La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo celebró ayer el pronunciamiento del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas sobre la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La semana pasada, el organismo la destacó positivamente junto con el avance en el país de las causas por delitos de lesa humanidad y el trabajo que realizan las fiscalías especializadas. El abogado de Abuelas, Alan Iud, vinculó la evaluación del comité internacional con el traslado del Banco que, a raíz de una causa judicial, permanece suspendido desde fines de septiembre. “Los pronunciamientos de este tipo son vía de interpretación obligatoria para los tribunales argentinos”, remarcó el letrado.

A través de un comunicado, las Abuelas consideraron que el pronunciamiento del Comité, luego de la primera evaluación que realizaron en Argentina, “confirma que la nueva ley del BNDG implica un claro avance en materia de protección contra la desaparición forzada”. La razón del organismo para destacar la opinión internacional radica en la situación judicial que atraviesa la institución experta en genética en la actualidad.

A fines de septiembre pasado,la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación Anahí y otras agrupaciones presentaron un recurso de amparo ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Ernesto Marinelli para suspender el traslado del BNDG, actualmente instalado en el Hospital Durand, a una dependencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así lo dispone la ley 26.548 (que regula el funcionamiento del Banco), sancionada en 2009 y reglamentada en enero de este año. La presentación judicial que impugna el traslado también solicita que se declaren inconstitucionales los dos artículos de la norma que circunscriben su función a casos de desapariciones sucedidos durante el terrorismo de Estado. Se espera que Marinelli defina si acepta o rechaza el recurso esta semana, aunque se sabe que solo definirá sobre la mudanza.

“El pronunciamiento del Comité es muy importante respecto del traslado del Banco”, analizó Iud. La semana pasada, el Comité sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas decidió celebrar “las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la Convención, en particular las relacionadas con la reforma de la justicia militar (Ley 26.394), la regulación del Banco de Datos Genéticos (Ley 26.548), el régimen de la ausencia por desaparición forzada (Ley 24.321) y las diversas leyes de reparación”.

En ese sentido, Iud agregó que “de acuerdo con la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema con el fallo Aquino, los pronunciamientos de este tipo son vía de interpretación obligatoria para los tribunales argentinos. Con lo cual, el juez que debe resolver sobre el Banco deberá tenerlo en cuenta”. En consonancia, y a través del documento difundido ayer por la tarde, las Abuelas solicitaron al magistrado que “tenga en cuenta la resolución de este órgano del Sistema Universal de Derechos Humanos y autorice el traspaso del BNDG, para poder avanzar en la identificación de los nietos y nietas apropiados por el terrorismo de Estado”.

Luego de la presentación del recurso, Marinelli abrió el expediente a la incorporación de pruebas que permitieran avanzar hacia una decisión. La cartera dirigida por Lino Barañao presentó una copia del proyecto de convenio que firmaron Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Salud porteño para establecer los cuidados de las muestras, punto discutido por los organismos que no quieren que el Banco sea mudado de lugar, y desde Abuelas esperan que tal documentación sirva para demostrar que el cuidado de ese aspecto es “suficiente”. No obstante, aseguran que entre la suspensión y el planteo de fondo “no existe relación”: “La parte demandante no logró establecer una relación entre la suspensión del traslado y el planteo de fondo. Ellos no cuestionan que el Banco funcione en el ministerio, sino el límite que la ley impone a su utilización”, expresó Iud.