A fines de julio, cuando los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich, familiares y amigos de represores presos por delitos de lesa humanidad cuestionaron la decisión y lamentaron en las redes sociales las previsibles consecuencias que el episodio acarrearía a sus seres queridos. Ayer una decisión del Ministerio de Justicia les dio la razón: el Servicio Penitenciario Federal vació la (ex) Unidad Penal Nº 34 que funcionaba en el interior de Campo de Mayo y trasladó a la cárcel de Marcos Paz a los militares condenados que se alojaban en ese confortable edificio. El motivo: “riesgo grave e inminente” de evasiones, “favorecido por condiciones deficitarias de seguridad”, explicó mediante un comunicado. “Esa prisión vuelve a ser una prisión militar. Las personas que estaban allí darán cumplimiento a sus condenas en cárceles comunes”, dijo Alejandro Marambio, director del SPF.

Construido originalmente como cárcel militar de la mayor guarnición del Ejército en el país, el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas se convirtió tras la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad en alojamiento vip de decenas de militares retirados, acusados de torturas y asesinatos, que eran atendidos allí por subordinados obligados a acatar sus órdenes. A los cuestionamiento formulados originalmente por organismos de derechos humanos se sumó a mediados de 2006 la ministra de Defensa, Nilda Garré, quien reclamó sin suerte a distintos jueces que sacaran de esa unidad a los procesados a disposición de la Justicia.

En diciembre de 2007, cuando el represor de la ESMA Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex de Prefectura, la difusión de fotos del torturador montando a caballo o haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul hizo que unos pocos jueces se replantearan la concesión automática de privilegios, aunque Campo de Mayo siguió siendo un destino aceptado. Garré firmó entonces un convenio con el Ministerio de Justicia y transformó la cárcel que solo pisaban militares en Unidad 34 o Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, bajo la órbita del Servicio Penitenciario: los gendarmes que hacían guardias fueron reemplazados por penitenciarios.

En octubre de 2008, a partir del traslado del dictador Jorge Videla a Campo de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que allí había funcionado uno de los cuatro centros clandestinos que hubo en esa guarnición y que había indicios sobre posibles partos de mujeres cautivas que permanecen desaparecidas. “Es inaceptable la idea de que Campo de Mayo sea una cárcel común, más allá de la custodia a cargo del Servicio Penitenciario”, declaró entonces Luciano Hazán, abogado de Abuelas y actual titular del Programa Verdad y Justicia. Pero nada cambió.

En abril de 2009 fue un director del propio SPF quien advirtió que Campo de Mayo “no resultaría recomendable” para represores con intención de fugarse. Julián Corres, torturador y jefe de guardias de La Escuelita de Bahía Blanca, se había escapado de la delegación local de la Policía Federal y pretendía que lo trasladaran con Videla & cía. Fue el inspector Julio Cepeda, director general de Régimen Correccional del SPF, quien evaluó que el “nivel de seguridad no sería el apropiado” para portadores de semejantes prontuarios. Dos camaristas bahienses minimizaron la advertencia y autorizaron el traslado del Laucha Corres.

La fuga de Olivera y De Marchi logró lo que no pudieron los organismos: que los represores alojados en Campo de Mayo fueran sacados para siempre de un espacio que es sinónimo de Ejército Argentino. La lista incluye a condenados por su actuación en Corrientes (Horacio Losito), Chaco (Jorge Carnero Sabol y Luis Patetta), Bahía Blanca (Norberto Condal y Jorge Masson), Buenos Aires (Alfredo Feito y Enrique Del Pino) e incluso Campo de Mayo (César Fragni, Raúl Harsich o Raúl Martín).

“Los 25 responsables de delitos de lesa humanidad encarcelados en un espacio para 50 pasarán a ser ‘presos comunes’ y a recibir el trato de respeto por sus derechos, pero que corresponde a su status”, indicó el SPF en un comunicado. En una nota al Tribunal Oral Federal Nº 5, a cargo del juicio de la ESMA, el SPF explicó que ordenó el traslado “debido a que no es posible dotar a la estructura edilicia de Campo de Mayo (U34) de las condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”. El edificio “presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa”, explicó Marambio. Agregó que el Departamento de Inteligencia Penitenciaria elaboró “varias hipótesis sobre el desarrollo de dichos eventos” y destacó la “dificultad” de custodiar un centro penitenciario “asentado dentro de un importante complejo del Ejército, motivo principal del déficit de seguridad”. Otro motivo se relaciona con los achaques de los represores. “La composición etaria de dicha población penal requiere de una permanente asistencia en materia de salud”, por lo que hay que cubrir esa situación “principalmente a través de los hospitales militares”, traslados que fueron prohibidos a fines de julio, tras la fuga de De Marchi y Olivera.