El juez Pablo Mántaras levantó la cautelar que mantenía la tarifa del subte a 2,50. Sin embargo, los viajes no aumentarán de inmediato a 3,50. El magistrado le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que, previo a poder subir el precio, debe implementar una tarifa social del subte. La empresa estatal de subtes Sbase trabajaba desde ayer contra reloj para presentarlo lo antes posible. Luego deberá publicarlo en el Boletín Oficial y, ahí sí, el subte aumentará a 3,50 pesos. El legislador del MST, Alejandro Bodart, quien presentó el amparo original, consideró que “sería escandaloso permitir el aumento y encima subsidiar a Metrovías”, dado que el Presupuesto 2014 incluye 980 millones en subsidios a la empresa del Grupo Roggio.

Desde que asumió el control del subte, Macri aumentó la tarifa del subte en un 127 por ciento en los primeros días y luego otro 40 por ciento. El último aumento fue anunciado hacia marzo del año pasado. Sin embargo, el juez Mántaras lo suspendió hasta tanto se estableciera la tarifa técnica y se hiciera una auditoría contable, dos pasos que la gestión PRO se había salteado en el apuro por aumentar.

Ayer el juez levantó esa medida, ya que consideró que están cumplidos los requisitos que faltaban en marzo. En un fallo de diez páginas –al que accedió Página/12– Mántaras indicó que el gobierno porteño presentó una tarifa técnica de 7,47 pesos (que es lo que costaría, para la gestión PRO, el subte sin subsidios). El magistrado consideró que la publicación de la tarifa técnica permitía revisar la medida cautelar, aunque dejó en claro que el análisis de costos que hizo el gobierno de Macri podrá “resultar materia de análisis al momento de resolver la cuestión de fondo”. Sin embargo, Mántaras consideró que los documentos que presentaron los macristas “resultan mínimamente suficientes para sustentar –en un análisis preliminar y provisorio– la determinación tarifaria”.

El magistrado indicó que el gobierno porteño había presentado una propuesta de “ticket social” para los beneficiarios del plan Ciudadanía porteña, además de estudiantes, maestros, personas con discapacidad, jubilados y pensionados. En la propuesta inicial, todos los involucrados podrían pagar un pasaje que valdría la mitad. Mántaras indicó que esta propuesta “no resulta suficiente para asegurar, de manera inmediata, el acceso pleno e igualitario para todos los sectores desventajados”. En otras palabras, les exigió que para subir el precio de los viajes, primero pongan en vigencia la tarifa social.

El juez dispuso que la medida cautelar queda levantada, con la condición previa de que cumplan primero con la tarifa social, en la que les ordenó incluir a personas que se encuentren sin empleo, quienes estén por debajo de la canasta básica del Indec o que estén en situación de indigencia, los beneficiarios de planes nacionales y de los subsidios por el incendio en Cromañón y ex combatientes de Malvinas. Mántaras les dio un plazo de veinte días hábiles para informar de la implementación de esta tarifa.

Ante el fallo, Sbase envió un comunicado en el que informó que “se encuentra realizando los estudios técnicos correspondientes para determinar el valor de la tarifa social. Es importante aclarar, de todas maneras, que se continuará subsidiando la totalidad de la tarifa a jubilados, maestros, estudiantes y personas con discapacidad”. La empresa que conduce Juan Pablo Piccardo señaló que “informará oportunamente” a partir de qué día comenzará a regir la tarifa de 3,50 pesos.

Bodart, que promovió el amparo que frenó el aumento, señaló que el fallo coincide con “la aparición de la limitadísima auditoría contable, que es prácticamente un cachivache. Según el Presupuesto 2014, Macri quiere subir los subsidios para Metrovías a 980 millones de pesos. Sería escandaloso que le permita a la empresa subir el boleto y encima le aumente los subsidios”. Bodart citó la auditoría contable sobre el subte en el que, entre otras cosas, se dice que “no se ha podido efectuar el examen de legalidad de los procedimientos (...) No se pudo verificar el pago de Ingresos Brutos debido a que la empresa no adjuntó la información (...) No se pudo analizar la información contable de los años 2010 y 2011 debido a que la empresa no la proporcionó (...) No se pudo realizar una auditoría técnica del servicio (...) Metrovías no aportó información de los montos de la totalidad de las obras”.

Por su parte, el legislador Aníbal Ibarra consideró que “el gobierno porteño tiene los recursos suficientes para no aplicar un tarifazo sobre los subtes, pero seguramente estamos en la antesala de un gran aumento, porque ése fue el criterio de Macri: un subte caro para pocos”. El diputado de la Coalición Cívica-ARI Maximiliano Ferraro destacó que “antes de incrementar la tarifa, el jefe de Gobierno debe implementar una tarifa social, el control a Metrovías, mayores frecuencias, seguridad, calidad del servicio, extensión horaria y tarifario diferenciado”.