El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó que está “a favor de la democracia plena y la libertad de expresión sin restricciones de ninguna naturaleza”. Con esta declaración se tomó distancia del revuelo desatado por la interpretación mediática de una presentación de los abogados del empresario Lázaro Báez para que ningún medio de comunicación pueda publicar información obtenida ilegalmente sobre sus empresas y su vinculación con el fallecido presidente Néstor Kirchner y la actual mandataria Cristina Fernández de Kirchner. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli,ya difundió dos comunicados destinados a discutir y desmentir esa información.

“Más democracia, más libertad, eso es lo que tenemos que tener”, indicó Capitanich, quien consideró que esto se debe cumplir “aun cuando medios de comunicación y periodistas hacen de la difamación y el agravio, junto con dirigentes políticos, una estrategia que tiende a socavar la legitimidad del sistema democrático”. El ministro coordinador volvió a desmentir lo publicado por La Nación: “En la declaración jurada impositiva de la presidenta de la Nación está perfectamente identificado el origen de cada uno de los fondos en virtud de la generación de los mismos. Eso está debidamente aclarado en un comunicado, no tengo más nada que agregar”. Ante la insistencia, Capitanich afirmó: “Respecto del tema de la cuestión que incumbe a la declaración jurada de la presidenta de la Nación, la misma ha sido aclarada mediante un comunicado público. Es una cuestión que tiene que ver con estrictas condiciones de transparencia. Está perfectamente identificada y no incluye ningún esquema de incompatibilidad de ninguna naturaleza”.

En la presentación judicial que hizo, Báez acusó al periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, de publicar documentación que vulnera su privacidad, “todo ello para continuar con el hostigamiento mediático al que diariamente me somete su empleador”. Desde el Gobierno, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que esos alquileres “son acuerdos privados entre personas” y que “fueron declarados” por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en sus respectivas presentaciones juradas ante la AFIP. Sobre la denuncia judicial de Báez, Capitanich reiteró: “No incumbe al jefe de Gabinete de Ministros opinar respecto de las conductas privadas de cada una de las personas. Es una cuestión concreta de un empresario con la Justicia”.

“Le doy mi opinión personal: estoy a favor de democracia plena, libertad de expresión sin restricciones de ninguna naturaleza. Esa es mi posición, la ha sido siempre. He sido objeto de injurias, agravios, calumnias y respeto la libertad de expresión aun cuando me agravian, aun cuando me calumnian, aun cuando me difaman, porque tengo la convicción de mi buen nombre y honor y lo puedo defender y lo he defendido ante la Justicia.”

Por otra parte, sobre las críticas de la Pastoral Social al “saqueo de los corruptos” (sin dar mayores precisiones), el jefe de Gabinete observó que “siempre se habla de corrupción política y nunca se habla de corrupción empresarial”. “Es muy bueno pensar una interpelación a la ética, y como católico practicante, le pido a la Santa Iglesia Católica que pongamos en el debate la corrupción empresarial”, afirmó. El ministro coordinador argumentó que “la inclusión social en los últimos diez años ha sido claramente un éxito”, al mejorar la situación de “11,6 millones de argentinos”, generando “un sistema de seguridad social robusto”, con una inversión “del 12 por ciento del PBI del país y que ha merecido el reconocimiento internacional”. Y destacó que “también ha sido una herramienta eficaz para promover el crecimiento económico”.