La historia leerá la aplicación de la ley de medios como la capacidad de la institucionalidad democrática de sobreponerse a poderes corporativos. Los dirigentes de la oposición fueron tomados de sorpresa por la decisión del tribunal. Esperaban con una seguridad pasmosa que la decisión final favoreciera al Grupo Clarín y no que éste quedara fuera de la ley. Ese lugar de superioridad moral en el que muchos de ellos se colocaron les impide reconocer siquiera la posibilidad de que se los contradiga desde las instituciones que ellos dicen respetar. Ese lugar coloca a gran parte de la oposición en un podio de intolerancia antidemocrática desde donde se juzga a los demás con el dedo levantado.

Algunos sectores del radicalismo y de los socialistas santafesinos plantearon que el texto de la ley de medios es correcto, pero que es peligroso el contexto en el que se la quiere aplicar. El contexto sería el de un gobierno que según ellos no respeta la libertad de expresión. Pero si el texto es correcto y el contexto no, lo que habría que hacer es fiscalizar la forma en que se aplica y no sumarse a la campaña del grupo monopólico en defensa de sus intereses patrimoniales.

Apenas se conoció el fallo de la Corte, el Grupo Clarín anunció que continuaría sus reclamos ante tribunales internacionales. Hacía referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya injerencia reconocen las leyes argentinas en casos muy concretos de violaciones de sus derechos a personas físicas por parte de los Estados. Al mismo tiempo, un grupo de periodistas encabezados por Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá viajó a Washington para denunciar la supuesta falta de libertad de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De alguna manera, esta delegación trata de crear condiciones con sus denuncias para la estrategia judicial internacional que anunció el Grupo Clarín. El momento que eligieron para viajar los presenta como un grupo cuyo objetivo no es protestar por una supuesta falta de libertad de expresión, sino que realizan esa protesta para defender los intereses de este grupo monopólico que se resiste a la exigencia de desinvertir, de vender parte de su patrimonio para desocupar, como le reclama la ley, una posición dominante en el mercado.

En la causa que presentó Perfil por la pauta pública, la Justicia falló a favor de la editorial. No se puede decir que la Justicia falla siempre a favor del Gobierno porque por lo general es al revés. No se puede decir que haya negación de justicia para nadie en este tema. Básicamente porque no existen denuncias serias en tribunales argentinos sobre violaciones a la libertad de expresión, ni siquiera ante tribunales que la oposición ya ha elegido por otros temas porque descuenta que encontrará una actitud más receptiva. No hay denuncias por ataques o amenazas a periodistas. Por el contrario, los únicos ataques a periodistas que se conocen son los que se produjeron en manifestaciones contra el Gobierno.

No estuvieron preocupados por los cuatro años de atraso de la ley para los que se usaron cautelares amañadas, pero se preocupan ahora que ha sido destrabada por la Corte. Nadie puede negar el peligro que representa para la democracia si cualquier empresa de medios ocupa un lugar dominante de mercado. Todos los grupos que bordeen esa situación deberán adecuarse a la nueva ley y desprenderse de los medios que no les correspondan, tanto Clarín como los otros 30 grupos de todo el país que ya han presentado sus planes de adecuación.

Parte del discurso contra la Autoridad Federal para Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se basa en que la ley está hecha contra el Grupo Clarín y que a los demás no se les aplicó. En realidad se les aplicó y todos presentaron sus planes para desprenderse de algunos de sus medios. Pero hubiera sido injusto que la ley obligara a los operadores menores y no pudiera hacerlo con el mayor de todos que, incluso en esa situación, estaría en condiciones de comprar lo que los demás estarían obligados a vender. Sumados todos esos otros grupos de todo el país, no se acercan ni al 15 por ciento de lo que tiene el Grupo Clarín. No existe ninguna comparación razonable.

