“Ahora que gracias a la Asignación Universal por Hijo hay una reducción importante de la pobreza y la indigencia, hace falta un abordaje más integral para intentar revertir el fenómeno que denominamos pobreza persistente.” Adriana Clemente es trabajadora social y dirige –junto a Alejandro Roffman– un equipo interdisciplinario de investigación de la UBA que, entre 2010 y 2012, realizó un trabajo de campo en diferentes zonas de La Matanza, con entrevistas directas a familias afectadas por “un tipo de pobreza cuya característica es la persistencia en el tiempo” y que requiere políticas sociales específicas.

–¿A qué denomina “pobreza persistente”?

–Es una problemática muy poco trabajada en nuestro contexto social. Se trata de un tipo de pobreza cuya característica es la persistencia en el tiempo, por lo que los daños de la situación de pobreza se potencian de manera negativa. Son personas de los centros urbanos y periurbanos afectadas por más de una generación por condiciones de privación que las dejan subsumidas en el campo de la indigencia. La pobreza en general se detecta a partir de los ingresos de un grupo familiar, pero esta problemática sólo se puede abordar en contacto directo con las familias y sus relatos. Es la única forma de saber qué pasa cuando esta situación se vuelve crónica.

–¿Qué tipo de grupos familiares encontraron en su investigación?

–No hay una definición unívoca. Si bien generalmente son hogares con jefatura femenina, pueden tener otra constitución. La primera característica es que son hogares extendidos, donde está viviendo más de una generación y no necesariamente ligadas por lazos de consanguinidad. Es decir, el grupo se conforma según las posibilidades de abastecimiento: puede vivir como parte de la familia alguien que tiene algo para aportar a ese hogar, aunque no sea un pariente, alguien que paga la cama, por ejemplo, hay hijos que se crían en otro lado intentando que tengan otra suerte. Entonces, son hogares con un contexto de inestabilidad en los vínculos más directos. Una constante es que hay muchos niños pequeños, en edad de recibir cuidados, de consumo y no de producción. Contrariamente a lo que se dice de estas familias, hay una gran cantidad de prácticas para cuidar a los niños, los ancianos, los enfermos, que se desarrollan de manera exacerbada pero con pocos resultados.

–¿Por qué?

–Porque los riesgos que corre ese hogar extremadamente despojado son tantos que los esfuerzos para cuidar a esas personas hay que duplicarlos. Por ejemplo, al convivir con un pozo ciego dentro de la casa, apenas tapado con una madera, el riesgo de que se caiga un chico es muchísimo más alto que el riesgo de que un chico de clase media toque un enchufe. Hay mucha inversión en prácticas de cuidado, con un esfuerzo altísimo, pero que dura hasta los 10 u 11 años de los chicos, después ya se está cuidando al que sigue. Uno de los prejuicios es que estas familias cuidan poco el tema de la escolaridad, pero hay que destacar que la única institución que nos apareció en todos los casos como una referencia fuerte es la escuela, como la institución que estuvo y está siempre. Puede ser que los chicos salgan tempranamente del sistema escolar, pero tiene que ver más con que, a partir de determinado momento, los adultos ya no pueden controlar lo que pasa con ese púber. Una mamá explica que el nene perdió la escolaridad porque, como no tiene ropa de abrigo, en invierno lo deja hasta tarde en la cama para que no se enferme. Pero los resultados son pocos: el chico se enferma igual, la escolaridad se pierde igual, el delito puede alcanzar también a alguno de los jóvenes.

–¿Cómo se mantienen estas familias?

–Nosotros hablamos de prácticas de aprovisionamiento, porque la categoría trabajo no alcanza a medir al conjunto de prácticas que se realizan para lograr que el grupo familiar se reproduzca. El trabajo es una, pero no la única. Tiene un peso muy fuerte el subsidio estatal, en particular la Asignación Universal por Hijo (AUH), que es una parte muy importante de los ingresos y, para algunas familias, el único ingreso. Estamos hablando de personas que no tienen demanda del mercado, ni siquiera en los estratos de mínimos requerimientos, porque ahí lo que funciona más es la explotación, reglas del juego a las que ya estuvieron expuestas y ahora, o no tienen condiciones de salud o necesitan quedarse en la casa para cuidar a los chicos. Son familias altamente desmercantilizadas, con entradas y salidas al mercado en condiciones de muchísima desventaja, lo que produce un gran desaliento. Para componer sus ingresos, desarrollan una cantidad de estrategias y desempeños que se terminan constituyendo en un trabajo. Los adultos de estas familias, y a veces también los adolescentes, invierten gran parte de su tiempo en lograr que haya por lo menos dos comidas, que los niños vayan a la escuela, que estén los medicamentos necesarios –porque en general son familias donde hay una enfermedad crónica, que es parte del problema–, que haya ropa y abrigo, que haya vivienda... Las prácticas de aprovisionamiento tienen límites muy laxos, con una proyección que a veces no va más allá del mismo día.

–¿Cómo es la relación de estas personas con el territorio donde viven?

