“El caso tucumano dista mucho de explicarse por un reclamo salarial justo, o por un contagio, o porque los policías estén cansados: ésas sólo fueron excusas”, asegura desde San Miguel de Tucumán Valentina García Salemi. Abogada en derechos humanos, querellante en los juicios de lesa humanidad que se realizan en la provincia, donde es secretaria de Derechos Humanos de La Cámpora, García Salemi habló con Página/12 sobre lo que dejó el autoacuartelamiento policial. Aseguró que los efectivos ya venían de negociar aumentos con la gobernación, y que la huelga y los saqueos, seguidos de la represión a los manifestantes en la Plaza Independencia, fueron por sobre todo una demostración de fuerza frente al gobierno provincial. Para la abogada, lo ocurrido obliga al Estado a ajustar el control civil sobre la fuerza y a encarar una reforma estructural de la institución.

–¿Qué vio sobre cómo se encadenaron la huelga y los saqueos?

–Comenzó el autoacuartelamento e inmediatamente aparecieron los saqueos. Hay barrios donde la gente cuenta que antes había pasado la policía “avisando” que podía haber saqueos. Es decir que no fue nada casual, sino una cosa dirigida. Nosotros ya hemos visto muchas veces en la provincia cuál es el nivel de manejo de la policía liberando zonas cuando tienen sus propias internas.

–¿Usted no cree que el reclamo salarial haya sido el único motor de la protesta?

–En la provincia se venían dando aumentos. Desde hace un año o dos atrás, grupos de autoconvocados tuvieron negociaciones salariales con el gobierno provincial y así, en dos o tres oportunidades, se les subió el sueldo. Es decir que si bien la discusión sobre cuánto debe ganar un policía existe y es real, en este caso ellos ya venían con aumentos. Claramente no había una situación de excusa salarial. Desde ese lugar, los que se autoacuartelaron tuvieron una posición extorsiva dejando al pueblo, a la gente, a merced de cualquier cosa. Hubo una lógica de, por un lado, sembrar miedo colectivo, lo que creó una situación muy complicada en términos de gobernabilidad. Por otro lado, creo que los policías buscaron mostrar qué fuertes son como institución. “Esto somos nosotros, y si queremos te jodemos el gobierno”. De ahí viene el análisis de lo que significa lo que pasó en términos democráticos. Ese fue el mensaje para el gobierno provincial, aprovechando el contexto de lo que pasaba a nivel nacional.

–¿Hubo muchos civiles armados?

–Muchísimos. Una de las consecuencias de esto es que se instaló esta lógica de autodefensa. Podría parecer un hecho solidario que los vecinos se junten para defenderse, pero en realidad lo que se genera es una situación de no ley. Y esto es muy riesgoso, pueden dispararle a cualquiera sólo porque les pareció sospechoso. Yo creo que la excusa del reclamo salarial no se sostiene, sobre todo si uno mira cómo negociaron extorsionando al poder político. Ahí sí, las autoridades trataron de no someterse, con todas las consecuencias que eso significaba: el nivel de violencia, los saqueos armados, el terror y el pánico en todas partes. Esto no exime al gobierno provincial de su responsabilidad por no haber tenido un control civiles más fuerte sobre la institución policial, que es una institución viciada, que viene con poca depuración desde la época de la dictadura.

–Se dice que hay barrios que están rechazando a la policía y no la dejan entrar a patrullar. ¿Es así?

–Sí, es real. Y eso que Tucumán es una provincia que eligió en plena democracia al genocida (Antonio Domingo) Bussi de gobernador, pero en este caso creo que la gente dijo hasta aquí llegamos. Todo lo que pasó nos tiene que servir para reflexionar sobre la institución policial, su relación con el gobierno civil y con el pueblo y, sin duda, para empezar a hacer reformas estructurales. Para dar un ejemplo, Tucumán tiene una ley orgánica de la policía que data del año 1972. Nos obliga a los que estamos comprometidos con la vigencia de los derechos humanos a hacer las autocríticas necesarias y empezar a pensar en reformas estructurales y en serie, esto es lo que se impone. Acá no hubo ningún reclamo salarial real, ésa fue una excusa; la policía puso al pueblo tucumano como carne de cañón. Por eso ahora está siendo tan rechazada, inclusive hasta por la clase media cacerolera.