Se habla también de la independencia de la Afsca. Esta figura está contemplada en la composición de su directorio con funcionarios designados por el Gobierno y otros por la oposición con la aprobación parlamentaria. Martín Sabbatella está puesto por el Gobierno, pero lo que importa es fiscalizar su acción. Y en el caso de la ley de medios, cualquier director de la Afsca hubiera estado obligado a buscar la aplicación de una norma aprobada en forma democrática por el Parlamento. Haber impulsado el cumplimiento de la ley no es argumento para acusar a Martín Sabbatella de haber sido parcial o haber favorecido a algunos en detrimento de otros. En todo caso, ahora que la ley ha sido declarada constitucional por la Corte, lo que hay que fiscalizar es que sea aplicada a todos los que estén encuadrados en sus requerimientos.

Gran parte de la actividad mediática está relacionada con la resistencia del Grupo Clarín a adecuarse a la ley. El viaje de estos periodistas también. No puede ser tomado por fuera de la estrategia de este poderoso grupo de empresas que ha tenido la capacidad de igualar artificialmente el tono del debate político con el de la defensa de su patrimonio. Se entiende el tono rabioso de un grupo acostumbrado a no tener límites, cuando se los quieren imponer. Pero no se entiende el tono rabioso de un debate político que expresa otro tipo de tensiones menos agudas. Lo que hace Sabbatella también se entiende en ese contexto. La fuerte resistencia del Grupo Clarín lo obliga a expresar una actitud más fuerte todavía. El Grupo Clarín representa sus propios intereses, en cambio Sabbatella representa al interés público. No se puede dejar avasallar porque así sí sería un mal funcionario.

A diferencia de Elisa Carrió, Sabbatella confrontó con una mafia de corrupción y logró desplazarla a riesgo de su familia y su vida en Morón cuando ganó la intendencia. Carrió ha construido su carrera política con decenas de denuncias que nunca pudo comprobar en la Justicia. No lo pudo hacer ni siquiera con aquellas en las que sus sospechas podrían haber tenido sustento, porque buscó más el efecto mediático que la condena de los corruptos. No ha podido presentar una sola causa que sirviera para condenar a nadie. Pero le sirvieron para ganar repercusión y hacerse conocer.

Carrió ha construido un personaje sobre la base de convertir la política en una cloaca, donde los que no piensan como ella son acusados de corruptos, de vendidos o de cómplices. Las acusaciones de Carrió y de Fernando “Pino” Solanas contra Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, constituyen una expresión de su modo de hacer política. Solanas abjuró así de su voto cuando respaldó la aprobación de la ley de medios. En su giro ideológico hacia la derecha en busca de los votos que lo llevaron al Senado ya abjuró públicamente de otras posiciones de izquierda, entre ellas su supuesta solidaridad de otros tiempos contra un ataque imperialista a Irán.

No hubo antes una reacción tan furibunda sobre la ley de medios como con el fallo de la Corte. A Solanas y Carrió no les importaba si la ley se aplicaba a otros grupos, no lo dijeron en la campaña. Esta reacción destemplada se manifestó solamente cuando se conoció el fallo de seis jueces –dos con disidencias– a favor de la constitucionalidad de la ley, lo que eliminó los obstáculos para que le sea aplicada al Grupo Clarín. En vez de expresar su preocupación por la forma en que podrá ser aplicada la ley en el futuro, la estrategia de este puñado de periodistas y de una parte de la oposición encabezada por Carrió y Solanas ha sido salir en defensa de los intereses patrimoniales de un grupo oligopólico.

La historia tiene numerosos ejemplos donde los intereses de las corporaciones con la ayuda de políticos, fuerzas armadas, medios de comunicación e incluso muchos jueces primaron por sobre el interés público. Lo que está en juego con la ley de medios, además de la democratización de la información, es mostrar a las nuevas generaciones que en democracia las instituciones pesan más que las corporaciones, que los cambios son posibles en paz y democracia. Lo contrario, la imposición del interés del capital concentrado, llevaría a debilitar las instituciones, a que nuevas generaciones se sientan desilusionadas de los cambios democráticos y busquen otras opciones. En la preeminencia de las grandes corporaciones por sobre las instituciones está la matriz de la Argentina que se intentó dejar atrás hace treinta años.