–La vida de estas familias tiene una evolución muy dependiente de su entorno. Acá incorporamos la idea de doble aislamiento: a mayor conflictividad del entorno, la situación de estas familias se complejiza aún más, porque no tienen a quién recurrir, son una población altamente mediada, es decir, su conexión con el afuera depende de las redes que operan en su entorno. Están las redes clásicas, organizaciones sociales, políticas o religiosas, que son las que estarían aproximando a estas familias al mundo de otros recursos, a los recursos institucionales, posibilitando que el aislamiento sea más leve. Pero hay también otras redes, a las que conceptualizamos como redes de abuso: en los problemas que enfrentan día a día, estas familias quedan muy expuestas a depender de otros, otros que hacen un ejercicio de poder. Si estas personas necesitan un remedio, lo necesitan hoy, no mañana, y el que se los consigue... Las formas de retribución en las que pueden quedar atrapadas son múltiples: pueden estar la cooperación y la reciprocidad, pero también la extorsión y la utilización al servicio de otros intereses. Todo esto raya con la cuestión del delito, que ahora está muy en boga, pero nosotros no tenemos ninguna especialidad para abordarla, ni tenemos la intención de asociar pobreza con delito. Pero no podemos negar que, en este esquema de desmercantilización y alta mediación para poder alcanzar los recursos necesarios para vivir, funcionan redes de distinto signo y distinta adscripción. Y esto está instalado en los territorios, donde hay disputas por ver quién se queda con estas familias. Inciden dos variables: la pobreza y la presencia o ausencia del Estado.

–¿Qué rol cumplen, en esta situación, los punteros políticos?

–En los barrios más politizados, la contención de estas familias es mucho mayor, con más apoyos para que puedan dar pasos en materia de educación y de salud. En cambio, en los territorios más tugurizados, con menos presencia del Estado, tampoco hay política. Por eso creemos que es fundamental el rol de los punteros como mediadores. El puntero es una figura muy denostada en ciertos discursos, pero es muy valorada por quienes sabemos que no se puede llegar fácilmente a los barrios, que adentro no es sencillo manejarse y que es necesaria su mediación para aquellos que tienen menos posibilidades de salir.

–¿Cómo ha impactado la AUH en estos sectores sociales?

–Como parte de nuestra investigación, se hizo una simulación sobre qué pasaría si no existiera la AUH, en relación con este quintil de población, que es el sector más expuesto. La situación sería dramática. Se triplicaría la cantidad de personas que ingresan en esta categoría de pobreza persistente y ya se estaría reproduciendo esta problemática hacia las próximas dos generaciones, porque en política social lo que no se invierte en una generación tiene consecuencias en por lo menos las dos siguientes. Por eso también es muy difícil revertir hoy la pobreza persistente: la década ganada no alcanza para llegar a todos, para tener un mayor impacto en los jóvenes, que es la generación más expuesta a las consecuencias de 2001. Hay que hacer la cuenta y ver cuántos años tenía ese chico que hoy tiene 18 cuando, por ejemplo, se produjeron los saqueos. En nuestra investigación, la vivencia que nos transmiten esos jóvenes sobre su infancia tiene a los saqueos como la primera imagen de ruptura con todo, el miedo de que les saqueen su casa, son imágenes muy fuertes... Los jóvenes de hoy son los hijos de los saqueos. Son los mismos jóvenes que son demonizados, de los que se espera que hoy estén alegremente sentados en un aula. Y no es fácil, hacen falta políticas de reparación durante muchos años. Por eso es difícil entender cuando se critica al Gobierno por priorizar la agenda de la pobreza y la desigualdad. La discusión que estamos planteando acerca de la pobreza persistente hubiera sido imposible darla antes de la AUH.

–¿Qué tipo de política social cree necesaria para abordar la pobreza persistente?

–Ahora que gracias a la AUH hay una reducción importante de la pobreza y de la indigencia, hace falta un abordaje más integral para intentar revertir este fenómeno. No debería ser una acción única, no debería ser sólo el ingreso –si bien sigue siendo la acción principal—, hay que introducir otros elementos vinculados, por ejemplo, a la atención de la salud en un sentido muy amplio, incluyendo problemáticas asociadas como la discapacidad o la adicción. La AUH es una política de reparación, por la masividad, por el concepto de no operar sólo con sectores en situación de pobreza, contemplando a un amplio espectro de la población afectado por las reglas del juego que tuvo la economía argentina. La problemática de pobreza persistente debería entrar bajo la misma pauta, pero sabiendo que con esas mejoras y la reactivación del mercado no revertís una situación con décadas de antecedentes. La pregunta es cómo está llegando el servicio a los territorios, no cómo está ese servicio esperando que lleguen las familias. Esto quedó muy instalado después de que explotó la demanda en 2001, los servicios públicos no generaron más demanda y eso ya debería hacerse porque la institución pública se puso de pie y tiene buenos recursos. Si tomamos los datos de la última EPH, estamos hablando como mucho de unos 300 mil hogares a nivel país. Si vas a un asentamiento, tenés que saber que estos hogares están ahí. Pero si lo considerás en forma homogénea, se pierden de vista y se genera una política social para el conjunto, que va a seguir sin llegarles a estas personas. El común denominador con que se puede manejar la política de atención a la pobreza, por la complejidad de estos casos, no va a operar con efectividad. Hace falta una estrategia especial.