Es grato y adecuado que se publique esta nota justo el día en que se conmemora la primera elección de la recuperación democrática. La decisión de la Corte Suprema declarando la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) completa un salto de calidad de las instituciones democráticas. La norma recorrió un periplo ejemplar por los tres poderes del Estado, connotada por un intenso debate público. La sentencia es la única que podía dictarse con apego a derecho pero el peso de los poderes fácticos convierte lo que debió ser normal (y más breve) en una suerte de proeza.

El fallo es por demás voluminoso, esta nota lo sobrevuela sin dejar de enumerar los puntos más salientes. Se hace para leerlo con la dedicación necesaria. También para centrarse en sus consecuencias políticas y sistémicas.

Seis cortesanos se expidieron en general por la constitucionalidad de la ley. Cuatro de ellos le reconocieron validez en forma absoluta y sin limitación alguna: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Eugenio Raúl Zaffaroni. Dos matizaron la decisión concediendo diferentes changüís en tiempo al multimedios: Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda. Carlos Fayt se distinguió sancionando la inconstitucionalidad total de los artículos cuestionados, yendo aún más allá del impresentable fallo de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial.

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Un punteo de lo esencial: Va un punteo de algunos de los aspectos más salientes:

- El Estado tiene derecho a regular la actividad económica y el régimen de concesión de los medios audiovisuales lo que incluye modificarlos eventualmente aunque...

- ... el Poder Judicial puede revisar esas medidas, ya que es su función velar por la libertad de expresión y controlar que las regulaciones no la vulneren.

- En este caso, no existe tal vulneración. La ley no agrede las libertades constitucionales. Excede la competencia de los jueces expedirse sobre si una norma es buena, mala, obsoleta, formidable o poco feliz. Sería abusar de su poder e invadir la esfera del Congreso. Su límite y su territorio es la constitucionalidad.

- La rentabilidad de una empresa no equivale a su sustentabilidad, responde la Corte a una falacia fundante de los abogados clarinistas.

Los límites a una concesión pueden generar un perjuicio económico pero esto no equivale a una quiebra, automáticamente. Si fuera injusto, es compensable por vía de indemnizaciones ulteriores pero no basta para decretar la nulidad de una norma lícita. Los Supremos castigan fiero a la pericia económica de parte que presentó el grupo, tildándola de “dogmática”. Copiar y pegar ese dictamen fue el penoso aporte jurídico de la Cámara, tan hospitalaria con los reclamos de Clarín.

En síntesis: una medida que perjudique las finanzas de una empresa no equivale a una ilegal confiscación. Ni, mucho menos, a un atentado contra la libertad de expresión.

- Los jueces citan nutridos precedentes de derecho internacional, de jurisprudencia local o foránea y de legislación. Petracchi fue quien más se explayó pero todos consignaron ejemplos en la experiencia comparada. Cuando la Corte fulminó como inconstitucional parte de la ley de Reforma del Consejo de la Magistratura aludió críticamente a la falta de precedentes de la medida. En este caso es diferente, reconoció con coherencia.

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Dos disidencias parciales y una furibunda: Argibay Molina y Maqueda matizaron sus votos otorgando plazos generosos de desinversión a Clarín (ver nota central). Las divergencias son importantes. Al ser minoritarias, no causan efecto alguno.

Será interesante saber cómo se ingenió Lorenzetti, presidente del tribunal y operador de los debates internos, para lograr que hicieran mayoría en lo fundante. Tantos votos personalizados corroboran que fue complejo articular consensos. También pudo incidir el afán de los magistrados de dejar sus “marcas personales” en un fallo histórico.

Fayt se entusiasmó extendiendo la inconstitucionalidad a todo lo que estaba sometido a su juicio. El Supremo más longevo salió furioso del tribunal, sin dialogar con los periodistas. Los hechos, que son sagrados, lo dejaron sin ganas de emitir opiniones, que son libres. Quizás ni Clarín le pedía tanto, don Carlos.

El pleito, es consabido, atravesó muchas peripecias. La Corte fue transigente con las chicanas y medidas cautelares de Clarín, al extremo de posibilitarle una duración vaticana al litigio. En las idas y venidas del tribunal, las decisiones intermedias más severas con el grupo fueron adoptadas usualmente por mayoría de cuatro: Highton, Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni. Ayer hubo un relevo en el cuarteto: entró Petracchi por Maqueda. Este es un cortesano “old fashion”: de aquellos que provienen de una intensa participación en la política partidaria. Maqueda supo ser, durante años, el Supremo que votó con las mayorías en más juicios. Ahora cambió, habrá que ver andando el tiempo si el reverdecer del peronismo federal tiene que ver con ese viraje o si es mera coincidencia.

