La discusión penal por el nombramiento de fiscales subrogantes y ad hoc parece estar en vías de extinguirse, o al menos quedó acotada. En una misma resolución, el juez Sebastián Casanello rechazó la recusación del fiscal Guillermo Marijuán, quien podrá seguir interviniendo en la causa, y a la vez sobreseyó a 38 funcionarios del Ministerio Público cuyas designaciones estaban cuestionadas. A la procuradora general Alejandra Gils Carbó la libró de cargos por todos esos casos, aunque seguirá investigada por la creación de la procuraduría antilavado (Procelac), al igual que quien puso como su titular, Carlos Gonella.

La causa se abrió con una denuncia del senador radical Mario Cimadevilla, que objetaba las designaciones como auxiliares o suplentes de quienes no tenían nombramientos con acuerdo del Senado. El tema fue presentado como un ataque a Gils Carbó, y objetaba también la creación de unidades especializadas de investigación como política de la Procuración, cabeza de todas las fiscalías. Uno de los disparadores de la polémica había sido la intervención inicial de la Procelac en el caso de Lázaro Báez, del que Marijuán, además, es fiscal. La discusión alentó, en otro plano, una vieja batalla de las defensas de acusados por crímenes dictatoriales basada en atacar a los fiscales interinos o ad hoc en algunas provincias donde todo el mundo está excusado y sin cuya presencia los juicios no se pueden hacer.

Marijuán, en un comienzo, impulsó la investigación de todo el paquete de la denuncia que incluía a 39 fiscales, incluyendo a Gonella y todas las unidades especiales. Pero Gils Carbó lo recusó, al señalar que no había incluido la unidad de la que él es titular desde 2002, la Ufises, de delitos de la seguridad social. Y que eso demostraba una falta de objetividad y un interés personal.

En una audiencia oral que se hizo en el contexto de la causa, dos semanas atrás, Marijuán dijo que él no tenía ninguna intención de perjudicar la actuación de los fiscales en los juicios de lesa humanidad y que el objeto de su investigación no son “las unidades especiales ni quienes iban a subrogar a algún fiscal que había dejado de estar en funciones”, sino “la designación como fiscal titular de la Procelac de una persona que no era fiscal”. Así, Marijuán hacía un recorte de su imputación inicial, que pasó a limitar a Gonella, bajo la hipótesis de que se creó un cargo para él, es decir que no reemplazó a nadie y quedó al frente antes de recibir acuerdo del Senado como fiscal (ahora lo es).

Casanello ya había archivado la causa hace tiempo, pero la Cámara Federal ordenó reabrirla. El sobreseimiento que dicta ahora está basado en el propio planteo de Marijuán. “El fiscal –dice la resolución– excluyó de toda sospecha al resto de designaciones de fiscales reemplazantes, entre ellos los ad hoc y los nombrados para intervenir en las persecuciones por delitos de lesa humanidad.” También alude a un fallo reciente de la Cámara de Casación, que respaldó a Gonella en un juicio de lesa humanidad en La Rioja. “A tiempo despejó el riesgo de escándalo jurídico que implicaba someter a juicio penal a representantes del Ministerio Público Fiscal cuya actuación en la mayoría de los casos había sido oportunamente revisada y ratificada por la jurisdicción”, dice el fallo. A la vez rechaza la recusación de Marijuán porque “no se ha podido demostrar una pérdida de objetividad”.

En la Procuración rescatan que la resolución “reconoce la facultad de crear procuradurías”. “La situación de Gonella y la Procelac, a nuestro entender –dice Lisandro Pellegrini, secretario de Coordinación Institucional–, no se diferencia en nada de la de otros funcionarios sobre los que se dictó sobreseimiento.”