El supremo tenista Eduardo Moliné O’Connor no se dará por vencido en el juicio político que se está instruyendo en su contra, pero necesita tiempo. Para eso recurrió a sus aliados en el Congreso. Ayer, los legisladores menemistas –fungiendo de voceros del cortesano– solicitaron a la conducción del bloque del PJ que le permita a Moliné un plazo mayor para hacer uso de la defensa prevista para hoy. José María Díaz Bancalari fue tajante al sostener que “eso lo tiene que definir la comisión”. Enterados de la maniobra, los diputados de la comisión anticiparon que no harán lugar al pedido: “Quieren ganar tiempo para facilitar el lobby y no lo vamos a permitir”, se indignaron.
Al final de la reunión del bloque justicialista realizada ayer, la riojana menemista Alejandra Oviedo habló con Díaz Bancalari. La diputada anticipó la decisión de Moliné de solicitar más tiempo para realizar su defensa prevista para hoy al mediodía. Según trascendió, la legisladora argumentó que la solicitud se hacía con el solo objeto de transparentar el proceso. No tuvo éxito. Los menemistas sostienen que el cortesano presentará junto a su descargo un cúmulo de pruebas para que las estudien los diputados y por ello es necesario que se extiendan los plazos de la defensa. Es prácticamente improbable que la comisión acepte el pedido. “El reglamento de la comisión sostiene que para fundamentar la acusación es necesario sólo contar con indicios ciertos. Y es lo que hemos hecho. El momento que la defensa pretende utilizar se concretará cuando la acusación llegue al Senado. Allí tendrán quince días hábiles para hacerlo y solicitar las pruebas que necesiten”, aseguró uno de los miembros de la comisión.
Los integrantes de Juicio Político están convencidos de que la movida se enmarca en una estrategia de lobby que está realizando el cortesano tanto en el Congreso cuanto ante entidades extranjeras de magistrados.
Durante la mañana de hoy, y mientras se espera la llegada del descargo de Moliné, los diputados de Juicio Político declararán admisible la causa conocida como Pompas. Se trata del caso del ex directivo del Banco Social de Córdoba que había sido condenado por defraudación reiterada y que la Corte salvó de la prisión al recurrir a una norma que había sido derogada. Es posible también que se acepte el pedido realizado por los radicales Juan Minguez y Hernán Damiani, quienes solicitan un nuevo juicio contra Moliné por mal desempeño. Es por un “apriete” a los secretarios de la Corte poco antes de que prestaran declaración ante la comisión durante los juicios del año pasado.