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Palabras para el vencido: La parte resolutiva y los argumentos que la fundan (“considerandos” en parla técnica) son el contenido cabal de un fallo. A veces, los juzgadores agregan lo que llama en jerga obiter dictum, que son enunciaciones generales. Son pensamientos de los jueces, buenos deseos, pareceres. La Corte lo hace esta vez, en un estilo que le agrada a su titular: ser admonitorio y didáctico respecto de los otros poderes del Estado. En este caso, son reprimendas al Ejecutivo, teorizaciones sobre el sistema de medios, hipótesis sobre el manejo de la pauta publicitaria oficial y la estructura de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Carecen de “imperium”, da toda la impresión que fungen de edulcorante del mal trago que debe apurar Clarín.

Con las relatividades del caso, es sensato aventurar que en el tiempo áspero que vendrá, Clarín las aludirá para trabar el trámite de “desinversión”. Lo que viene no ha de ser breve ni carente de trabas arteras, está cantado. La cancha será administrativa, Clarín la embarrará mientras pueda. El comunicólogo Martín Becerra alerta con ingenio en su Twitter @aracalacana que Clarín perdió la guerra pero pasará al foquismo o a la guerra de guerrillas. El terrorismo, verbal se comprende, lo viene ejercitando desde hace cuatro años.

La Corte decidió contra la ambición desmedida del multimedios y le impuso las costas del juicio. Sin embargo, no lo sancionó (como permite el Código) por su mala fe procesal. Y fue más severa “de boquilla” con el Estado que con quien perdió. Tanto que el jurista Gustavo Arballo imaginó un título “a lo Barcelona” en un tan veloz como aconsejable post de su blog “Saber derecho”: “Con fuertes críticas al Gobierno, la Corte declaró la constitucionalidad de la ley de medios”.

Vale la pena remachar: las digresiones críticas, los obiter dictum son ornamentos de la decisión mientras que la constitucionalidad es cosa juzgada.

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El futuro y lo acumulado: De nuevo, todo indica que la brega administrativa será a cara de perro y para nada sencilla. Los funcionarios concernidos deberán mantenerse serenos y firmes. Al mismo tiempo, recobra vigencia un desafío para el Gobierno. Es dedicar mejores afanes a todo el “espacio extra Clarín” que habilitó la LdSCA. Faltan regulaciones, faltan medidas concretas para el sector sin fines de lucro, faltan mayores incentivos a los medios comunitarios. Fortalecido por el fallo, el Gobierno deberá ponerse al día, con medidas que pudo y debió implementar antes.

En el contexto abierto ahora, con dos años de mandato presidencial por delante, crecen la significación y el potencial de las mayorías propias en el Congreso.

“Ganó el Gobierno” braman o hasta denuncian los medios hegemónicos y los dirigentes políticos que le hacen de comparsa. La carátula del expediente y la realidad expresan que quien defendía derechos colectivos es el Estado. Perdieron los poderes fácticos, la concentración económica.

También triunfaron luchadores de larga trayectoria, que batallan desde hace treinta años o más. Minorías militantes (con perdón de la palabra), académicos, comunicadores, periodistas. Una de las virtudes del kirchnerismo fue hacer propias esas demandas de minorías, transformarlas en propuestas de Estado, en sentido común, en leyes, en instituciones. La ley de medios se acollara con la Corte misma, las leyes contra la impunidad, los juicios contra los genocidas, la Asignación Universal por Hijo, las reestatizaciones del sistema jubilatorio e YPF, el matrimonio igualitario y siguen las firmas. Amén de tantas leyes laborales y sociales reparadoras o restauradoras de derechos. Ya es parte del acervo democrático colectivo.

La LdSCA es un ejemplo que ha cundido en países hermanos de la región. Es tan deseable cuan factible que dentro de unos años integre la lógica institucional de muchas naciones.

Queda mucho por hacer, incluyendo deudas pendientes del Gobierno que se pueden ir saldando ya. Ayer comenzó un ciclo, o más bien se confirmó. La respuesta de los intereses concentrados será tremenda, pero sus alegatos contra la dictadura, los Ceausescu, “el régimen”, “la ley de medios K” recibieron un golpe de knock out. La Corte lo propinó, en buena ley.

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