El juzgado de Daniel Rafecas terminó de pulir un listado unificado de víctimas judicializadas del Primer Cuerpo del Ejército que puede ser clave para pensar alguno de los modos de reorganizar la enorme masa de información que está generando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de casi diez años. La lista reúne 1720 nombres de varones y mujeres, fechas de secuestro, liberación o desaparición y tramo judicial en el que están incluidos. No más. Pero es el primer listado del tipo, es el primero que hace la Justicia y es una metodología muy esperada por quienes trabajan sobre los crímenes de la dictadura. Entre los muchos ingresos posibles, la lista permite comparar datos que parecen simples, como viejos y nuevos nombres de víctimas o la evolución del proceso de justicia. Lo más interesante de todos modos es que la lista también es un dato en sí mismo y el énfasis puesto en la recuperación de los nombres también habla de los potentes efectos de estos juicios.

Lorena Balardini es coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, socióloga y experta en datos. “Mas allá de esta lista en particular, el hecho de que exista una información sistematizada sobre los universos de víctimas que están siendo objeto de causas judiciales es algo fundamental a nivel de construcción de verdad sobre los hechos”, señala. Los listados de víctimas de la dictadura que fueron elaborados históricamente a partir del trabajo de la Conadep, sus actualizaciones posteriores y aquellos registros sobre los que trabajan áreas de la Secretaría de Derechos Humanos no están actualizados ni cruzados con la información que todos los días generan los juicios que se llevan adelante. En ese contexto, señala Balardini, iniciativas como las de Rafecas parecen centrales y sobre todo muy necesarias de reproducir. “Los juzgados saben quiénes son sus víctimas y les sería muy sencillo facilitar esa información para poder reunirla”, señala la experta. “La Corte Suprema, por ejemplo, podría instar a los juzgados a reunir esa información que podría compilar el Poder Judicial o el área de crímenes de lesa humanidad de la Procuración. Sería cuestión de que los actores principales discutan para ponerse de acuerdo cómo llevar eso adelante”. Esto lo tienen otros países como Chile o Perú, pero la Argentina, que aparece como uno de los lugares con los procesos más avanzados, aún no lo hace.

El camino

Una de las cosas más interesantes que muestra la lista del juzgado es que de alguna manera es uno de los efectos o productos de los diez años de reapertura de las causas. El CELS, por ejemplo, señala que en este momento hay entre 350 y 400 causas más o menos grandes abiertas en todo el país. El número no incluye pequeñas causas, como las que se abrieron al comienzo organizadas en torno de una víctima o un represor, de las que pueden llegar a haber miles y miles. En general, son causas más grandes e incluyen las llamadas megacausas, que se multiplicaron en los últimos años: están los casos de ESMA III, Arsenales, La Perla, Circuito Camps, entre otros. El número, además, contempla las denuncias que ya llegaron a convertirse en casos con procesados. Y en el total muchas se hallan en etapa de juicio oral. Uno de los primeros datos que se advierten de los juicios es que están produciendo mucha y variada cantidad de información distinta a la de otras etapas, mucha sobre las víctimas, información que no se conocía y que no estaba sistematizada.

Balardini señala, por ejemplo, que hay víctimas que declaran por primera vez o dan cuenta de otros compañeros vistos en centros clandestinos de los que no habían hablado. En el juzgado de Rafecas señalan que hay causas en las que “aparecen víctimas todo el tiempo”. A esa lista informal se puede agregar que también varió el tipo de organización de los juicios para producir esa información, como el debate sobre la ESMA, por ejemplo, cuyas líneas de investigación intentan reconstruir cómo eran los grupos de militantes para saber quiénes más pudieron haber sido secuestrados o desaparecidos en los mismos períodos.

En ese contexto, la información que aparece es rica. “Hay mucho conocimiento de que se está construyendo sobre las militancias políticas, pero también hay otras cuestiones como el tema de las profesiones, ocupaciones, la cuestión campesina u obrera, por mencionar algunas”, agrega Balardini. “La cuestión campesina, por ejemplo, solió ser investigada desde las Ligas Agrarias con la impronta política de esa organización, pero qué le pasó al campesinado medio con la represión ahora podemos saberlo por lo que está saliendo en el juicio de Tucumán, el Operativo Independencia llega a ese universo de víctimas”. Las razones de qué es lo que hace que ahora aparezcan estas cosas en los relatos o estas búsquedas seguramente son muchas, pero Balardini menciona que esto también puede leérselo como resultado de la consolidación y expansión del proceso de justicia, no sólo en el tiempo, sino también a lo largo del territorio.

