Fue la primera vez de Antonio Domingo Bussi. Pese a haber sido dueño de la vida y (sobre todo) la muerte de los tucumanos durante la última dictadura militar, nunca había estado detenido. Ayer se presentó ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien le informó que estaba arrestado por orden del magistrado español Baltasar Garzón y que había sido procesado en Madrid por genocidio, terrorismo y torturas. También fueron llevados al juzgado Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, y otros seis represores. Sólo falta ubicar a dos de los militares que reclama Garzón.
Bussi fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py desde el Edificio Libertador –sede del Ejército– donde estaba detenido. Sólo estuvo en el juzgado el tiempo necesario para que le tomaran sus datos personales y le informaran los motivos de su arresto. Serio, como el resto de sus compañeros que pasaron por la secretaría de Miguel Angel Ambrosio, le dijo a Canicoba Corral que él se había presentado espontáneamente ante la Justicia. Es que el represor se entregó el viernes, pero una versión indica que lo hizo luego de que fuera “encontrado” en Entre Ríos.
Bussi no hizo ninguna alusión a su condición de intendente electo de la ciudad de Tucumán, ni a que haberse convertido en reo afectaría sus posibilidades de asumir el cargo. Los ciudadanos de San Miguel de Tucumán lo escogieron –con una ínfima ventaja de 17 votos– como jefe comunal, pero eso no lo exime de tener que responder ante la Justicia por los delitos que cometió durante la última dictadura.
Al procesar a Bussi, Garzón detalló la metodología usada por el represor para concretar sus crímenes: “El general Antonio Domingo Bussi llega de noche a (el centro clandestino de detención) El Arsenal, cuando se va a fusilar a la víctima, operación que se realiza cada quince días, aproximadamente. Se ata a los detenidos con cable, se les venda los ojos y se les pone de rodillas al borde de un pozo previamente excavado, mirando a dicho pozo. Cinco o seis metros atrás de los detenidos, los gendarmes vigilan. Antonio Domingo Bussi llega normalmente con uniforme de campaña y con el casco debajo del brazo cuando ya están los detenidos arrodillados frente al pozo. Se hace acompañar de oficiales de alta graduación tanto del Ejército como de Gendarmería o Policía y, sin pronunciar arenga alguna, da la orden de disparar realizando él mismo el primer tiro en la nuca de un detenido elegido al azar”, señaló Garzón.
El magistrado narró el caso de la adolescente Ana María Corral, a quien el propio Bussi le disparó en la nuca. Presenciaron el fusilamiento el teniente coronel Mario Albino Zimmerman, el comisario inspector Roberto Heriberto Albornoz, al coronel Arturo Félix González Naya y el teniente coronel Antonio Arrechea. Todos ellos figuran también entre los 46 represores que reclama Garzón para juzgar en España.
El “Tuerto” Albornoz, jefe de la Brigada de Investigaciones de la policía tucumana durante la última dictadura, fue detenido ayer en su provincia por miembros de la Policía Federal. Albornoz está a disposición del juez federal de Tucumán Jorge Parache, quien tiene que resolver cuándo lo trasladará a Buenos Aires para ponerlo a las órdenes de Canicoba Corral. Fuentes judiciales detallaron que Arrechea, que no se había presentado ente el juez y se encontraba en la selva misionera, ya fue localizado y que el general Jorge Olivera Rovere informó a través de sus abogados que se presentará en las próximas horas. Así, a Canicoba Corral sólo le quedaría ubicar al marino Jorge Vildoza y al coronel Arturo Félix González Naya, ambos prófugos en otras causas. El primero se apropió del hijo de la desaparecida Cecilia Viñas y las Abuelas de Plaza de Mayo lo buscan desde mediados de la década del `80. El segundo fue imputado por el juez federal Claudio Bonadío, quien investiga los secuestros de una veintena de militantes montoneros en el año 1980. Además de Bussi y Menéndez –quien comandó la represión ilegal en Córdoba, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán– se presentaron ayer en el juzgado
Zimmerman, Ramón Genaro Díaz Bessone, Juan Carlos Ricardo Trimarco, Julio César Coronel, Augusto Leonardo Neme y Héctor Mario Schwab.
Canicoba Corral comenzará mañana a notificar a la Cancillería que se concretaron los arrestos para que el Gobierno, a la vez, se lo comunique a Garzón. A partir de ese momento, el magistrado español tendrá cuarenta días para enviar el pedido de extradición y esto abrirá un proceso que podría durar varios meses.
Para que las extradiciones se lleven a cabo, el Poder Ejecutivo deberá dar oficialmente su aval. Con la anulación del decreto que rechazaba sin analizar todo pedido de un juez extranjero para investigar a los militares de la última dictadura, el gobierno de Néstor Kirchner envió una señal de cuál será su posición. Y aunque el Presidente prefiere que los represores sean juzgados en el país, para que esto se concrete la Corte Suprema debería anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, señaló ayer que, con la derogación del decreto antiextradición, el Poder Ejecutivo se limitó a “no interferir en una decisión que debe ser estrictamente judicial”. “Si queremos vivir en un país desarrollado, en un país en serio, normal, la búsqueda debe ser la búsqueda de la Justicia, que el infractor a las normas reciba su castigo, así se construye una sociedad y una República”, aseguró. Acerca de la posibilidad de que la Corte declare la inconstitucionalidad de las normas que truncaron los juicios a los represores, el ministro manifestó que “los poderes son independientes, es ese tribunal el que debe resolver y no es bueno que haya interferencias ni opiniones que lo condicionen”.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, coincidió con este criterio y afirmó que “se terminó la época del trueque y el toma y daca entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y el Presidente no le va a pedir a ningún tribunal de la República que falle en un sentido o en otro”. El funcionario defendió el nuevo decreto que anulaba el decreto delarruista subrayando que ahora “no se afecta el principio de territorialidad, sino lo que se afecta es el principio de impunidad”. Para Duhalde la derogación de esa norma restableció la igualdad entre los argentinos: “Hasta ahora había una situación de excepción, en este caso para los militares, cuya extradición estaba impedida de ser analizada por la Justicia. Ahora se ha restablecido el principio de división de los poderes y corresponde a la Justicia analizar cada caso en concreto”.