Un señorial edificio fantasma de ricos y famosos que no tiene número de expediente. Apenas siete inspectores del gobierno porteño para controlar 150 mil ascensores en toda la ciudad. La Subsecretaría de Trabajo que funciona en un inmueble inhabilitado y que no cumple con las más elementales normas sanitarias, de higiene, seguridad y evacuación de incendios donde trabaja su propio personal. Demoliciones y excavaciones que no respetan las normas. El lobby empresario de la construcción que devora metros cuadrados de espacios verdes y pretende arrasar con las verificaciones. El combo de negligencias que tolera el gobierno de Mauricio Macri es tan evidente que, por fortuna, no hacen falta más víctimas de derrumbes para comprobar que algo anda muy mal en Buenos Aires. El gobierno acaba de publicitar que realizó 9063 inspecciones laborales en obras en lo que va de 2013 (ver aparte), pero las denuncias de la Uocra por falta de seguridad son un clásico en su página oficial.

El edificio Chateau Libertador, una torre de cuarenta pisos situada frente al Tiro Federal en el barrio de Núñez, no tenía número de expediente en la Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc) –que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano– cuando ya estaba habitado en 2011. En ese rascacielos de estilo francés, con privilegiada vista al río, un perito verificador que hacía los controles de rutina a los ascensores comprobó que la obra no estaba registrada. Era o podría ser –aún hoy– una obra fantasma. “Sería como si un auto no tuviera patente o una persona su DNI”, dice la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Profesionales Perito Verificadores (APPV).

La edificación no pasa inadvertida. Ocupa una manzana entera, la habitan famosos de la farándula que pagaron fortunas por un piso. Un ejemplo: un departamento de 517 metros cuadrados cotiza casi 2 millones de dólares, a razón de 3869 dólares por m2. El Chateau Libertador tiene un lavadero para el servicio doméstico y otro para los propietarios, y hasta un servicio de delivery de comidas en sus instalaciones.

Cuando ya vivía gente en su interior, un perito ingeniero verificó que uno de sus 23 ascensores no podía ser habilitado. Suficiente como para provocar un accidente. Sorprendido, comprobó que el edificio ni siquiera tenía registrado el expediente en la Dgroc. Pero antes de realizar su minuciosa tarea, que se extendió por tres meses, en la Agencia Gubernamental de Control le dijeron: “Esto viene por otro lado”. El verificador cobró un año después por su trabajo 2685 pesos. O sea, en promedio, la módica suma de 116,73 pesos por ascensor.

Si el trámite del expediente no se hizo, se esfuma la certeza de que los planos se ajusten a lo que dictan las normas. Por ende, la Dgroc que depende del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, nunca debería haberle pasado el caso a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) para que sortee a los peritos verificadores, como lo hizo en el caso del Chateau Libertador, uno de los edificios más suntuosos de la ciudad.

Rodríguez denuncia que en la ciudad apenas hay siete inspectores en el área de habilitación de ascensores. También hay que sumarles alrededor de noventa peritos verificadores de ascensores que trabajan contratados a cambio de un pago con factura. Una cantidad insignificante si se toma en cuenta que en Buenos Aires el número a examinar se aproxima a los 150 mil. Es la cifra que estima la APPV.

Este año el gobierno porteño aplicará por primera vez un impuesto de 250 pesos por ascensor a cada consorcio, por lo que podría recaudar hasta 37,5 millones de pesos. La finalidad declamada es que, con ese dinero, se pagará un censo y la AGC verificará que cada edificio tenga contratado un servicio de mantenimiento.

Desde que el macrismo gobierna la ciudad, en diciembre de 2007, delega ciertos controles que debiera tomar para sí. La presidenta de la APPV critica esa política: “Los verificadores son los que dan mayores garantías de transparencia a los controles, pero no obstante el gobierno nos quiere evitar. Hay un terrible lobby empresarial para impedir nuestra tarea. Y los principales lobbistas están entre los ingenieros estructuralistas. Es un terrible disparate que con la verificación número tres se comercialice y subdivida un inmueble”.

En el subsuelo

El 29 de mayo de 2012, en la Subsecretaría de Trabajo porteña, ubicada en pleno microcentro, se produjo un escape de monóxido de carbono. Tres empleados resultaron afectados en el edificio ubicado en Bartolomé Mitre 575, que fuera sede del desaparecido Banco Tornquist. Trabajaban en el subsuelo, en lo que era la bóveda de la sede bancaria. El delegado de ATE, ingeniero Edgardo Castro, presentó una denuncia penal. El edificio no está habilitado para funcionar porque viola normas sanitarias, de seguridad e higiene y de riesgo y evacuación en incendios. “Tiene un baño para casi 300 personas”, dice Castro, quien trabaja allí y en su momento reveló que “los compañeros administrativos que trabajan en el subsuelo lo hacen en condiciones de insalubridad e inseguridad deplorables. Nuestros reclamos son desoídos por las mismas autoridades que deben controlar la seguridad en las obras”. El episodio de los intoxicados casi no tuvo repercusión en los medios.

Pero todavía faltaba suceder algo muy grave. El delegado de ATE presentó una denuncia en la Defensoría del Pueblo porteña por el escape del monóxido de carbono y las demás irregularidades. Este organismo mandó representantes a verificar los hechos en tres oportunidades (dos en 2012 y una este año) y no se les permitió observar las instalaciones de Bartolomé Mitre 575. La negativa motivó una dura resolución de la Defensoría enviada al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, en la que se le solicitó “impartir las instrucciones pertinentes a fin de que en lo sucesivo las autoridades de las dependencias que conforman el ministerio a su cargo se abstengan de obstaculizar el accionar del personal de esta Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución de la ciudad”.

Las mayores denuncias por irregularidades en obras se producen en los últimos tiempos en las etapas de demolición y excavación. La página oficial de la Uocra tiene una sección que se llama Cuidar la Vida y en ella se pueden leer testimonios de denuncias sobre salud y seguridad laboral. La última que se describe con minucioso detalle es del 24 de julio de este año. En una construcción de la avenida San Martín 5192/96, el gremio constató que “faltan arneses, la protección de aberturas de pisos con cubiertas o barandas, puertas que posean una altura mínima de dos metros y sean resistentes para acceder al montacargas, falta verificar el estado de las máquinas, el programa de seguridad e higiene y el listado de los trabajadores en el programa de seguridad”. Demasiado para una sola obra en construcción.

“Cuando no se puede ahorrar más en los materiales de un edificio, el filón que queda está en las demoliciones y excavaciones. El negocio es el ahorro del tiempo, porque hay que trasladar ida y vuelta maquinaria pesada. En este sentido es clave la resolución 550 de la SRT, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, explica Castro. La historia de los derrumbes producidos en la Ciudad de Buenos Aires avala la preocupación del ingeniero inspector.

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