Un grupo de diputados nacionales alineados con el macrismo solicitó a la Corte Suprema de Justicia la “suspensión de la sentencia”, dictada por la propia Corte, que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “hasta tanto no estén garantizados el cumplimiento de la libertad de expresión y de prensa”. El jefe de bloque de los diputados PRO en la Cámara baja, Federico Pinedo, insistió ante Página/12 que el escrito recoge las sugerencias del máximo tribunal sobre “la independencia de la Afsca, la transparencia en la publicidad oficial y la apertura de los medios públicos”, y que en caso de que “la Corte no acuerde en eso” recurrirán a “otras vías judiciales” para hacer el mismo reclamo. Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la presentación de los legisladores opositores es “un dislate procesal” y de una “temeridad absoluta” contra uno de los poderes del Estado.

“Venimos a solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por Vuestras Excelencias como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional”, sostuvo el escrito presentado por un empleado del Congreso en mesa de entradas de la Corte Suprema y que firmaron los diputados del interbloque macrista Federico Pinedo, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González (PRO); Patricia Bullrich (Unión Por Todos) y Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza).

Los legisladores opositores también reclamaron –tomando “los considerandos” del propio fallo– que “se verifique la acción del Estado como ‘garante de la libertad de expresión’, que garantice que ‘por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas’”.

La presentación judicial también embiste contra la conformación de la autoridad de aplicación: “La Afsca es partidaria”, dice en uno de los subtítulos del escrito para luego afirmar que “el presidente, Martín Sabbatella, no es un profesional con calificación en materia de comunicación social”. Dedica otro largo capítulo a “los números de la publicidad oficial”, justifican su “intervención” en la causa como diputados que “comparten” la opinión de la Corte de que “el Estado debe garantizar la libertad de expresión” –que el fallo de los supremos afirma que no está afectada– y sostienen su “legitimación judicial” en que son “legisladores pertenecientes a las minorías parlamentarias, reconocidas en la Ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Nuestro argumento jurídico es que compartimos la opinión de la Corte en que el Estado debe garantizar la libertad de expresión, con tres ejes: la independencia de la Afsca, que Sabbatella no tiene, la transparencia en la publicidad oficial y la apertura de los medios públicos”, afirmó Pinedo a este diario.

–¿No se mezclan las cosas? La presentación cuestiona temas que no están vinculados con la Afsca ni con la constitucionalidad de la ley dictada por la Corte –preguntó Página/12.

–Consideramos que también son objetivos de la ley. Si la Corte no acuerda con eso y nos dice otra cosa, iremos por otro lado y buscaremos una vía judicial alternativa. Nuestro compromiso es con el deber –contestó Pinedo.

De todas maneras, el jefe de la bancada PRO volvió a la carga contra Sabbatella al que consideró como “no idóneo”, pero prefirió no opinar sobre las condiciones que reuniría Marcelo Stubrin, el director de la autoridad de aplicación designado por la UCR como segunda minoría parlamentaria. El escrito, en tanto, plantea que la Comisión Bicameral (parlamentaria) de Seguimiento de la Ley no se ha vuelto a reunir para tratar la impugnación de Alejandro Pereyra como “representante de la segunda minoría parlamentaria” (FAP), pero omite los argumentos esgrimidos por los organismos que los impugnaron: lo acusan de “falsear” su currículum cuando se presentó en un concurso del Comfer durante el gobierno de la Alianza y de “incompatibilidad” para ejercer esa función por ser abogado de empresas de comunicación.

“Son fuegos artificiales, es un dislate y no tiene legitimación procesal sobre cosa juzgada. Quienes presentan el escrito no han sido parte del proceso, ni siquiera actuaron como amicus curiae”, respondió Barcesat ante la consulta de Página/12 sobre la posibilidad de que la presentación judicial pudiera avanzar. El constitucionalista lo consideró además de una “temeridad absoluta: le dicen a la Corte Suprema que suspenda su fallo porque se han equivocado”. “Se trata de un estropicio constitucional que es pasible de ser sancionado –agregó Barcesat–, que tratándose de letrados es más gravoso. Como establece el Código Civil, a mayor grado de conocimiento mayor grado de responsabilidad.”