Después de reclamar sin éxito ante el Gobierno de la Ciudad, vecinos de Barracas y dos legisladores porteños pidieron a la Justicia que se ordenara la demolición del muro que corta una calle, en el barrio de Barracas, y libere a la circulación una cuadra apropiada por una empresa privada. El paredón, de unos cuatro metros de altura, separa a la villa 21-24 de la planta de impresión del multimedios Clarín. Desde hace años, los habitantes de ese barrio deben hacer un rodeo para transitar, mientras que la empresa colocó una barrera y una garita de seguridad en el otro extremo de la calle en cuestión, y utiliza las veredas de ambos lados como estacionamiento para su personal. El Gobierno de la Ciudad informó que ningún organismo público dio autorización para el cierre de esa arteria, pero no hizo nada hasta el momento para recuperar ese espacio.

Los diputados porteños Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, junto a Luis Otazo, representante barrial de la villa 21-24 de Barracas, presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso en lo Administrativo Tributario N 12, secretaría Nº 23, de la Ciudad de Buenos Aires.

La calle afectada es Hilario Ascasubi. En la esquina de Luna, perimetral de la villa 21-24, está construido el muro de cuatro metros de altura. En el otro extremo, a poco más de cien metros, en la esquina de Agustín Magaldi, una garita de vigilancia impide el acceso del público. Sobre las veredas estacionan decenas de autos, y un sector de la calle es utilizado como depósito de diarios de devolución, según pudo comprobar Página/12 durante una recorrida.

Todo se inició hace un año, por un reclamo vecinal. La diputada Naddeo presentó un pedido de informes, en octubre de 2012, con el propósito de que el gobierno porteño informara si existía autorización oficial para el cierre de la calle. Desde la Dirección General de Tránsito contestaron que esa repartición “no ha tenido injerencia en las medidas administrativas que dispusieron dicho cierre y la colocación de la garita”. Por su parte, la Dirección de Registro de Obras y Catastro argumentó que “no registra presentación administrativa alguna sobre la cuestión de marras”.

A partir de esos informes y ante la inexistencia de normas que habiliten la construcción del muro, los diputados solicitaron al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en abril de este año a que “en forma inmediata se disponga la demolición del muro de la calle Ascasubi, en su intersección con Luna”.

Hasta la fecha, el pedido no tuvo respuesta, por lo cual los legisladores y el dirigente vecinal decidieron acudir a la Justicia y solicitaron a través de un recurso de amparo que se “ordene la demolición del muro” a fin de “liberar la circulación obstruida por el mismo, fijando un plazo perentorio para que el GCBA lleve a cabo dicha medida”.

“Nos vemos en la obligación de promover la presente acción de amparo destinada a reponer la vigencia de los derechos constitucionales que entendemos se encuentran violentados por el ejercicio abusivo de las acciones de un grupo de individuos en detrimento de los vecinos de esta Ciudad”, argumentan los legisladores en la presentación.

El paredón no es nuevo. Según los vecinos, data de finales de los ’80 y principios de los ’90, cuando se instaló la planta impresora. “Antes había un alambrado, que estaba caído y la gente podía pasar igual, pero después levantaron la pared y ya no se pudo circular”, relató uno de los vecinos. El tiempo de existencia del muro incluye varias gestiones municipales, incluida la del propio Ibarra, pero los vecinos no hicieron reclamos hasta el año pasado, cuando el problema se hizo notorio por la dificultades que se presentaban a las cuadrillas de Edesur que debían intervenir ante los frecuentes cortes que se registran en la villa. Los vecinos también manifestaron su preocupación porque, al no poder circular por Ascasubi, deben transitar por otras arterias “menos iluminadas y más peligrosas”.

Página/12 dio cuenta del insólito caso en septiembre del año pasado, ante las denuncias de vecinos. Dos periodistas de este diario concurrieron al lugar e intentaron circular por esa arteria, pero fueron abordados por dos empleados uniformados pertenecientes a una empresa de seguridad privada y un hombre de civil que preguntaron por qué habían sacado fotos en el lugar a la “mercadería” ubicada sobre la calle. Los cronistas respondieron que esa “mercadería” estaba ubicada sobre la calle, que es pública. Luego se retiraron, acompañados hasta su vehículo por el personal de vigilancia.

Los amparistas aclaran que recurren a la Justicia después de agotar todas las vías administrativas previas. Se refieren a la nota que presentaron a Mauricio Macri, en abril último, en la que solicitan la apertura de la calle “en un plazo razonable”, que estimaron en 30 días. Tras detallarle al jefe de Gobierno los informes del propio gobierno porteño de que no existe autorización para la existencia de ese muro, sostienen que “de este modo queda claro que nos encontramos ante un ostensible abuso del uso del espacio público traducido en el bloqueo ilegal de una arteria de la vía pública necesaria para la adecuada circulación, participación y socialización de los vecinos del lugar, quienes debido a esta situación ven amenazado el derecho ciudadano de la libre circulación”.

Lo único que hizo desde entonces el gobierno porteño es enviar, el 5 de julio último, dos inspectores de tránsito que labraron once actas de infracción por estacionamiento prohibido sobre la vereda. Las actas se adjuntaron a la presentación judicial como prueba de que el estacionamiento allí es ilegal.

“Resulta agraviante que una empresa construya o al menos usufructúe de un espacio público que por definición es de todos, mediante la construcción de un muro para transformarlo en un espacio privado. Pero mucho peor es que un gobierno que toma conocimiento de esa situación la acepte pasivamente y no vuelva las cosas a su estado original y legal”, sostiene la presentación.

Ibarra, en declaraciones a Página/12, aseguró que “el gobierno de Macri permite que el grupo Clarín se apropie de una calle pública para usarla como playa de estacionamiento privada y mira para el costado porque tiene acuerdos políticos y comerciales con ese grupo empresario”. Por su parte, Naddeo consideró “intolerable que el Gobierno de la Ciudad permita la continuidad de un muro construido al margen de la ley, que segrega a un barrio para favorecer a una empresa privada”.