Penal, una instancia que no se pronunció sobre el tema.
A principio de año el ex socio de Menem Julio Nazareno encomendó a uno de sus secretarios que diera forma a un proyecto destinado a ratificar la validez de las leyes del perdón, algo que la Corte ya había hecho en 1987 en un fallo que incluía la firma de tres de sus actuales ministros (Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Carlos Fayt). Quizá hace algunos meses nadie creía que la Corte pudiera ser renovada, ni que Nazareno, cabeza de la mayoría automática, saldría disparado de su sitio con la rapidez que lo hizo. Nazareno ya no está más, el tribunal perdió su pilar menemista, Menem sus posibilidades de gobernar y el Gobierno apuesta a lograr más vacantes cortesanas. Mientras el presidente Néstor Kirchner analizaba la derogación del decreto que rechaza de plano las extradiciones –algo que concretaría al volver de su gira– el juez español Baltasar Garzón reiteró la semana pasada el pedido de extradición de 46 represores. Si, tal como trascendió en su momento, la Corte contaba con una mayoría dispuesta a avalar la propuesta de Nazareno destinada a salvaguardar a los militares beneficiados por las leyes de obediencia debida y punto final —derogadas por el Congreso en 1998– ahora aparecen otros factores que cuanto menos complicarían ese desenlace.
La futura integración a la Corte de Eugenio Raúl Zaffaroni, un penalista comprometido con la defensa de los derechos humanos, de por sí obligará a una nueva discusión jurídica. Pero aún anticipándose esa presencia, el ministro Antonio Boggiano busca por estos días reinstalar en voz baja entre algunos de sus pares un argumento ya adoptado por la propia Corte, que pone el foco sobre los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional y les da superioridad frente a la ley local. El tribunal sentó esa doctrina en 1992 en un fallo conocido como “Ekmekdjian” y la ratificó, por ejemplo, al habilitar la extradición solicitada por Italia del ex capitán de las SS Erich Priebke. El llamado “derecho de gentes” en su carácter universal y los pactos de los que se desprenden la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad serían, desde esta óptica, incompatibles con la vigencia de las leyes de impunidad, tal como plantearon la mayoría de los fallos de tribunales inferiores que ya declararon su nulidad e inconstitucionalidad. Otros ministros, como Juan Carlos Maqueda, estarían dispuestos a analizar estos argumentos, sobre todo a la luz de los pasos que dé el oficialismo en cuanto extradiciones. Y si, como espera el Gobierno, dejan el tribunal Eduardo Moliné O’Connor o Guillermo López, serán otras nuevas voces las que se encarguen del asunto. La posibilidad de enviar los expedientes a Casación Penal no está para nada descartada pero no eximirá a la Corte de un fallo futuro. Desde la presidencia del tribunal, Fayt intenta impulsar un cambio de clima y apurar éste y otros casos sobre derechos humanos. En lo inmediato, sin embargo, encuentra resistencias en jueces que prefieren esperar mientras ven su futuro amenazado y los expedientes “sensibles” les pueden servir como prenda política.