Por la Comisión provincial por la Memoria *

El reclamo por la apertura de los archivos de las fuerzas armadas y de seguridad ha sido siempre un punto central en la búsqueda de la verdad y la justicia.
La aparición de los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires y su posterior cesión por ley a la Comisión por la Memoria es un hecho de una significación trascendental en ese sentido.
Esos archivos, que aparecieron escondidos detrás de una pared del edificio que hoy es sede de la comisión, son el paisaje donde se gestó la persecución política en nuestro país. En esos archivos, en esas cuatro millones de fojas, se sintetizan las formas más siniestras de espionaje, difamación, control y represión, del estado argentino hacia sus ciudadanos.
En las cuatrocientas mil fichas ordenadas en los viejos armarios de madera hay escrita una historia de infamias.
Para los organismos de derechos humanos y para los Juicios por la Verdad en marcha es particularmente importante la información que allí quedó registrada sobre la época más siniestra de nuestro país, sobre los secuestros, las desapariciones y las apropiaciones de niños.
Pero la investigación en el archivo de la Dirección de Inteligencia ha venido demostrando que esa persecución, con métodos muy similares, se llevó a cabo desde su creación, en el año 1956, hasta que fue cerrado, en el año 1998. Más allá de la ideología política de los gobiernos, más allá de dictaduras y democracias, el aparato de persecución política siguió manejándose con lógicas invariables.
La apertura de un archivo de esta naturaleza representa una responsabilidad y un desafío enormes, que la Comisión por la Memoria está llevando adelante con un equipo de informáticos, antropólogos, conservacionistas, peritos judiciales y abogados.
Porque en esos legajos se esconde junto a los datos que pueden ayudar en la búsqueda de la verdad, la difamación y la calumnia. Por eso la importancia de la catalogación y la definición de parámetros de confidencialidad que respeten la privacidad de los ciudadanos, que ya fue ultrajada por los espías. Por eso también la importancia del trabajo conjunto con historiadores y militantes políticos y sindicales que pongan en contexto la información que allí se encuentra.
La Comisión por la Memoria ha venido colaborando con los jueces y las organizaciones que requirieron información. El juez Juan José Galeano, por ejemplo, recibió hace ya un año cuatro mil fojas solicitadas en el marco de la causa AMIA. Recibimos constantemente en nuestra sede o a través de la Cámara Federal de La Plata solicitudes de información que resolvemos con prontitud. Nuestra intención es, además, poder abrir los archivos definitivamente a toda la comunidad en una etapa próxima.
Mientras tanto, seguimos reclamando que las fuerzas armadas y de seguridad abran sus archivos para la búsqueda de la verdad y la justicia, para reconstruir los períodos más oscuros de nuestra historia. La valiosa experiencia de trabajo en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la policía que alguna vez comandara Ramón Camps nos demuestra que nuestra democracia tiene todavía un largo camino que recorrer para terminar de romper definitivamente los secretos, los silencios y las complicidades.

* Estela Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Sara Derotié, Adelina de Alaye, Alejandro Mosquera, Elisa Carca, Daniel Goldman, Mauricio Tenembaum, Víctor Mendibil, Carlos Sánchez Viamonte, Fabián Salvioli, Elizabet Rivas, Laura Conte, Aldo Etchegoyen, Luis Lima.