“Porque tengo razón
Que no tengo razón
Que me falta un ojal
Que me sobra un botón.”

“El porqué”, José Larralde.

Es impropio hablar de balance cuando se está a mitad de mes y frente a hechos que se diseminan en muchas provincias. Nada está cerrado ni el cronista dispone de un panóptico que le permita ver todas las realidades con sus propios ojos. Pero sí es forzoso ensayar una mirada general de lo sucedido, sus causas, sus autores y sus primeras consecuencias evidentes y profundas.

En hechos sociales y políticos el orden de los factores altera el producto y es central para discernir responsabilidades y culpas. Esta vez, que no otras, el detonante único fue el accionar de las policías provinciales, que generaron desprotección y anomia en la mayoría de las provincias y en decenas de ciudades. El abandono súbito de la prevención y la disuasión, agravado por su exteriorización estridente propagada con alegría por los medios dominantes, buscó desestabilizar al poder político. El miedo se incentivó con operativos anunciando el caos inminente a los ciudadanos-vecinos.

Es prematuro concluir que se urdió una conjura previa así como es palpable que durante un tiempo cruel hubo coincidencias en los métodos, intereses objetivos idénticos, una alianza real de uniformados. Se movieron de consuno como asociación ilícita, más allá de si lo acordaron antes o después del comienzo en Córdoba.

La finalidad, parece, no fue golpista en sentido estricto porque se centraba en los reclamos gremiales pero se utilizó (y por ende se acicateó) el debilitamiento de los gobernantes electos. Se quiso sacar tajada desestabilizando al sistema democrático. Ninguno de los insurrectos tenía medida la dosis exacta que lo ponía en jaque sin generar situación de jaque mate.

El chantaje fue, pues, sedicioso en el sentido constitucional del término, implementado por grupos armados por el Estado para defender a la población. La conducta es imperdonable, la mayor responsabilidad en fuerzas militarizadas recae en sus cuadros superiores.

Sería, de todos modos, superficial omitir las hondas raíces históricas en que se asientan las novedades de estas semanas. Las relaciones perversas entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad vienen de lejos. La delegación del mando político en las autoridades policiales es una lacra vieja, muy expandida. El ahora diputado provincial y también académico Marcelo Saín no es el único que las viene describiendo y denunciando, aunque sí está entre los más constantes y agudos en el análisis. Su libro El Leviatán azul (publicado en 2008) da debida cuenta de los fenómenos. Un artículo muy reciente (aunque previo a la detonación de las sublevaciones en Córdoba), “Las grietas del doble pacto” (Le Monde Diplomatique de diciembre), puede parecer premonitorio: suelen serlo las detecciones de problemas crónicos que pueden y suelen agravarse. Lo que describe el sociólogo Saín son las transas entre gobernantes y policías por un lado, entre agencias de seguridad y delincuentes por otro. Una de sus sólidas e inquietantes hipótesis es que las autoridades legales han perdido terreno aun dentro de sus acuerdos espurios.

Las policías pactan con los delincuentes o delinquen tout court. En la coyuntura hay testigos presenciales que los vieron azuzando los saqueos, poniendo el cuerpo para incentivar el vandalismo en las zonas liberadas. El cronista recibió testimonios directos de habitantes de Tucumán y el conurbano que los vieron y los conocen. Con los recursos de comunicación que están al alcance de cualquiera, las palabras se completan con fotos o filmaciones. Las crónicas y las imágenes de otros territorios corroboran que el fenómeno fue muy vasto.

Las circunstancias socioeconómicas de la Argentina son otro factor presente, que ahora fue gatillado adrede pero que forma parte del inquietante contexto. La clase trabajadora ha mejorado sus standards de empleo, ingresos e inclusión pero la desigualdad se mantiene, dentro de un panorama distinto. La marginalidad sobrevive, el rencor y el consumismo también... la oportunidad los aguijonea.

En un modelo que promueve el bienestar y por ende el consumo, el consumismo y las fantasías aspiracionales inaccesibles están, valga la expresión, a la vuelta de la esquina. Los lazos comunitarios o los frenos inhibitorios se relajan ante estímulos ya repetidos. “Los que salen” son minoría pero el problema sociocultural que encarnan dista de ser irrisorio o mero producto de la manipulación.

Cualquier lectura o intento de solución que no pondere, sólo para empezar, todos esos factores estará condenado al fracaso. Aun sopesándolos bien, la solución es ardua e imposible de conseguir en plazos breves.

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Autoridad y demandas: La mayoría de los gobernadores no tenían legitimidad para enfrentar con firmeza a sus aliados de cinco minutos antes.

Ningún jefe policial intentó pactar con sus subordinados una tregua de dos o tres días para negociar en su nombre con los gobernantes un acuerdo digno sin ejercer el chantaje directo. Era una táctica imaginable en una “mesa de arena” pero no en la realidad. No podían intentarlo porque carecen de autoridad ante la tropa.

La paga es mala y se da por hecho que se complementa con cajas negras, que se distribuyen de modo desigual. Otro rebusque, no ilegal pero sí indeseable, es la profusión de tareas adicionales u horas extra. Como cualquier laburante, el policía tiene derecho a un sueldo digno. No es tal el que forzosamente exige integrarse con horas extra. La duración razonable de la jornada laboral es parte de los derechos básicos de cualquier trabajador. Someterlo a un régimen excesivo los damnifica amén de resentir su capacidad de actuar.

