El juez Juan José Galeano, peritos designados por la AMIA y la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia son los que, probablemente, busquen en los archivos de la SIDE, las policías Federal y Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura la documentación que pueda echar algo de luz sobre el atentado a la AMIA o, al menos, a la trama de encubrimiento que rodeó la investigación del ataque contra la mutual judía. El gran interrogante es ¿qué se puede encontrar en esos archivos? Algunos esperan dar con un texto revelador, algún elemento que fuerce una confesión o investigaciones que develen contradicciones entre los espías y las fuerzas de seguridad que permitan descubrir nuevas pistas. Todos reconocen también que han pasado nueve años y que lo que no se investigó en los primeros días es difícil que se descubra casi una década después.
“Bastante tiempo después de la dictadura, apareció Adolfo Scilingo y terminó confesando que arrojaban detenidos desde los aviones al Río de la Plata. No perdemos para nada las esperanzas de que encontremos documentación que termine llevándonos a alguien que confirme pistas y sospechas sobre el atentado”, explicó ayer el titular de la AMIA, Abraham Kaul.
El ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifchitz, que acusó al magistrado por encubrimiento y a la SIDE directamente de participar en el ataque, le dijo a este diario que “es posible que haya investigaciones hechas por la Bonaerense y la Federal que se contradigan y que tal vez muestren algún elemento nuevo, por ejemplo, sobre el seguimiento de un iraní más que sospechoso, Khalil Ghatea, que intentó salir del país con un pasaporte falso. La clave está en que todo el material sea estudiado por alguien que conoce la causa judicial y de inmediato pueda distinguir lo que es valioso de lo que no lo es. Yo pienso, por ejemplo, que el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, podría trabajar la documentación con eficiencia”.
Los familiares de las víctimas miran con recelo una eventual ofensiva del juez Galeano para quedarse con los papeles que las fuerzas de seguridad pongan a disposición. Tanto Memoria Activa como Familiares cuestionan al magistrado, consideran que debe ser apartado de la causa y creen que no debe poner sus manos en la documentación que aparezca.
Por supuesto que hay enormes dudas sobre la documentación que van a abrir las fuerzas de seguridad. Desde ya existe la sospecha de que se podrían haber destruido evidencias incómodas. Pero, aun así, es posible que aparezcan papeles en los varios temas esenciales, entre otros:
u Investigación clave de la misma Policía Federal sobre el sirio-libanés Alberto Kanoore Edul, quien una semana antes del atentado llamó por teléfono a Carlos Telleldín, el último poseedor de la Trafic que explotó frente a la AMIA. Ni Kanoore Edul ni Telleldín pudieron explicar nunca la llamada y cada vez aparecen más datos de que en tiempos de Carlos Menem estaba prohibido investigar la pista siria.
u Documentación de la SIDE sobre la pesquisa del atentado, datos para determinar cómo y cuánto se le pagó a Telleldín, el choque entre los investigadores de la SIDE y las furiosas internas entre ellos.
u Investigaciones de la Bonaerense y la Federal sobre el atentado, los negocios turbios de autos y en especial la Trafic usada como coche bomba. La Federal tenía una relación privilegiada con el primer comprador, Alejandro Monjo, y la Bonaerense con el último tenedor, Telleldín.
La apertura de los archivos no se asemeja para nada a una alfombra roja tendida para una caminata triunfal. Más bien se parecerá mucho a buscar una aguja en un pajar, con una alta posibilidad de que la aguja ya la hayan destruido o que por el tiempo transcurrido y la inexistencia de una guía para buscar, el trabajo de encontrarla sea más que difícil.