La historia del subcomisario José Alberto Hernández está llena de luces y sombras. En julio de 2002, después de pasar unos días preso por un supuesto intento de extorsión a un comerciante, fue rehabilitado y se puso al frente de la investigación del secuestro y asesinato de Diego Peralta, en El Jagüel. Fue el único policía que recibió alguna vez un tímido reconocimiento de la familia Peralta. Desde entonces estaba al frente de la Brigada de Investigaciones Complejas de Lomas de Zamora, cargo en el que siguió hasta hace unos días, a pesar de una durísima crítica que le hizo la Cámara de Apelaciones de La Plata por su vacilante intervención en la investigación del secuestro del padre del actor Pablo Echarri (ver aparte). Si hasta se dio el lujo de aparecer junto a Antonio Echarri, el día de la liberación. Hoy, Hernández atraviesa por su etapa más oscura: está prófugo de la Justicia acusado de haber privado ilegalmente de su libertad a un hombre, con antecedentes como pirata del asfalto, al que le habría pedido una fuerte coima a cambio de su libertad. Esto ocurrió en la misma causa en la que estuvo preso antes. Un juez calificó el hecho de “secuestro extorsivo”, la especialidad investigativa de Hernández. Hay dos policías presos y cuatro prófugos, uno de ellos Hernández.
“Me hicieron una cama, me quisieron perjudicar.” Esta fue la explicación que le dio, a Página/12, el subcomisario Hernández, en alusión a la misma causa en la que hoy está prófugo. Esta excusa fue dada durante la investigación del caso Peralta, que se dio por esclarecido con la detención de una banda inexperta. La familia del chico sigue creyendo que “detrás del secuestro y asesinato de Diego hubo policías, hubo gente con mucha experiencia, y no los ‘perejiles’ que están presos”, según viene diciendo con insistencia la mamá del chico, Emilse Peralta. Anoche, fuentes de la familia aclararon que no pueden dar “ninguna apreciación” sobre el actual pedido de captura, aunque admitieron que con el correr del tiempo “la actuación de todos los policías se ha ido devaluando, incluso la de Hernández. De manera que nada nos puede extrañar”.
De acuerdo con la información obtenida de fuentes judiciales, el pedido de captura de Hernández fue decidido hace ya veinte días por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Tomás Bruno, por pedido del fiscal Ricardo Bruzzone. El subcomisario Hernández estuvo desde el comienzo al frente de la investigación del secuestro de Diego Peralta, ocurrido el 5 de julio de 2002, pero el 18 de ese mes tuvo que excusarse de seguir porque pidieron su captura, a partir de la denuncia formulada por un comerciante de Monte Chingolo, Oscar González, propietario del supermercado “La Esquina”.
Según González, el 25 de marzo, unos diez policías de civil coparon el negocio luego de mostrar sus credenciales y una orden de allanamiento. El denunciante fue sacado a punta de pistola, mientras le vaciaban el comercio, alegando que se trataba de mercadería supuestamente robada. Según González, los policías se llevaron unos 50.000 pesos, entre productos y dinero en efectivo. Después hubo “visitas” para pedirle más dinero y amenazas con “plantarle” drogas o armas robadas.
La misma causa derivó hacia la investigación de una banda de piratas del asfalto que supuestamente abastecía a los comercios de la zona de Ezeiza y El Jagüel. Uno de los sospechosos, de apellido Gómez, fue privado ilegalmente de su libertad por la banda de policías, que lo mantuvo secuestrado en una seccional que sería la Subdelegación de Investigaciones de Esteban Echeverría, que era la dependencia en la que estaba Hernández antes de llegar a Delitos Complejos de Lomas de Zamora. El secuestrado fue liberado tras el pago de 48 mil pesos en efectivo y la entrega de un automóvil. En la causa en la que está prófugo Hernández hubo diez policías bajo sospecha, cuya detención fue ordenada hace veinte días.
De los diez, sólo seis pudieron ser detenidos, pero con posterioridad cuatro fueron dejados en libertad por “falta de mérito”, ya que no había pruebas que los incriminaran. Los otros cuatro, los que nunca sepresentaron, son el subcomisario Hernández, el oficial principal Adrián Tocci, el suboficial Osvaldo Lorenzón y el sargento ayudante Pedro Fernández. Todos están prófugos. La orden judicial tiene algunos detalles que indican su compleja ejecución. Los encargados de la búsqueda y detención son los propios responsables de la Jefatura de Narcocriminalidad y Delitos Complejos, a cargo del comisario general Carlos Pérez. El prófugo subcomisario Hernández era uno de los jefes de esa misma Jefatura, ubicada en la calle Meeks, en Lomas de Zamora.
Resulta llamativo que el aviso policial a las “dependencias operativas” que deben buscar a los policías fue dictado recién el 18 de julio, varios días después de la orden judicial. El pedido tiene carácter “reservado”, algo que no es habitual cuando se trata de atrapar a civiles. “Se proceda a difundir entre los titulares de dependencias operativas, de manera reservada, el pedido de captura del personal policial que se detalla”, según dice textualmente la orden.
Por otra parte se supo que los policías que están detenidos en la causa son el oficial principal Daniel Cayo, quien se desempeñaba como jefe de operaciones de la Brigada Antisecuestros que conducía el subcomisario Hernández. El otro es un integrante de los llamados “grupos operativos”, pero no se pudo confirmar el nombre. Tanto Hernández como el resto de los policías fueron imputados por los delitos de “secuestro extorsivo, privación ilegal de la libertad agravada y robo calificado”. Esto equivale a decir que les imputan tanto lo sufrido por el comerciante González como por el supuesto pirata del asfalto, que esta vez sólo fue víctima.
Un cable de la agencia Télam precisó, citando fuentes judiciales, que en marzo de este año “Hernández y su grupo operativo secuestraron a un hombre que tenía causas por comercialización de drogas y que gozaba de una libertad condicional”. El hecho ocurrió en la casa de la víctima, en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes. Los policías amenazaron al hombre con armas de fuego, le robaron el dinero y un auto, y hasta algunas cadenitas de oro que guardaba en su domicilio.
Para completar el abuso, unos cinco policías, con Hernández a la cabeza, llevaron a Gómez a la misma dependencia policial en la que trabajaban en la investigación de secuestros extorsivos. Para recuperar la libertad, el hombre tuvo que pagar un rescate para que no le “armaran” una causa que provocaría la finalización de su libertad condicional. Una vez que recuperó la libertad, el hombre hizo la denuncia en la fiscalía de Bruzzone, quien empezó a investigar el caso y encontró nuevos elementos para imputar a diez policías. Fuentes de la investigación afirmaron a este diario que el caso tiene íntima relación con la anterior causa que tenía Hernández y que había quedado en suspenso. El delito que se imputa ahora a los policías tiene penas que van de los cinco a los 15 años de prisión.