En el tramo final del juicio oral y público por el escándalo del pago de cinco millones de pesos en sobornos a senadores justicialistas para la aprobación de la ley de Reforma Laboral en 2000, la Oficina Anticorrupción solicitó una pena de seis años y seis meses de prisión para el ex presidente Fernando de la Rúa. Fue durante el alegato de la querellante OA en este proceso, donde además del ex mandatario hay otros siete acusados. También requirió condenar a seis años y seis meses al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, a cinco años y seis meses a los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell y Remo Costanzo, y pidió un año de prisión en suspenso para el arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. La querella pidió absolver al ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique, y al ex senador Ricardo Branda por no tener evidencias de su participación en el “plan criminal”, según explicó ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 José Ipohorski.

En el caso de De la Rúa, la OA lo consideró “instigador del delito de peculado y cohecho activo agravado”, y además de la pena de prisión pidió su inhabilitación absoluta y perpetua. En tanto, De Santibañes fue considerado “autor” de peculado y cohecho activo agravado. Para los ex senadores Alasino, Tell y Constanzo, al pedido de pena la OA agregó una multa de 90 mil pesos como autores de cohecho pasivo y encubrimiento, a raíz de haber cobrado dinero de los sobornos para dar su voto positivo a la Reforma Laboral el 26 de abril de 2000.

En el caso del “arrepentido” Pontaquarto, se le pidió un año en suspenso y unificar esta pena con una condena anterior por no rendir viáticos, lo que la elevaría a tres años de cárcel en calidad de partícipe necesario del cohecho agravado por haber sido el brazo ejecutor de las maniobras para concretar el pago.

Ipohorski, representante de la OA, reconstruyó los hechos y se basó para su alegato, en primer lugar, en los dichos de los involucrados ante el periodismo, y en la declaración judicial del ex secretario del Senado Mario Pontaquarto. Dijo que su testimonio resulta “creíble, a pesar de que los acusados y sus defensas intentaron deslegitimarlo por corrupto y traidor, no deja de ser un testigo”. El abogado citó jurisprudencia nacional y extranjera para avalar el reconocimiento del testimonio de un arrepentido. Sin embargo, agregó que su admisión en la participación del hecho no lo coloca en un “lugar de elogio, es un corrupto y debe ser sometido a juicio”. Ipohorski destacó que para comprender el caso hay que tener en cuenta que la reforma de la Ley Laboral “era un objetivo para el gobierno de De la Rúa”.

La Oficina Anticorrupción, originaria denunciante, consideró probado que la noche del 26 de abril de 2000 los entonces senadores recibieron su parte del soborno en el departamento del ex senador Emilio Cantarero, quien no es juzgado por razones de salud, adonde poco antes el entonces secretario parlamentario de la Cámara alta había concurrido para dejar 4.300.000 pesos obtenidos de la SIDE. “Quedó demostrado que Pontaquarto estuvo en el departamento de Cantarero”, consideró la OA, y que hubo un “flujo de llamadas” entre los senadores involucrados en la maniobra esa noche. Los restantes 700 mil pesos entregados por la SIDE quedaron, según la acusación, en manos del entonces titular del bloque de la UCR, ya fallecido, José Genoud. “La acusación ha llegado a un nivel de certeza sobre lo ocurrido el 26 de abril de 2000”, aseguró la Oficina sobre todos ellos.

Ipohorski repasó luego la llegada de Pontaquarto ese día a un hotel céntrico con el dinero –lugar donde, según declaró en la instrucción de la causa, lo vio su ex esposa Silvana Costalonga– y luego el retiro de los maletines que lo contenían para ser llevados al departamento de Cantarero por la noche.

El juicio está a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 3 Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, este último reemplazante desde hace meses del anterior integrante de ese tribunal, Gerardo Larrambebere, quien debió tomar licencia por enfermedad. Las audiencias continuarán el martes con el alegato de la fiscalía a cargo de Sabrina Namer.