Al final de cuentas, lo dijo la Corte, no era una cuestión de libertad de expresión sino de plata. De la lectura del fallo –la que puede hacer este periodista no avezado en cuestiones legales y a la espera de que los expertos digan lo propio– lo que se desprende es que la resistencia del Grupo Clarín en acatar la ley no es justamente para proteger la libertad de expresión, sino para defender sus intereses económicos parapetándose en un relato (... precisamente ese concepto tan usado en sus medios y por sus voceros periodísticos) mediático y legal. “La información no es una mercancía”, sostiene en su fallo el juez Zaffaroni, quien también calificó de “suicidio cultural” la eventualidad de que el Estado no ejerza la potestad de establecer límites a la acción de los grupos privados en el campo de la comunicación. Y eso es precisamente lo que Clarín no acepta. Para el grupo que ostenta la “posición dominante” del mercado audiovisual la libertad de expresión sólo se puede garantizar con poder económico. Lo dijeron sus abogados en la audiencia pública y lo refutó la Corte ahora en el fallo.

Por esta vez, al menos, la sensatez que debería ser siempre la base de la Justicia, les ganó a los lobbies, a las presiones y al poder económico. Nadie está pensando, sin embargo, que es la última batalla. El Grupo Clarín ya advirtió en su comunicado que “continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas”. Nadie piensa que se van a dar por vencidos... apenas por un fallo de la Corte Suprema. A pesar de ello el relato permanece intacto: el grupo dice que “se encuentra ajustado a derecho y que respeta las decisiones judiciales”. Y, con la misma impunidad, vuelve a presentarse como abanderado de la “independencia periodística”, la “libertad de expresión” y la “democracia”. Es el relato.

Ganó la democracia. Y no es una frase hecha. Porque la LSCA no es sólo una victoria del gobierno que encabeza Cristina Fernández, sino un logro de toda la sociedad argentina que sigue creyendo en la posibilidad de más derechos, de más justicia y de más libertad. El fallo de la Corte Suprema echa por tierra de manera categórica todos los argumentos del Grupo Clarín. Esto dicho a pesar de las disidencias parciales de la minoría y de la oposición cerrada del juez Fayt.

Ganó también la política. Porque la LSCA –probablemente la norma más debatida en muchos años– ha sido el resultado de la construcción política conjunta del Gobierno y de muchos sectores encabezados por la Coalición por una Comunicación Democrática, pero representando a un amplio espectro de la política, de la cultura, de la sociedad, de los derechos humanos. La LSCA es una ley de la democracia y para actuar como pilar de la democracia. Perdieron las corporaciones y los poderes fácticos.

El fallo de la Corte tiene además valor más allá de las fronteras. Es importante para muchos países de América latina que, enfrentados a luchas similares, tenían sus ojos puestos en esta contienda. También por eso Clarín movilizó en forma permanente sus influencias en la SIP y en la AIR pidiendo auxilio a sus aliados regionales. Y recurrirá ahora a los organismos internacionales. Pero está claro que el fallo, que se celebró anoche ante el Congreso, se festeja hoy de la misma manera en otros lugares del continente.

¿Cambiará todo inmediatamente? Seguramente no. Porque habrá nuevas chicanas, dificultades, trabas administrativas y judiciales para impedir la aplicación plena de la ley. Pero se ha sorteado un gran obstáculo. Queda ahora una inmensa tarea. En principio para el Gobierno: aplicar la ley en su integralidad y en su totalidad. Tomando en cuenta también los principios señalados por la Corte en materia de subsidios y de publicidad oficial, de medios públicos y sobre la independencia de la autoridad de aplicación. Hacerlo será la única demostración patente de que todo no ha quedado reducido apenas a una disputa con el Grupo Clarín, sino que existe una voluntad legítima, que se traduce en decisiones operativas y de gestión, de convertir esta norma legal en la base de más democracia. En este sentido la pelota ahora está puesta en la cancha del Gobierno. El camino –por lo menos en gran medida– está despejado.

Pero la nueva situación no deja tampoco al margen a las organizaciones, los grupos, los movimientos, las facultades de comunicación, docentes, estudiantes, intelectuales y tantas personas que hicieron de su militancia en favor de la ley y de su puesta en vigencia una consigna permanente. Ese espacio que se abrió y que bien podría denominarse de ciudadanía comunicacional, tiene que continuar vigente, activo y creciendo, para convertirse –al margen de cualquier vicisitud– en legítimo garante del ejercicio efectivo del derecho a la comunicación. Porque como en tantos otros espacios, más allá de la batalla ganada, esto recién empieza.