Durante cuarenta años, Francisco Franco, el Generalísimo, el Caudillo de España por la Gracia de Dios, sojuzgó al pueblo español mediante una de las más terribles dictaduras del siglo XX. La persecución, la tortura, la cárcel, el asesinato, fueron algunas de las herramientas que utilizó para llevar de nuevo al país a la época de la Inquisición.

Casi cuatro décadas después de la extinción del feroz régimen, esos crímenes de lesa humanidad permanecen a salvo de la investigación y el castigo penal que merecen. Aquí, en nuestro país, debimos soportar también durante muchos años la negación de justicia para las aberraciones que cometió la última dictadura cívico-militar. La impunidad garantizada legalmente, contra la que importantes sectores de nuestro pueblo lucharon con enorme consecuencia, recién fue derrotada con los juicios y las condenas que siguieron a la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 2003.

Antes de eso, sin embargo, muchos argentinos tuvieron la posibilidad de recurrir a los tribunales españoles, y a los de otros países europeos, en procura de la justicia que se les negaba en la propia escena de los crímenes del Terrorismo de Estado. Eso pudo ser así en virtud del principio de justicia universal, consagrado en la Constitución argentina y en el derecho internacional respecto de los crímenes contra la humanidad: sus responsables pueden y deben ser perseguidos por los tribunales de justicia de cualquier país, cualquiera sea el lugar y el tiempo en que los hayan cometido.

La situación es inversa ahora. Son las víctimas del terror del franquismo las que buscan en nuestros tribunales la justicia que no pueden obtener en los de su país. En efecto, el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante la Justicia argentina con objeto de que se investiguen los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

La causa, que se tramita ante el Juzgado Nacional Federal en lo Correccional y Criminal N°1 de Buenos Aires, fue presentada por familiares de víctimas y asociaciones de derechos humanos argentinas y españolas. A ella se han sumado ya cientos de querellantes y denunciantes particulares y asociaciones culturales, sociales y sindicales. Recientemente, se ha constituido una Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Un grupo de diputados nacionales hemos presentado un proyecto para que el Congreso declare “su enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y a la impunidad de que gozan sus responsables, solidarizándose con las víctimas y apoyando el proceso judicial abierto en nuestro país para investigar los crímenes, promoviendo de esta forma la memoria, la verdad y la justicia”.

Nos motiva, por cierto, la solidaridad concreta con nuestros hermanos españoles que han sido víctimas de la barbarie y con sus familiares. Pero también la conciencia de que es necesario contribuir a la afirmación de ese principio de justicia universal al que aludíamos antes. Cuando un país consagra la impunidad para los criminales que alberga, la persecución internacional puede lograr que el único lugar del mundo en que ellos puedan refugiarse sea el que ha sido teatro de sus terribles acciones. Hasta que tampoco eso sea posible. Ya sucedió en la Argentina.

* Diputado nacional, Confederación Socialista FpV.