Desde hoy el Ferrocarril Sarmiento será operado integralmente por el Estado. El Gobierno desplazó a los operadores privados y reestatizó el ramal. La decisión se tomó cinco días después de un nuevo accidente en la terminal de Once. El Ministerio de Interior y Transporte detectó que la Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento (UGO-MS), la empresa que comparten Emepa-Ferrovías y Roggio-Metrovías, no realizaba todos los exámenes psicofísicos obligatorios requeridos a los conductores antes de tomar servicio. Con ese argumento, determinó rescindirles el contrato que se había firmado un año atrás para operar los trenes, después de la tragedia donde murieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. La estatal Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) será la encargada de correr los servicios. La ejecución de todas las inversiones en vías, señales, talleres, material rodante y estaciones quedarán a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La medida alcanza solamente al Sarmiento. El resto de los ramales metropolitanos continuarán, por ahora, bajo la administración de las mismas dos empresas que ayer fueron desplazadas. El ministro Florencio Randazzo anunció también nuevas medidas de seguridad para todos los trenes, como la reducción hasta cinco kilómetros por hora en la velocidad de ingreso a las terminales y la obligación de que el guarda acompañe en la cabina al motorman desde la penúltima estación (ver aparte).

Después de más de dos décadas de abandono de la política ferroviaria donde se convalidaron las estructuras de poder empresarias y sindicales, el Estado decidió ayer volver a hacerse cargo del ramal que conecta el oeste del conurbano bonaerense con el centro porteño. El Sarmiento fue privatizado en 1995 y quedó en manos de Trenes de Buenos Aires (TBA), del Grupo Cirigliano, que también se apropió del ramal Mitre. La tragedia de Once, junto con los sucesivos incumplimientos en materia de inversión y mantenimiento y la deficiente calidad del servicio llevaron al Estado a determinar la rescisión del contrato de concesión de TBA. Desde el año pasado, los servicios pasaron a ser gerenciados (ya no concesionados) por una unidad de gestión conformada por los grupos Emepa y Roggio. Esas firmas operaban por cuenta y orden del Estado, que corría no sólo con los subsidios, sino también con el pago de salarios y el financiamiento de las inversiones encaradas desde mediados del año pasado.

El nuevo esquema de operadores privados no funcionó para la línea Sarmiento y el Estado decidió retomar el control del ramal. El accidente del sábado pasado y el “hallazgo” de que, cuando alegaban la existencia de un “acuerdo gremial”, algunos conductores no eran sometidos a todos los exámenes establecidos (sólo se realizaban el test de alcholemia pero no el de atención) fueron la causante para quitarle a la UGO-MS la operatoria del Sarmiento. Junto con las irregularidades en los controles psicofísicos, Interior y Transporte también encontró que no estaban siendo aplicados los nuevos protocolos de comunicación entre la torre de control y las formaciones. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte será la encargada de determinar las multas que les corresponden a Emepa y Roggio.

“En el Sarmiento hay un problema político. Desde ahora el responsable es el Ministerio del Interior y Transporte. Si me va mal, me tendré que ir”, afirmó Randazzo antes de retirarse de la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada. La medida anunciada por el funcionario alcanzó solamente al Sarmiento, ya que “es la línea que nos trajo más problemas y los más trágicos”.

La Sofse, una empresa creada en 2008 en el marco de la Ley de Reordenamiento Ferroviario, se hará cargo desde hoy de la operatoria. Hasta ahora la empresa estaba encargada de trayectos menores en el interior del país, como el ramal Lincoln-Realicó y el Tren de la Costa. A partir de agosto, la empresa administra y controla todos los contratos con los privados para la operación del sistema metropolitano. Con esas atribuciones empezará a operar el Sarmiento. La Adif, por su parte, deberá finalizar todas las obras que estaban en manos de la Ugoms.

Desde el equipo del funcionario afirman que el Estado cuenta con las capacidades para operar un ramal como el Sarmiento, pero reconocen que, por ahora, tienen limitaciones para hacerse cargo del resto del sistema ferroviario de pasajeros. Por eso, a pesar de las irregularidades detectadas en los controles que se realizan en Castelar, el resto de las líneas –Mitre, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Urquiza y Belgrano Norte– seguirán siendo operadas por las mismas dos empresas: Emepa-Ferrovías, de Gabriel Romero, y Metrovías-BRT, de Aldo Roggio. Ayer, Randazzo lanzó nuevamente una advertencia para ambas empresas: “Si no cumplen con sus obligaciones en materia de obras y controles, no nos va a temblar el pulso para rescindir los contratos”, sostuvo sin ocultar su malestar.

La reestatización de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros es una bandera que los sindicatos, que acompañaron el proceso de privatizaciones, volvieron a levantar en los últimos años. Junto con la nacionalización, los gremios –La Fraternidad y Unión Ferroviaria– proponían formar parte de la gestión del sistema. La medida no fue adelantada a los dirigentes sindicales con quienes Randazzo mantiene una relación tirante, pero desde su equipo anticiparon que en las próximas semanas el funcionario se reunirá con los gremialistas. “Convoco a los trabajadores a comprometerse”, sostuvo Randazzo.

“Decir que estamos haciendo maquillaje es una falta de respeto total. Los trenes frenan, sin frenos no arrancan. Todavía no tenemos el servicio que se merecen los usuarios, pero estamos haciendo las inversiones necesarias para mejorar”, sostuvo el ministro del Interior y Transporte.

Durante la extensa conferencia en la Casa Rosada, el funcionario aclaró que la presidenta Cristina Fernández no fue consultada al momento de tomar la decisión, ya que la mandataria continúa en reposo. “Estoy seguro de que ella me hubiera indicado seguir ese camino”, afirmó Randazzo. La medida se oficializará hoy en el Boletín Oficial a través de una resolución de Interior y Transporte firmada por el ministro. Ese texto no requiere las iniciales de CFK ni de ningún otro miembro del Gobierno.