El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a prisión perpetua a cuatro miembros del Ejército por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Otros tres represores recibieron penas de entre tres y once años, en el segundo juicio por los crímenes del terrorismo de Estado en el ex V Cuerpo del Ejército. El tribunal, a pedido del Ministerio Público Fiscal, ordenó que se investigue la responsabilidad del ex juez provincial Francisco Bentivegna y declaró la nulidad de la sentencia de un denominado Consejo de Guerra que en 1976 “condenó” a tres hombres previamente secuestrados y torturados en el centro clandestino La Escuelita, que funcionó al fondo de la unidad militar. Los jueces José Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava también le pidieron al jefe del Ejército, general César Milani, que ordene la presentación ante la Justicia del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, quien se escapó semanas antes del comienzo del juicio y por cuya captura se ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

“¡Digan dónde está mi hermano!”, imploró a los condenados Adriana Metz, hija de los detenidos desaparecidos Raúl Metz y Graciela Izurieta, quien dio a luz un niño en cautiverio que todavía no conoce su identidad. El grito desesperado que también retumbó en la sala en septiembre de 2012, cuando concluyó el primer juicio a represores bahienses, tuvo esta vez como especiales destinatarios a ex guardias de La Escuelita que han dado indicios de conocer esa información, pero que no rompieron el pacto de silencio durante los seis meses que duró el proceso.

La lectura del falló estuvo a cargo del pampeano Triputti, secundado durante el proceso por sus pares Ferro, camarista de Mar del Plata, y Bava, juez federal de Azul, quienes debieron integrar el tribunal bahiense para garantizar la imparcialidad que no brindaban sus titulares. Las penas a prisión perpetua, que se celebraron en la sala y también en la calle, fueron para Carlos Andrés Stri-cker y Alejandro Osvaldo Marjanov, ex segundos jefes del Batallón de Comunicaciones 181, por donde pasaron cientos de secuestrados; la misma pena recibieron dos baqueanos del Ejército que oficiaron de guardias de La Escuelita: Felipe Ayala, que ante los cautivos se hacía llamar Chamamé, y Bernado Artemio Cabezón.

A once años de prisión fue condenado Fernando Videla, ex jefe de la unidad de Junín de los Andes de la que provenían los guardias y que estuvo en comisión en Bahía Blanca durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado. El coronel retirado Ernesto José Fidalgo fue condenado a tres años y cinco meses de prisión por su actuación como vocal en el Consejo de Guerra Especial Estable de la subzona 51 al que fueron sometidos Pablo Bohoslavsky, Julio Ruiz y Rubén Ruiz. El teniente retirado Ricardo Claudio Gandolfo fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el secuestro de Hugo Barzola, el 20 de julio de 1976. Gandolfo condujo al secuestrado encapuchado y apuntándolo a dependencias del V Cuerpo, donde estuvo 52 días en cautiverio.

“Se demostró la responsabilidad penal de todos los imputados”, destacó el fiscal federal José Nebbia, que compartió la acusación pública junto a Miguel Palazzani. “Vamos a esperar los fundamentos para analizar el motivo de las penas bajas y seguramente apelaremos porque consideramos que este tipo de delitos, cometidos desde el Estado, deben ser castigados con las penas máximas. Pero el balance es positivo, todos los condenados tuvieron responsabilidad en los delitos por los que fueron juzgados”, explicó.