“Familiares”, registró el 29 de septiembre de 1978 una mano castrense o civil en el Libro de Ingreso y Egreso de correspondencia de la Junta Militar el resumen de un pedido: “Solicitan el paradero de Mirta Alonso de Huevarillo y Oscar Huevarillo, desaparecidos el 19 de marzo de 1977”. El libro, uno de los documentos de la burocracia de la última dictadura inéditos hasta la semana pasada, cuando fueron descubiertos en el subsuelo de la jefatura de la Fuerza Aérea, permite rastrear el incansable derrotero de madres, padres, abuelas y familiares que se acercaban casi a diario a pedir por sus desaparecidos, pero también la inquietud que determinadas decisiones tomadas por los genocidas despertaron en diferentes sectores de la sociedad.

Las centenares de hojas, poco más de medio metro de ancho por poco menos de medio metro de alto, están no sólo ajadas, sino con los bordes casi todos destruidos. Amarillas, húmedas, olorientas. Las tapas son de tela celeste y sobre las letras que aún en dorado permiten leer el tipo de documento que albergan, una cinta de plástico avisa que el contenido es “público”. A grandes rasgos, prueban y refuerzan lo que ya se sabe de los efectos del terror estatal que ejercieron las Fuerzas Armadas. “Lo importante de esto no es sólo lo que dice sino las puertas que abre”, sostiene la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Stella Segado.

Como el resto de los documentos encontrados, el libro pertenece a la Secretaría General de la Junta Militar. Por orden alfabético, allí se registraron las cartas que le fueron enviadas a la Junta Militar entre 1977 y 1983. Por cada misiva, los siguientes datos: fecha de entrada, número de expediente, iniciador (el emisor) y extracto (resumen del contenido). Al lado de este casillero, unos renglones en donde se detalla escuetamente el destino del mensaje. Salvo escasas excepciones, la inmensa mayoría de la correspondencia que llegaba era remitida a la secretaría general del Poder Ejecutivo nacional. Para saber qué fue de las cartas con pedidos de paradero de familiares desaparecidos hay que analizar qué hizo el PE nacional. “Habrá que revisar el archivo de la Casa de Gobierno. ¿Habrá allí algún libro como éste? Creemos que esta información que apareció revolverá la historia. Tal vez aparezcan más datos...”, apostó Segado.

Los empleados de la Secretaría de la Junta que recibían las cartas las clasificaban. El libro al que este diario tuvo acceso es el de contenido catalogado como “público”. “Habían otros clasificados y secretos”, reseñó la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Aquellos documentos, al igual que la totalidad de las actas de la secretaría general de la Junta permanecen bajo análisis del equipo que dirige Segado y que tiene a su cargo la clasificación de lo hallado. “Creemos que el contenido secreto era información de anteproyectos de los diferentes ministerios, pero aún no revisamos con detenimiento.”

La carta era la vía más rápida con la que contaban las personas para comunicarse con las autoridades en los años de terror de la dictadura. “Casi todas las llevábamos personalmente. Por Correo desconfiábamos en qué irían a hacer con nuestros pedidos, si los llevaban, si los entregaban en cualquier lado o si los tiraban a la basura”, recordó la titular de Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini (ver aparte).

Entre 1977 y 1979, en los registros del libro al que Página/12 tuvo acceso fueron coincidencia las palabras “desaparecido”, “paradero”, “secuestrado”. En abril de 1977, “Alvarez, María”, envió una carta en la que denunciaba “sobre supuesta detención de su hijo Gerardo Alvarez”. Casi un año después, “Arias García de (sic)” escribió “sobre desaparición de su hija”. “Andrada, Francisca” escribió a la Junta en febrero de 1979 para “saber el paradero de sus dos hijos”. Las primeras dos páginas de cada una de las letras del registro, que corresponden a los primeros años de terrorismo de Estado, son las que concentran la mayor cantidad de pedidos individuales sobre hijos e hijas, nietos, yernos, nueras y cónyuges. En abril de 1980, una “madre de desaparecido anónima envió nota haciendo responsable por muertes y desapariciones de jóvenes argentinos a Esma y a autoridades de PRN (Proceso de Reorganización Nacional)”. En el casillero de “iniciador” las mujeres son inmensa mayoría.

Esos pedidos en solitario prácticamente cesan a partir de 1980. Luego de ese año, muchas madres escriben para solicitar “se adjunte su presentación al petitorio de familiares de desaparecidos recibida el 11 de septiembre de 1980”. Aquélla fue una de las primeras exigencias presentadas ante los genocidas por un colectivo. El 14 de junio de 1980, “Familiares de presuntos desaparecidos y/o detenidos” enviaron una carta para pedir que “se suministre información sobre detenciones y desapariciones de menores”. Agrupaciones de familiares de diferentes partes del país como Mar del Plata, Santa Fe, La Rioja, coincidieron en la intención de los escritos. Unos meses antes habían comenzado las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre también reclamaron, al igual que sindicatos y asociaciones gremiales.

Sin embargo, no fue sólo en esos pedidos en los que el libro refleja la acción del poder asesino del Estado. En agosto de 1978, “un ciudadano argentino” expresó la “intranquilidad que existe en la ciudad de Mar del Plata por el cierre de importantes comercios” y dos años después un “anónimo” escribió manifestando que “se han comprobado una serie de irregularidades en los cementerios municipales”. “Realiza denuncia”. En la “I” de Iglesia figuran tres pedidos de instituciones evangélicas de España (Mérida, Málaga y Logroño) por la “libertad de presos políticos, aparición con vida de los desaparecidos y derogación de la ley 22.068”, la de “Fallecimiento presunto”. Esa norma permitía declarar la muerte “presunta” de los desaparecidos y fue promulgada en 1979.

Perdidas en la “I” del directorio hay algunas misivas enviadas al gobierno por Rafael Ianover, quien fue vicepresidente de Papel Prensa antes de que la empresa quedara en manos de La Nación, La Razón y Clarín. En abril de 1978, la secretaría general de la Junta anotó el ingreso de una carta de Hilda de Ianover, en la que informaba que “no había recibido contestación a la nota del 2 de febrero de ese año” y que solicitaba una audiencia. En febrero del año siguiente, el contador envió la primera de unas siete cartas en la que solicita el “cese de estar a disposición del PE Nacional y rehabilitación en el ejercicio” de su profesión. El resto de los mensajes tienen idéntica finalidad, aunque en las últimas suma solicitudes de entrevistas personales. En ninguna hace referencia a su cargo en Papel Prensa. Hasta agosto de 1979.

Los militares registraron absolutamente todo lo que recibieron, incluso textos que los atacaban a los que calificaban como “texto incoherente”. En las centenas de hojas amarillas figuran, por ejemplo, la opinión de un “anónimo” que manifestó su “desacuerdo con la elección del general Viola como próximo presidente de la Nación” o la salutación de un grupo de “artistas plásticos ante el aniversario del PRN”. El “Instituto Argentino para el trabajo en Equipo” sugirió a la Junta la creación de un “Ministerio de la Eficiencia” y el ex presidente Carlos Saúl Menem exigió, y en varias oportunidades, su expulsión del “acta de responsabilidad patrimonial”, un monto de dinero que tenía depositado en el Banco de la Nación y en diciembre de 1981 denunció al interventor de La Rioja.