Las reivindicaciones podrán ser razonables total o parcialmente. Es insostenible que no existan cauces institucionales para canalizarlas. La sindicalización, un debate que rebrota por temporadas, es una hipótesis a explorar, aunque cuesta suponer que éste sea el momento, con el cuchillo en la garganta.

La normativa internacional vigente en la Argentina (artículo noveno del Convenio 86 de la Organización Internacional del Trabajo y artículo 6 del Pacto de San José de Costa Rica) exime a los estados miembro de la obligación de sindicalizar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero no le prohíbe hacerlo, lo que queda supeditado a los sistemas políticos y laborales nacionales.

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La desigualdad como clave: Ya se dijo, hubo zonas liberadas y complicidad policial en saqueos. Sería reduccionista sentenciar que eso es lo único que se vivió. Pequeños comerciantes de barrios humildes dan cuenta de conocer, por el trato cotidiano, a algunos de los que los saquearon.

Un dirigente baqueano de un movimiento social kirchnerista comenta que en Glew se combinó un corte de luz impiadoso (muchos bonaerenses estuvieron privados de corriente eléctrica durante días o semanas), con “pibes ligados al raterío y al bardo” de barriadas teñidas por la violencia. No percibió un activismo político importante.

La significación de la palabra “bardo” está cada vez más extendida. Grafica procesos sociales hondos y relativamente nuevos, merece más que un subrayado en esta columna.

O sea, también hay un componente social en todos los saqueos que se repiten, en el vaivén de coyunturas cambiantes. Su causa inicial ya no es el hambre sino, cabe razonar, determinantes más complejas. La chocante desigualdad con los estamentos más ricos de la sociedad es una de ellas. El mejor abordaje sobre el punto fue una intervención del antropólogo Pablo Semán. Fijaba su mirada en Córdoba, con su continuo de riqueza arrogante y pobreza, pero al pintar la aldea describió un universo más vasto.

Otro aspecto denso es la desigualdad dentro de la propia clase trabajadora. El crecimiento conjunto de los primeros años del kirchnerismo ayudó a enormes masas a salir del infierno pero ni aún entre ellos la distribución fue igualitaria. Luego, se estancaron mejoras relevantes y conseguidas merced a decididas políticas públicas. La persistencia de un tercio de la clase en el empleo informal es, quizá, la más impactante. Hay dos tercios de trabajadores sindicalizados, cuyo salario pulsea año a año con la inflación, mientras tienen vacaciones pagas, aguinaldo y obra social. El resto changuea, la pasa peor en los momentos de baja de la actividad, no todos cobran todos los meses.

Según pasan los años, los mejor posicionados se convierten en pequeños propietarios, de autos o hasta de viviendas modestas. El gap con sus pares se ahonda, con su carga de resentimientos, roces y suspicacias. Hay intérpretes kirchneristas o afines que traducen ese proceso complejo como el acceso a la clase media, insolidaria y hasta potencialmente “gorila”. De todo hay en las viñas del Señor pero lo principal no es eso sino la acentuación de asimetrías que agravan la desigualdad, problema más intrincado y presente que la exclusión estricta.

Por las dudas, se insiste: en este diciembre no hubo estallido social. Pero si se reformularon (y ojalá que no pase) podrían repetirse prácticas instaladas en grupos sociales vulnerables, insatisfechos. La bronca acumulada es un factor de riesgo, los intendentes y gobernadores lo saben por eso precavían los saqueos antes de la barbarie policial.

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Sistema, Estado, Gobierno: El pico más alto de los conflictos, por ahora, coincidió con la evocación de los 30 años transcurridos desde la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Se decidió mantener los festejos centrales, una decisión difícil que el cronista considera correcta. El discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los actos en el Museo del Bicentenario y en la Plaza histórica se resignificaron. Conjugaron la alegría con la preocupación, la crítica a los desestabilizadores. Y pusieron de manifiesto que la movilización es siempre una herramienta válida. Las palabras de los músicos e intérpretes populares también describieron la contingencia y tomaron partido.

El cronista, que ya escribió argumentos parecidos, recibió mails críticos de lectores y lectores de este diario. Mayormente viven en Tucumán y censuraron la fiesta por desaprensiva y hasta por tener un tufillo unitario. Su pensamiento es digno de ser consignado y respetado, así no se comparta. Prueba lo compleja que es la sociedad y que es imposible tomar decisiones plenamente satisfactorias (aun para los que piensan muy parecido) en un contexto desdichado.

La trama de complicidades en torno de “la Seguridad” es añeja. Destrabarla insumirá años, si es que se emprende un buen camino. La democracia en ínsitamente reformista y trabajosos sus trámites institucionales. Todo modo, es el marco irrenunciable.

En los encendidos debates de la etapa se confunde (a menudo de mala fe) al Gobierno con el Estado. Hoy día hubo quienes se regocijaron con ataques al sistema, aduciendo que sólo tenían por destinatario al Gobierno, que la encarna parcial y transitoriamente.

Defenderlos es el deber de todos los ciudadanos. La celebración de los 30 años ganados abarca a una generación que vivió toda su existencia en democracia. Alegrarse tiene sentido sólo a condición de proponerse que la llama siga activa para otras generaciones y que el sistema ahonde los avances y repare las necesidades pendientes, que son muchas. El progreso no está garantizado por la democracia, pero sin ella es inimaginable.

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