En el regreso del cuarto intermedio del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de Diputados, y ya avanzada la noche, no hubo lugar para discursos ni intentos de persuasión para lograr algún acompañamiento opositor. Las negociaciones que el oficialismo había entablado con la UCR terminaron por naufragar en la comisión bicameral por la unificación de los códigos Civil y Comercial. Por eso el kirchnerismo decidió marchar solo junto a sus aliados y alcanzó el dictamen de mayoría para llevar la semana próxima al recinto de la Cámara baja la ley sobre la responsabilidad civil del Estado que –de ser aprobada– pasará a depender del derecho administrativo y no estará incluida en el nuevo Código Civil, que recorrerá su camino legislativo primero por el Senado. La UCR, el FAP, el PRO, el massista Frente Renovador y otros sectores del PJ disidente tendrán sus propios dictámenes de rechazo al proyecto del Gobierno.

La jornada fue extenuante y a las 20.30 la situación estaba definida. La sala donde se reanudó el plenario que se inició antes del mediodía tenía asistencia casi perfecta de los diputados oficialistas y los aliados que integran las comisiones y sus respectivos presidentes, Diana Conti (Asuntos Constitucionales) y Luis Cigogna (Legislación General). El kirchnerismo quería emitir su dictamen de mayoría para llevar el proyecto al recinto el 27 y en una sesión especial para darle media sanción a la ley antes de que culmine el período de sesiones ordinarias. Mientras, el Senado avanzaría por su lado y con los mismos tiempos para darle media sanción a la unificación de los códigos.

Del lado opositor, apenas los legisladores de las distintas bancadas que presentarían sus propios dictámenes de rechazo a la iniciativa oficial: Pedro Tunessi (UCR), Pablo Tonelli (PRO), Graciela Camaño (FR), Omar Duclos (GEN-FAP) y Liliana Parada (UP), aunque ya no estaban Elisa Carrió (CC) y Jorge Yoma (monobloque), que también habían anunciado sus respectivos dictámenes de rechazo.

La diputada Graciela Gianne-ttasio, que ofició de miembro informante del oficialismo, se encargó de leer las pocas modificaciones que se introdujeron al texto original. Dos fueron propuestas por el abogado laboralista Héctor Recalde. En el artículo 9, se suprimió la palabra “culpa” y quedó solo el término “dolo” para referirse a la responsabilidad de funcionarios y agentes públicos. Y el 10 (también reclamado por Parada), donde se establece la responsabilidad contractual del Estado que se regirá por lo dispuesto en las normas específicas y en caso de ausencia de regulación se regirá por la nueva ley. Allí se agregó que la misma no será aplicada al Estado en su carácter de empleador.

Otra recoge las quejas opositoras y eleva de dos a tres años el plazo de prescripción de la responsabilidad extracontractual del Estado una vez verificado el daño que se reclama, aunque se mantuvo en dos para los funcionarios. Y en el artículo 2, sobre la eximición de responsabilidades del Estado, se unificó la redacción de sus dos incisos “porque se referían al mismo tema”, como había sugerido el chubutense Mario País.

Giannettasio defendió el proyecto oficial. “La responsabilidad del Estado no se rige por normas privadas” y “la relación Estado-ciudadano tampoco se rige por el código que rige la relación entre pares”, sostuvo la diputada antes de afirmar que “el derecho administrativo es el que se para frente al Estado para evitar abusos”. También salió al cruce de quienes pusieron como ejemplo la tragedia ferroviaria de Once para la supuesta evasión de la responsabilidad estatal. Giannettasio sostuvo que el primer responsable es el concesionario, pero que el proyecto tampoco protege las responsabilidades del Estado ni de los funcionarios que no hayan cumplido con los controles que deberían realizar.

Hasta entonces, el grueso del abanico opositor se había manifestado en contra de la anulación de los artículos 164, 165 y 166, que la comisión redactora de juristas había incluido en la unificación de los códigos como legislación sobre la responsabilidad civil del Estado.

Para Carrió, el proyecto es “inconstitucional” porque “viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que posee jerarquía constitucional”. El macrista Tonelli aseguró que el propósito del oficialismo es “menguar y atenuar la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, reducir la posibilidad de demandarlo por parte de quien sufre un daño”. Más desafiante, su aliada Patricia Bullrich afirmó que la propuesta oficial obedece a una “concepción autoritaria del Estado que se siente por encima de los derechos de los ciudadanos”.