Jaime Duran Barba tiene quien lo proteja en el proceso que se le sigue por el presunto delito electoral contra Daniel Filmus en la campaña de 2011. Desde que la causa pasó a la Justicia porteña, estuvo detenida y a la espera de que prescriba en diciembre de este año. Un fiscal interino, ubicado por el macrista Germán Garavano, se dedicó los últimos tiempos a investigar a la víctima, es decir, al padre de Daniel Filmus, que había sido difamado en la campaña telefónica. Entre otras medidas, el fiscal Martín García Berro mandó a averiguar si el padre de Filmus no será realmente arquitecto y qué militancia tiene. El senador kirchnerista prevé pedirle juicio político al fiscal.

Durante la campaña para jefe de Gobierno de 2011 se develó la existencia de llamadas a miles de usuarios para darles información falsa. Una de las llamadas automatizadas decía: “¿Sabía usted que el padre del candidato Daniel Filmus es arquitecto y trabaja en el proyecto de viviendas por el que Sergio Schoklender se encuentra investigado? Ahora que sabe esto, ¿usted lo votaría?”. El padre de Filmus no es arquitecto, ni trabajó con Schoklender. La causa avanzó en la Justicia federal, que vinculó las llamadas a las empresas Connectic, TAG Continental y Duran Barba y Asociados. En la causa fueron indagados y procesados Duran Barba y sus socios Rodrigo Lugones y Guillermo Garat.

Entre las pruebas por las que se los procesó, están las grabaciones de las llamadas que se encontraron en los servidores de la empresa Iplan, el hecho de que el número de las llamadas de la empresa Iplan coincidía con el que había contratado Connectic mientras que otro número genérico para servicios telefónicos vía Internet que ofrece Telecom USA figuraba a nombre de Tag Continental. En un allanamiento encontraron cheques librados para las empresas de los socios de Duran Barba que provenían del PRO. El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, era el apoderado y, a la vez, quien contrató en el gobierno porteño a Connectic por 1.334.000 pesos para que les proveyera “un sistema de llamadas automáticas”. Se calcula que la gestión PRO les pagó más de cinco millones a estas empresas.

Ante esta avalancha de pruebas, la defensa de Duran Barba se jugó a conseguir que la causa pasara a la Justicia porteña. Cuando consiguieron un fallo favorable de la Corte Suprema, el caso ya no tuvo más avances. Pasaron dos fiscales, Angel Carestia y María Lorena Tula del Moral, hasta que finalmente recayó en manos del fiscal interino Martín García Berro, que fue ubicado al frente de la causa por Germán Garavano. El funcionario fue designado por el PRO como jefe de los fiscales. Garavano es uno de los fundadores de la ONG Unidos por la Justicia, que recibió 450 mil pesos en subsidios del gobierno macrista.

La primera medida del fiscal García Berro fue indicar que se debe investigar no a los procesados Duran Barba, Lugones y Garat, sino al padre de Filmus. Es decir, a la víctima. En el escrito –al que accedió Página/12– el fiscal se detiene durante más de veinte carillas a dar su opinión sobre la denuncia original ante la Justicia federal, sobre la que dice que se hizo “con escaso apego a determinados dispositivos legales”. Por ejemplo, cuestionó que la jueza María Romilda Servini de Cubría le ordenara a la SIDE avanzar para identificar a los responsables de la campaña “con una falta de delimitación ciertamente cuestionable”. La defensa de los procesados no podría haberlo escrito mejor. De hecho, la línea argumental del fiscal es coincidente con la de la defensa de Rodrigo Lugones para pedir que se anulen los resultados del allanamiento a Duran Barba y Asociados. El fiscal se apuró a opinar que “según la personal visión del suscripto” hay “fundados reparos” que hacer al allanamiento. Si no es muy claro el motivo por el cual un fiscal porteño se pone a opinar sobre la actuación de jueces federales, las medidas que dispone son aún más llamativas. García Berro ordenó preguntar al “Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo si se encuentra matriculado como arquitecto Salomón Filmus”. Le contestaron que no. Por las dudas, el fiscal también ordenó a la “Anses que remita las constancias de aportes previsionales en relación con Salomón Filmus”. Por otra parte requirió que Madres de Plaza de Mayo le informe “si Salomón Filmus o Alejandro Salvatierra tuvieron vinculación, de cualquier carácter, con dicho instituto”. Las medidas que ordenó el fiscal van en sintonía con el contenido de las llamadas.

Las inquisiciones sobre la víctima no terminaron ahí. Uno de los defensores había sugerido en un escrito que el padre de Filmus tenía militancia política. Nuevamente, García Berro se mostró en sintonía y pidió que la Junta Vecinal de Los Piletones “informe si Salomón Filmus se encuentra vinculado con las tareas de dicha Junta Vecinal, si realiza o realizó alguna actividad relativa al barrio y, en caso afirmativo, brinde todos los detalles y circunstancias de modo, tiempo y lugar referentes a la misma”. El fiscal no explicó qué relación podría tener la militancia social del padre de Filmus con el objeto de la causa.

Otra de las llamadas de la campaña contra Filmus afirmaba que a Salvatierra lo había contratado María Rachid, otro dato falso. El fiscal nuevamente le apuntó a la víctima y pidió al Inadi que informe “si Alejandro Salvatierra tuvo vinculación, de cualquier carácter, con dicho instituto”. También pidió que se le informe si Salvatierra está imputado por la toma del Indoamericano.

Una de las llamadas intentaba confundir a Filmus e incluir a Jorge Telerman como candidato, algo que era públicamente falso. El fiscal puesto por el macrista Garavano, no obstante, no está tan convencido: le pidió al Tribunal Superior de Justicia que le diga “si Jorge Telerman y/o Hugo Moyano intervinieron como candidatos” en las listas de Filmus. También le reclamó al la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal que le informe si existen causas judiciales contra María Rachid y Hebe de Bonafini en las que “aparezcan como denunciadas o imputadas”.

Más allá de esta batería de medidas dirigidas a las víctimas, el fiscal no pidió una sola medida hacia los procesados en la causa: Duran Barba, Garat y Lugones. Sólo envió una serie de exhortos internacionales por una página web difamatoria de Filmus, un camino que ya había probado ser inútil. “Es una vergüenza que la fiscalía haya ocupado el lugar de la defensa y que, en este caso en particular, se ocupe a defender a alguien que, a su vez, se dedica a defender a Hitler”, remarcó el senador Daniel Filmus. “Sin lugar a dudas, el fiscal ha colocado a las víctimas de este delito al código electoral como acusados, violando las normas más básicas de la Justicia”, remarcó Filmus. “Si este fiscal logra su único objetivo –que en diciembre prescriba la causa–, con tantos elementos de prueba que son irrefutables, le iniciaremos un juicio político”, anunció.