La Justicia penal citó a declaración indagatoria, por la represión en el Hospital Borda, al ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín; al jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, y a un destacado integrante de la fuerza de choque que ese día disparó contra civiles indefensos, pacientes, periodistas y diputados, el comisionado Martín Jorge Roth. Así lo confirmaron a Página/12 dos fuentes judiciales vinculadas con esa causa. Los tres están imputados por los delitos de abuso de autoridad, requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública y desobediencia a una orden judicial, todos en concurso real.

La citación a indagatoria fue firmada por el titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 30, a cargo de Jorge Adolfo López. En su tribunal se unificaron las distintas denuncias realizadas tras la represión en el Borda, ocurrida el 26 de abril último. Ese día, efectivos de la Metropolitana fuertemente pertrechados fueron convocados en apoyo de un grupo de operarios de una empresa constructora que procedió a la demolición del Taller Protegido 19, dentro del hospital, donde los pacientes realizaban tareas de rehabilitación.

La presencia policial había sido convocada por el ministro Chaín, autor intelectual del proyecto para construir un Centro Cívico en terrenos del Borda, obra que requería de la destrucción del taller protegido.

Pese a que fue sorpresiva y violatoria de una orden judicial, la demolición fue resistida espontáneamente por trabajadores, pacientes, familiares, profesionales y militantes sociales. Sin distinción, fueron reprimidos con balas de goma disparadas a quemarropa. El saldo fue de más de 50 heridos, entre ellos cuatro pacientes. Según el director del hospital, otros 14 pacientes resultaron afectados por el violento operativo.

De acuerdo con testimonios de legisladores, el ministro Daniel Chaín mantenía una comunicación permanente con el jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, presente en el lugar de los hechos. Los diputados concurrieron al Borda para hablar con el jefe de la fuerza, máxima autoridad del operativo en el lugar, en un intento por detener la represión.

Chaín y Giménez fueron citados a indagatoria, lo mismo que el jefe de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), comisionado Martín Jorge Roth, uno de los pocos que actuó al frente de los tiradores a cara descubierta.

Tras ordenar las indagatorias, el juez López giró el expediente al fiscal Eduardo Cubría, quien interviene en esta causa. López es el mismo juez que en un expediente paralelo, derivado de los mismos hechos, tomó indagatoria a cinco trabajadores a los que acusa de resistencia a la autoridad, por las heridas que sufrieron los policías (ver recuadro).

La denuncia

Numerosas denuncias contra los potenciales responsables de la represión fueron formuladas en distintas sedes judiciales. Los cargos: abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad. Alcanzaron en ese momento al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a los ministros Chaín y Guillermo Montenegro, de Seguridad y Justicia, y al jefe y subjefe de la Metropolitana, el mencionado Giménez y Ricardo Pedace. Luego se sumó a la lista a la ministra de Salud, Graciela Gybaud, quien no tomó prevenciones para proteger a los pacientes psiquiátricos de un operativo de esa magnitud.

Los denunciantes fueron el defensor adjunto de la Justicia penal porteña, Luis Duacastella, y el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, en representación de los cuatro pacientes del neuropsiquiátrico heridos por policías de la Metropolitana, uno de ellos con veintiún impactos de balas de goma por la espalda, según comprobó un informe médico. A esas denuncias se sumaron el legislador Fabio Basteiro, lesionado por impactos de balas de goma, María José Lubertino y Alejandro Bodart.

Ninguno de los denunciantes es querellante en la causa. Algunos, como la defensoría oficial, por una cuestión de principios, ya que “a una defensa pública no le corresponde ser acusadora”, aseguraron a este diario fuentes de ese organismo.

La desobediencia

La ambición macrista sobre los terrenos del Borda es tan antigua como su gestión. A comienzos de 2008, en los primeros meses de gobierno del PRO, Chaín presentó un proyecto de corredor verde del sur, que incluía ese espacio, y Macri hizo pública otra iniciativa para cerrar los hospitales Borda y Moyano y reemplazarlos por ocho centros de internación. En esos terrenos se planteó la construcción de un Centro Cívico, adonde se trasladarían la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios, pero siempre estuvo latente la sospecha de que el resto del predio sería destinado a un proyecto inmobiliario.

La resistencia de los trabajadores y de la oposición frenó el proyecto de cerrar los hospitales, pero la idea del Centro Cívico resurgió en septiembre de 2011. Hubo un concurso, un llamado a licitación y dos intentos fallidos de desalojo del taller protegido, en agosto de 2012.

Recursos judiciales presentados por los trabajadores, patrocinados por el asesor tutelar, y por legisladores, lograron una medida de amparo para el taller protegido. En medio de esa disputa judicial, y cuando estaba pendiente una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, la gestión macrista ordenó la demolición. De ahí viene la acusación de desobediencia.

Por violar esa resolución, la Cámara les aplicó a Macri, Chaín y al procurador Gerardo Conte Grand multas de 20 mil pesos.

La clandestinidad

La constructora y la fuerza de choque de la Metropolitana entraron subrepticiamente por los fondos del hospital, en la madrugada del 26 de abril. Cuando los trabajadores reaccionaron, el taller ya estaba prácticamente demolido.

En su denuncia, el defensor Duacastella les atribuyó a los funcionarios haber dispuesto el operativo policial de antemano, “a partir de las cinco de la madrugada, con tropas de la División Operaciones Especiales equipadas con fusiles de asalto”. Consideró que la represión se sucedió a lo largo de varias horas, por lo cual cabe suponer que “las autoridades estaban al tanto de los hechos y prestaron conformidad al accionar policial”. Y concluyó que la reacción de los manifestantes obedeció a “una medida ilegal del gobierno”, tras lo cual “fueron reprimidos indiscriminadamente”.

Duacastella, defensor adjunto ante el Fuero Penal, presentó una denuncia contra el jefe de Gobierno y los ministros involucrados en la represión por su posible participación en los delitos de “abuso de autoridad”, “requerimiento ilegal de auxilio de la fuerza pública”, “desobediencia”, todos en concurso real con “lesiones” y “privación ilegítima de la libertad”. Al acusarlos de “abuso de autoridad”, el defensor estimó que Macri y Montenegro violaron las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad, que dispone “evitar el uso de la fuerza para dispersar reuniones ilícitas, pero no violentas”, y “el uso de armas de fuego para dispersar reuniones violentas”.

La policía abandonó el predio esa misma tarde. Dejó un tendal de heridos, pacientes con traumas y escombros, que aún hoy son testigos mudos de una inédita incursión violenta del Estado en un hospital neuropsiquiátrico.