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La consigna del New York Times es “Todo lo que merezca ser impreso”. En la Argentina una sola firma podría tener un lema parecido: “Todo merece ser impreso”. Es Ciccone Calcográfica, que imprime desde carteles electorales a entradas de fútbol pero estos días pone todas sus fichas en un negocio: conservar una participación decisiva en el mercado de los documentos de identidad. Los hermanos Ciccone son gente de fe. Confían en que el Gobierno compre un gran programa de base de datos para los documentos cuando la verdad es que ya lo compró. Y lo compró a Ciccone.
Al ministro del Interior, Aníbal Fernández, le toca una tarea monstruosa. Si quiere cumplir su promesa pública de abaratar los documentos no tendrá solo que revisar el sistema del Documento Nacional de Identidad. También el de cédulas y pasaportes. En los dos juega la famosa base de datos de la que Fernández ya habló las últimas semanas. Fernández confesó a funcionarios del Gobierno que intentará no duplicar costos usando bases de datos paralelas.
Advertencia para lectores que piratean programas y fanáticos de Internet:
- Un programa de base de datos para el Estado nacional es algo más grande que el Excel.
- Un programa así puede costar millones de dólares.
- Un programa de millones de dólares no se baja tecleando “download” en la PC de casa.
- No es lo mismo la base de datos (que es un programa y un sistema entero) que la alimentación de la base de datos con información.
- En el país no hay ninguna base de datos eficaz y accesible que abarque a toda la población, o sea que si escuchan algo así piensen que se trata de un verso para principiantes.
Todos los intentos de establecer una base de datos única con posibilidad de emisión conjunta de pasaportes y cédulas, por un lado, y DNI, por otro, siempre fueron abortado por el lobby de los Ciccone y sus socios. Así fracasó el intento del ministro del Interior Julio Mera Figueroa, con un precio mucho menor que el que posteriormente ofrecieron y ganaron los Ciccone. También fracasó la reformulación que llevó adelante Gastón Ortiz Maldonado durante el gobierno de la Alianza. Quería una sola base de datos para abaratar costos. En su momento, Rodolfo Galimberti, lobbyista de Nicolás Ciccone y Pablo Amato, avanzó y consiguió neutralizar a Ortiz Maldonado mediante sus contactos con el entorno de De la Rúa y el Grupo Sushi.
¿Qué es lo que el Estado ya tiene? Tiene un sistema que abarca varios pasos.
Cuando uno va a la Policía Federal, sea por las buenas o por las malas, da sus datos. Esos son los datos fijos. También hace lo que hace muchos años se llamaba “tocar el pianito”, es decir llenarse los dedos de tinta y poner las diez yemas sobre un papel con diez casilleros. A los datos y las huellas se suma la foto. Esa información siempre se archivó. Pero no siempre fue fácilmente accesible. Las cosas fueron mejorando con el desarrollo informático.
Lo que logra que esa ensalada de datos dispersos sea un conjunto operable es el AFIS, sigla inglesa de Sistema Automático de Identificación por medio de huellas dactilares, habitualmente operado en la Argentina por el modelo R-6000 de IBM.
Pero el AFIS no permite acceder a todos los datos guardados alguna vez por una dependencia oficial en la Argentina sino solo a los pasaportes o cédulas sacados con la nueva tecnología. Los expertos calculan que, en total, el AFIS servirá inicialmente para identificar y hacer accesibles los datos de alrededor de 1.700.000 personas. Pensar que en la Argentina hay datos accesibles y homogéneos sobre toda la población es un disparate. Habría que ser Estados Unidos para que el sueño de Orwell fuese posible. Y aun allí es factible no por el FBI, como suele pensarse, sino por la gran cantera de datos que es el registro de conductor, verdadero documento unificador porque hallar un mayor de 18 sin auto es tan difícil como una familia sin hamburguesas.
Imaginar que cruzar datos entre la DGI y la Policía Federal es algo sencillo y posible –si es deseable, sería materia de una discusión aparte– también suena a delirio.
El proceso es lento. El pliego original para los sistemas de pasaporte y cédula preveía una instalación total en nueve años, con carga inicial de dos millones de fichas dactilares de los diez dedos en el primer año y una capacidad inicial de instalar otras cinco millones de fichas. La carga diaria sería de ocho mil fichas.
En cambio no es un delirio mejorar el sistema de almacenamiento y búsqueda de datos de la Policía Federal. El Estado nacional no tiene que buscar esa base de datos en el mercado porque ya la tiene. La pagó a Ciccone. Y como ya la tiene y la pagó, los nuevos documentos podrían ser extraordinariamente baratos. Una cédula quizás no costaría más de dos dólares, o tal vez algo más por el prorrateo de los gastos de mantenimiento.
El primer contrato entre Ciccone y la Policía Federal se firmó el 4 de septiembre de 1995 entre el comisario general Agustín Vecchio y el directivo Roberto José Molina. Acordaba proveer un sistema de impresión y distribución de pasaportes y cédulas que incluiría “el diseño, desarrollo e implementación del software necesario para el sistema informático a utilizar”, “máximos niveles de seguridad y confiabilidad”, la “provisión, instalación y puesta en marcha de todos los equipamientos, sistemas y procedimientos necesarios para implementar el Sistema de Impresión y Control de Pasaportes y Cédulas de Identidad” y la “capacitación al personal de los organismos, en cuanto al manejo y operación del nuevo sistema”.
La base de datos está implícita en el contrato. Sin ella sería imposible cumplir con el compromiso de los “equipamientos, sistemas y procedimientos necesarios”.
A su vez, no hay “máximos niveles de confiabilidad” sin las huellas digitales.
Decir esas dos cosas y decir base de datos, o AFIS, es lo mismo.
