La organización Justicia Legítima reafirmó la necesidad de que se concrete la democratización del Poder Judicial y advirtió que la oposición a esa reforma “encontró diversos caminos para lograr mantener todo como estaba”. En un documento con críticas a la Corte Suprema de Justicia, en particular a su presidente, Ricardo Lorenzetti, y al Consejo de la Magistratura, el colectivo de funcionarios y trabajadores judiciales destacó que a 30 años del retorno de la democracia y a uno de la solicitada fundante de la agrupación “reafirmamos nuestra postura y reiteramos que mientras se pretende defender la mentada ‘independencia judicial’ los poderes reales siguen actuando al seno de las corporaciones en defensa de sus intereses”.

“La ansiada democratización del Poder Judicial, que pretendió iniciarse con las seis leyes sancionadas a principio de año, no parece destinada a concretarse”, arranca el documento. El primer ejemplo de oposición a la reforma apunta a Lorenzetti, quien “con el apoyo de algo más de veinte jueces, presidentes de cámaras nacionales y federales, logró mantener el manejo del presupuesto para la Corte”. La enumeración de obstáculos continúa con el fallo que “declaró inconstitucional la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura”, con la acordada del alto tribunal que dispuso “que no aplicaría la ley que dispone la publicación de las declaraciones juradas de los jueces”, decisión que “entorpece el trámite desalentando al más insistente”, y con otra acordada que “suspendió el procedimiento casatorio hasta que existan las cámaras pertinentes”, cuyo “proceso de creación no se vislumbra”.

Sobre la modificación del régimen de las medidas cautelares, hubo “múltiples amparos para neutralizar la ley”, que “se desarrollan con diversas suertes”, pero “atentan contra la seguridad de quienes deben embarcarse en un pleito”. La agrupación cuestiona que “no se terminó de elaborar” la reglamentación para el ingreso democrático al Poder Judicial. Sobre el fallo que declaró constitucional la ley de medios, lamenta que la Corte “tomó otros rumbos al dedicarse a los temas que suelen utilizar los medios de prensa para fustigar al Gobierno”. Cita como ejemplo “una acordada en la que convocó a los jueces penales a presentar en 90 días proyectos para acelerar los juicios penales” y un comunicado en el que solicitó al Poder Ejecutivo “más recursos para los tribunales del norte del país con el fin de combatir la narcocriminalidad”. Marcó el contraste entre ese interés con el nulo tratamiento de “cuestiones que afectan la vida de la gente” y citó como ejemplo la sentencia que declaró inconstitucional la expropiación de la fábrica IMPA, entre otras.

Por último cuestiona la “inactividad” del Consejo de la Magistratura al señalar que “no se avanzó en el diseño del perfil del juez, en el control de la gestión de los tribunales o en un estudio de lo que se requiere para poder dar respuesta al nivel de conflictividad que crece con el aumento de población”. Destaca la necesidad de “replantear las prácticas y costumbres que dificultan el acceso de la gente común a los poderes judiciales” y de “democratizar la Justicia para tener una democracia más justa”.