La extensión

“La Conadep funcionó por un período acotado, tanto en términos temporales como territoriales –dice Balardini–, porque si bien sus integrantes viajaron a las provincias, el funcionamiento de la comisión fue breve para el proceso de justicia. Los abogados y funcionarios del interior, sobre todo, dicen que aunque se hicieron viajes la idea de que hubiese habido una comisión bicameral o comisiones legislativas habría sido importante por la extensión en el tiempo. En muchos lugares este tema empieza a convertirse en tema de agenda una vez que empiezan los juicios. Estela de Carlotto, de hecho, dijo justamente días pasados en Página/12 que las organizaciones bregaban en ese momento por la bicameral para que durara más tiempo el proceso y por ende para llegar a más gente.” En ese contexto se expandieron los escenarios de los juicios en los últimos años. Hay otra información y otras prioridades. Y también cambió la necesidad de organizar esa información. Y la mirada sobre lo que se estaba produciendo. En la etapa Conadep y post Conadep, sigue Balardini, se trabajaron las identidades de las víctimas, pero luego los contextos de impunidad y los nuevos juicios hicieron que se priorizaran la búsqueda y visibilización de los represores. El CELS, por ejemplo, que se dedicó a hacer un seguimiento de la evolución de la información sobre los juicios desde la reapertura, miraba en el comienzo elementos que también sirven para ver cuáles eran las prioridades. “En general, el relevamiento seguía la impronta de los ’80 –dice Balardini–: producir información sobre los responsables. Y en ese momento era quiénes eran, en qué causas, qué rangos tenían. Se miraba si eran rangos medios, altos o bajos. Se intentaba entender el mapa de los procesos”. Hoy, señala, con la multiplicación de causas, ocurrieron dos cosas. Hay un Estado que “afortunadamente” comenzó a producir datos de seguimiento de las causas, a través de la Procuración entre otras áreas. Y por otro lado, desde el CELS notan que ellos mismos también analizan otras cosas como el universo de las víctimas, ya sea como producto de la extensión en el tiempo de los juicios o porque hay algo de las prioridades que cambiaron con la consolidación de esta etapa. “Podemos pensar que como la información fluye en cierta manera respecto de los responsables, las cadenas de mandos, los roles, las fuerzas; lo que faltaba ahora era empezar otra vez por el comienzo, volver a las víctimas y ver por todas esas líneas que se habían iniciado.”

La intuición

Seguramente el reingreso no será el mismo de la Conadep. Allí está el tema de las militancias políticas y cómo son replanteadas y reconstruidas en los juicios orales para probarlo. El caso del listado de Rafecas mientras tanto muestra otras funciones de las muchas posibles, y da cuenta de esa experiencia de trabajo. Rafecas empezó a elaborar el listado hace meses con gente del juzgado. Les llevó mucho tiempo depurar datos repetidos y establecer el modelo. El juzgado publicó una primera versión en la web de la Corte y la nueva versión con 20 nuevos casos está concluida “en un 90 y 95 por ciento”. “Hace meses estamos trabajando en esto, lo impulsé directamente yo con la intuición de que era absolutamente necesario un listado de víctimas dado que puede abrir líneas de trabajo de justicia, pero también en términos de verdad y de memoria”, señala el juez. “Además lo pensamos como una plataforma y una herramienta de trabajo para investigadores locales e internacionales que quieran proyectar la información de manera sistemática para trabajar distintos aspectos como género, tiempos de detención, estratos sociales, intencionalidad del terrorismo de Estado a lo largo de los años, porcentaje de detenidos-desaparecidos o asesinados o hasta indagar sobre el carácter antisemita de la represión en un contexto como el Primer Cuerpo en el que fue importante”. Los datos son públicos. “A pesar de los errores está allí, hay nombres a lo mejor que están tomados como apellidos y se repiten, pero el listado como punto de partida está listo, es oficial, y en un 90 o 95 por ciento está concluido”. La lista incluye cuatro columnas: nombre, fecha de secuestro, fecha de liberación o desaparición y el nombre del tramo judicial en el que la persona aparece como víctima. Allí se aclara si está mencionado en un tramo o en varios. Los tramos son los nombres con los que suelen conocerse las causas: jefes de Area, Videla, o la de los centros clandestinos como Cuatrerismo o Atlético-Banco-Olimpo, entre otros. “No se multiplica a la víctima, sus nombres en ese sentido fueron y vinieron varias veces hasta que encontramos el mejor modelo que apareció. Yo quería que estuviera organizado por nombre de víctimas y abecedario, para que no sólo sea útil en el juzgado, sino para otras personas, agencias del Estado, organismos de derechos humanos, periodistas, académicos”.

Uno de los trabajos que Rafecas personalmente ya empezó a hacer con el listado es el cotejo de los nombres con la lista de víctimas inscriptas en el Parque de la Memoria. “Esto para mí es fundamental”, dice. “Cotejar nuestro listado de desaparecidos/asesinados con el listado del Parque, con que de ese cotejo surja un nombre que no está allá, el esfuerzo habrá valido la pena”. En ese sentido, en los últimos días pidió al Parque la lista oficial. Está convencido de que hay varios nombres, entre ellos extranjeros y de personas de pueblos más chicos, que en su momento no fueron denunciados y esos nombres surgieron ahora. También señala otros espacios, como la causa de Coordinación Federal, donde no dejan de sumarse víctimas. “Lo que digo siempre en el juzgado es que no-sotros tenemos un compromiso con la cuestión de la justicia, pero también con la verdad y la memoria. Este listado con la depuración va en ese sentido”.