“No son policías, son delincuentes y tienen que estar presos.” Las palabras del comisario Angel Casafús, jefe de la Brigada Antisecuestros de la Policía Bonaerense, no son nuevas. Las dijo en julio de 2002, a poco de asumir, refiriéndose a la detención de dos policías –un tercero estaba prófugo– por el secuestro del hijo de un comerciante, en Rafael Calzada. En ese caso, los llamados para pedir rescate se habían realizado desde la misma comisaría. Qué podrá decir ahora Casafús, luego de la detención del comisario José Hernández, cuya buena estrella ya venía cayéndose desde el secuestro de Antonio Echarri, cuando el accionar policial, con él a la cabeza, fue duramente cuestionado por la Justicia.
Los jueces Alberto Durán y Sergio Dugo consideraron que fue “insólita y sospechosa la forma en la que logró escapar” Ezequiel Dicugno, el secuestrador que permaneció hasta último momento junto a Echarri en la casa de Burzaco donde fue encontrado. Y fueron durísimos con Hernández, jefe de la investigación. “Fue cuando menos ineficiente”, dijeron los camaristas. También expresaron que “el procedimiento escogido por este avezado grupo de funcionarios policiales es una conducta diferente a la que se aplica cuando se buscan delincuentes”, dando a entender que actuaron como si quisieran que se escaparan los autores, que es lo que finalmente ocurrió en el caso Echarri.
El primer caso que tuvo que justificar Casafús ocurrió el 22 de julio del año pasado, a días de asumir como jefe del Grupo Antisecuestros. Dos policías bonaerenses fueron detenidos ese día, acusados de integrar una banda de secuestradores. Todos integraban la División Investigaciones Complejas de Lomas de Zamora. Se supo entonces que al menos una de las llamadas para pedir rescate se hizo desde la misma dependencia policial y que el joven secuestrado fue mantenido unas horas oculto en un vehículo que estuvo estacionado muy cerca de la Brigada. Los dos suboficiales que secuestraron al hijo del comerciante fueron detenidos en Pergamino.
Para Casafús, aquél fue un hecho “mortificante”, como él mismo lo calificó en una conferencia de prensa, la primera que ofreció luego de su llegada al cargo. Anoche fue imposible conversar con Casafús, quien participó en La Plata de una reunión en el más alto nivel donde se analizaron las consecuencias de este nuevo escándalo. En fuentes policiales, sin embargo, se dijo anoche que en el encuentro, que fue presidido por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, se habían considerado como “muy positivas” las medidas de prevención del delito tomadas por las nuevas autoridades de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora.
Fuentes del Ministerio de Seguridad informaron anoche que los diez policías bonaerenses sospechados de integrar una banda que secuestró al supuesto pirata del asfalto fueron pasados a disponibilidad y comenzaron a ser investigados por Asuntos Internos de la fuerza. La medida incluye a los cuatro efectivos que fueron dejados en libertad por “falta de mérito”. Las fuentes confirmaron que todos fueron pasados a la situación de “disponibilidad preventiva” en razón de la investigación a la que todavía están sometidos. Nadie explicó por qué Hernández pudo llegar a la jefatura de Lomas de Zamora cuando tenía un antecedente que venía de antes de la aparición del cadáver de Diego Peralta.
De los diez policías, cuatro fueron dejados en libertad, pero seguirán un tiempo más sin cumplir funciones en la fuerza. Ellos son los suboficiales Pedro Oscar Mendiola, Benito Bruno, Héctor Díaz y Oscar Rubén Herber. Anoche había circulado una versión según la cual el subcomisario Hernández estaría siendo investigado, además, por algunos puntos oscuros que siempre quedaron en relación con el caso Peralta. La información no pudo confirmarse, pero las sospechas tenían que ver con la vieja hipótesis de que ese secuestro tuvo relación con una venganza organizada por piratas del asfalto.