El decreto 431 que dispuso la nulidad insanable del pago ordenado por la ex liquidadora de ENTel María Julia Alsogaray a los testaferros menemistas del Grupo Meller es la conclusión de un expediente iniciado por el Ministerio de Economía y sigue punto por punto sus recomendaciones. Por eso, además de las firmas del presidente Néstor Kirchner y el jefe del gabinete de ministros Alberto Fernández, también lleva la del ministro de Economía Roberto Lavagna. Este es un buen ejemplo de que las discrepancias entre Lavagna y otros sectores del gabinete son menos severas de lo que algunos interesados en el desequilibrio de todo el gobierno desearían.
En la historia de la deuda inventada del Estado con los cajeros del menemismo aparecen y reaparecen personajes emblemáticos. A fines del pasado la mayoría automática de la Corte Suprema había fallado a favor del Grupo Meller, en un proceso escandaloso que ahora es parte en el juicio político contra Eduardo Moliné O’Connor. Este diario informó de la resolución en cuanto se produjo. La nota del domingo 17 de noviembre se tituló “Fondos de campaña. Oportuno aporte del cardumen menemista”. El viernes 22, la Oficina Anticorrupción solicitó a Lavagna que no efectivizara el pago. La nota del domingo siguiente “Contra reloj. ¿Quiere usted aportar a la campaña de Menem” enumeró las ilegalidades que habían conducido a ese resultado y concluyó: “La causa penal corresponde a la Justicia, pero en manos de Lavagna está ahora disponer que por una vez el crimen no pague”.
El ministro de Economía siguió las recomendaciones de la Oficina Anticorrupción. La Oficina Nacional de Crédito Público objetó la emisión de Bonos de Consolidación de Deuda para pagarle a los Meller y la Unidad de Auditoría Interna sostuvo que la cancelación de la deuda con esos bonos al valor de mercado y no al nominal era ilegal. Pero el 10 de junio de este año, el juez federal en lo contencioso administrativo Sergio Fernández intimó al Estado a pagar al Grupo Meller, bajo apercibimiento de una multa de mil pesos diarios. El ministerio de Economía recurrió en queja a la Cámara. Hace siete años el Colegio de Abogados de Buenos Aires y un estudio jurídico denunciaron que en un juicio con la Secretaría de Energía a la empresa chilena Central Puerto le habían pedido dos millones de dólares por una sentencia favorable de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Su secretario era Claudio Fernández, quien coaccionó a los empleados del tribunal para que no revelaran su amistad con uno de los chantajistas. El tercer hermano, Javier Fernández, fue secretario en la Corte de Adolfo Vázquez, el ministro contra quien más avanzó una investigación judicial por corrupción. Antes cumplió la misma tarea con Rodolfo Barra, el autor del dictamen que Alsogaray invocó para pagarle a Meller pese a la disposición en contrario de la Procuración del Tesoro. Javier Fernández fue grabado haciendo gestiones por su hermano en dificultades. El entonces juez federal Gabriel Cavallo procesó a Claudio Fernández y embargó sus bienes. Pese a ello, el entonces presidente de la Corte Julio Nazareno delegó la investigación en la propia Sala incriminada. Esto impidió saber por qué la mayoría de las causas falladas en el juzgado de Sergio llegaban en apelación a la sala de Claudio. Hoy Javier Fernández es uno de los miembros del colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación, dónde desembarcó de la mano de Barra.
El 1º de julio, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani ordenó a Economía que no pagara los 400 millones de pesos en bonos al Grupo Meller, que Alsogaray les había concedido por la impresión de guías telefónicas en 1988 y 1989. El 22 de julio la Dirección de Asuntos Jurídicos de Economía dictaminó en ese sentido y el decreto presidencial se firmó el 25. El artículo 1 del decreto que declaró la nulidad de la resolución de Alsogaray reproduce enforma textual las conclusiones del capítulo VIII del dictamen jurídico de Economía, firmado por Eduardo Peró y Osvaldo Bisset. También acompañaron el anteproyecto de decreto y sugirieron poner las actuaciones a consideración del Procurador del Tesoro de la Nación.
Lavagna parecía el ala izquierda del gobierno de Duhalde y ahora parece el ala derecha del de Kirchner, si es que esas definiciones significan algo. Pero de allí a las fantasías de una confrontación que termine con el alejamiento de Lavagna y su reemplazo por el ministro de Planificación Julio De Vido hay un largo trecho. No es probable que alguien del entorno patagónico albergue propósitos de recorrerlo. La evocación de la táctica de desgaste que Carlos Menem inició luego de ser reelecto con su superministro Domingo Cavallo no tiene asidero en ningún dato de la realidad.