El pliego de licitación que ganó Ciccone indicaba que el sistema debería “tener la flexibilidad para permitir enviar información para la creación y mantenimiento de una base de datos, a ser definida e implementada por la Policía Federal Argentina en su propio equipamiento, de modo de mantener actualizados y accesibles los datos necesarios para el control de los documentos”. También exigía que ese sistema fuese “compatible con sistemas de manejo automático de huellas digitales (AFIS) a ser instalados en el futuro”.
En otra parte una exigencia era “digitalizar mediante scanner la firma y huella digital del solicitante para incorporarlo al sistema”. Una conclusión obvia: eso solo se puede hacer si antes se definió el sistema.
El contrato preveía un “sistema de captura de la información”. Ese sistema ya está provisto y funcionando. El Estado lo tiene.
Quien dude hoy sobre las condiciones de la licitación puede revisar los anexos con mayor detalle. Conviene usar un segundo de paciencia –es más corto que esperar el documento en la policía– y detenerse en el párrafo que contiene el objetivo global del primer anexo: “Determinar las características técnicas, las prestaciones y los plazos de ejecución correspondientes a la instalación de un Sistema de Identificación Automática de Huellas Dactilares (AFIS), de un Sistema de Indice Generalde Antecedentes totalmente informatizado incluyendo una base de datos única, en el área de la Superintendencia de Policía Científica, destinada a generar un sistema integrado de producción de pasaportes y cédulas de identidad y, al mismo tiempo, proveer una capacidad instalada que pueda ser utilizada en la investigación criminal y en la identificación de personas”.
La definición del sistema necesario es de un notable tono didáctico. Dice textualmente que debe manejar estos procesos:
- “Guardar en formato informático las fichas decadactilares (base TP, Tenprint)”.
- “Guardar en formato informático las latentes de casos no resueltos (base UL, Unknown Latent)”.
- “Adquisición de nuevas fichas sin duplicación de la información, tanto desde soporte papel o en vivo, o simplemente poder averiguar si una persona ya está en la base de datos (búsqueda TP/TP. Tenprint/Tenprint)”.
- “Al adquirir una ficha decadactilar, buscar si esta persona cometió un crimen sin resolver, o realizar este cotejo sin necesidad de ingresar una ficha en forma permanente al sistema (búsqueda TP/UL, Tenprint/Unknown Latent)”.
- “Al adquirir una nueva latente, buscar si esta latente pertenece a una persona ya conocida, o si esta latente coincide con una huella perteneciente a otro caso, o simplemente obtener el resultado sin ingresar la latente al sistema en forma permanente (búsqueda LT/TP, Latent/Tenprint y búsqueda LT/UL, Latent/Unknown Latent)”.
“Sistema” y “base de datos” no son la misma cosa. Pero en este caso el sistema incluye a la base de datos. Y sin base de datos no hay sistema de identificación.
Cuando el Estado y Ciccone firmaron el primer contrato, en septiembre de 1995, Carlos Menem estrenaba su segundo mandato después de la reelección. Cuando Menem estaba por dejar la Casa Rosada, en 1999, la Policía Federal y Ciccone acordaron una addenda, un agregado al contrato original. Por Ciccone firmó Pablo Jorge Amato. Por la Policía, el comisario general Rodolfo Alberto Gómez Trintinaglia. Amato es yerno de Nicolás Ciccone. Está casado con Beatriz Ciccone, directora de la empresa.
El documento es clave para que el Estado ahorre ahora un dinero por una nueva base de datos, porque establece como ningún otro cómo es el sistema.
Recuerda el texto que en junio de 1999 Ciccone ofreció una propuesta integral, que llama “propuesta de actualización tecnológica”. Consiste en “la provisión e instalación de un Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares (en adelante el AFIS) y la incorporación de la informatización de la División Indice General de la Superintendencia de Policía Científica de la Policía Federal Argentina y la creación de una Base Unica de Datos de dicha Superintendencia”.
Consigna que la Policía evaluó “como conveniente la propuesta de actualización tecnológica, por cuanto la misma comprende la provisión de equipamiento de última generación con su correspondiente mantenimiento, soportes informáticos y licencias, sin cargo alguno para el Estado nacional, en razón de que las mismas serán afrontadas por Ciccone Calcográfica SA”.
Sin cargo quiere decir gratis para el Estado.
Si en 1999 fue gratis, ahora el Estado no tiene por qué pagar.
Para más precisiones, basta leer el anexo VI del agregado de 1999. Menciona el AFIS, la instalación de un sistema de índice general informatizado y la “vinculación automatizada de estos sistemas en una base de datos única y propia de la superintendencia de Policía Científica”. Especifica también que “los sistemas permitirán a su vez integración a la mecánica de producción de pasaportes y cédulas de identidad y, al mismo tiempo, brindará por medio de las condiciones formuladas en la propuestasoluciones informáticas utilizables en la investigación criminal y en la identificación de personas”.
En el último apartado del anexo, el número 10, aparece una base de datos única entre el AFIS y el sistema de emisión y producción de cédulas y pasaportes.
“La puesta en funcionamiento será prevista para el mes de septiembre del año 2000, y deberá resultar técnicamente aceptable.”
Ya van a cumplirse tres años del compromiso y en ningún momento Ciccone recibió una dispensa o un pago mayor por la base de datos. Incluso el 28 de abril último, cuando el presidente Eduardo Duhalde, el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof y el ministro de Justicia Juan José Alvarez autorizaron un aumento de la cédula a 11,70 pesos más IVA y del pasaporte a 86,04 más IVA, siguieron mencionando el contrato como un servicio integral de impresión y distribución y otro como una serie de mejoras tecnológicas para articular el AFIS, la informatización del índice general y la creación de una base única de datos en la Superintendencia de Policía Científica.