- Aníbal Ibarra (jefe de Gobierno porteño): “Antes de conocer la decisión del Presidente manifesté que sería una buena señal la derogación del decreto. Esto permite avanzar en la extradición pero sobre todo es una clara señal de que el Gobierno que no va a obstaculizar los pedidos de extradición ya formulados. No significa ningún tipo de persecución ni a las instituciones militares ni a los propios militares. Estos procesos están dirigidos a quienes tuvieron responsabilidades en la dictadura que se inició en 1976 y precisamente sirve para separar al sector de las Fuerzas Armadas de quienes estuvieron involucrados en la gravísima violación a los derechos humanos que se produjo durante la dictadura. Como argentino hubiera preferido y prefiero que sean juzgados en nuestro país, pero ante la vigencia de las leyes de impunidad la única opción que queda es la investigación y juzgamiento de esos delitos en otras jurisdicciones”.
- Jorge Rivas (diputado Partido Socialista): “La derogación del decreto que cerraba el paso a la extradición de los represores argentinos no sólo es una medida justa. Es también un acto de elemental respeto por la división de poderes y por el derecho internacional. Quienes hemos enfrentado con todas las armas que ofrece la política a las leyes que consagraron la impunidad y a los indultos que se concedieron a los genocidas condenados o procesados, lo hicimos con la aspiración que por supuesto mantenemos de que fuera en nuestro país donde la Justicia alcanzara a los culpables de los crímenes atroces del terrorismo de Estado. Hasta ahora no ha sido posible. La negativa a acceder a los pedidos de extradición formulados por tribunales extranjeros sólo significaba aún más vergüenza para la Argentina, porque al impedir que la Justicia de otros estados aplicara a quienes lo merecían el castigo del que se habían eximido aquí, convertía al país en el aguantadero de una banda de asesinos y torturados”.
- Eduardo Menem (senador justicialista): “El principio de territorialidad de la ley penal hace a la soberanía de nuestro país. El derecho a ejercer la jurisdicción es un derecho que integra nuestra soberanía y, en este caso, se lo está resignando. Los delitos cometidos en la Argentina ya fueron juzgados. En su momento, los jueces aplicaron el derecho positivo argentino para juzgar estos delitos, y esto es lo que decía el decreto que acaba de ser derogado, en virtud del principio de que no puede juzgarse a una persona dos veces por el mismo delito”.