Si es por la Corte Suprema, el Gobierno tendrá que esperar un buen rato hasta que llegue una definición sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En un comunicado inusual, con un mensaje dirigido a la Casa Rosada, los supremos rechazaron toda “presión” para pronunciarse rápidamente sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y anunciaron que se tomarán “los tiempos que consideren necesarios” para eso. Ayer estuvieron reunidos durante un record de cuatro horas y media y discutieron alternativas, pero quedó en evidencia que por ahora es imposible que haya una mayoría de cinco votos para dictar un fallo. Esperarán que en septiembre se incorpore al tribunal el penalista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien podría inclinar la balanza.
La semana pasada el presidente Néstor Kirchner dijo por primera vez, abiertamente, que cree que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura deben ser juzgados en la Argentina, lo que requeriría la anulación de las leyes de impunidad. A aquel mensaje, orientado hacia Congreso y la Corte, se fueron sumando sucesivamente y en el mismo sentido más voces del gabinete. Los jueces del alto tribunal se pusieron a debatir el tema en su reunión de ayer y, al margen de las cuestiones jurídicas propiamente dichas, acordaron difundir un texto a modo de respuesta que mostrara que están sumergidos en el análisis de esas normas pero que no van a dejar que los otros poderes políticos les impongan la agenda ni el ritmo (ver aparte).
Cuando salió por la mañana de su casa, el presidente interino de la Corte, Carlos Fayt, dijo entre flashes y micrófonos que se respetará “la regla de los nueve” –es decir que el tribunal esté completo– para resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes del perdón, porque eso es lo que siempre intentan cuando hay causas de alto impacto en juego. La realidad es que Sus Señorías necesitan tiempo para dictar sentencia porque no hay ninguna postura que logre consenso interno. Quieren esperar a Zaffaroni en parte por respeto a él y otro tanto para propiciar la conformación de una mayoría. En el encuentro de ayer, además, no faltaron comentarios sobre las posibles nuevas vacantes que se sumarían a la que dejó Julio Nazareno si el Congreso sigue avanzando con los pedidos de juicio político, como parece que ocurrirá. Aunque se mencionó esa situación como un factor que también complica la unificación de alguna posición, no se habló de nombrar conjueces.
Durante el plenario, Antonio Boggiano, con apoyo de Juan Carlos Maqueda, planteó que el tribunal debería dictar sentencia y fijar un criterio de fondo antes de que avancen los juicios de las 46 extradiciones que tramita el juez español Baltasar Garzón. Los demás jueces no quisieron poner el pie en el acelerador y la realidad es que el proceso de extradición puede llevar varios meses. “Preferimos la prudencia y el debate racional. No hay que dejarse apurar ni por el Gobierno ni por los medios ni por nadie”, dijo un ministro. Boggiano propone como sistema que, igual que en la Corte norteamericana, las grandes cuestiones se discutan directamente en el acuerdo semanal de los jueces y se firmen ahí.
Enrique Petracchi propuso durante la reunión que los expedientes sobre las leyes sean enviados a la Cámara de Casación Penal, una instancia que nunca se expidió al respecto. Adolfo Vázquez, Guillermo López y Fayt coincidieron con él, pero el quinto voto nunca apareció. Entre los jueces restantes surgió un reproche: era lógico girar los expedientes al tribunal de casación apenas entraron a la Corte, hace un poco más de un año, pero ahora sería sólo un nuevo factor de dilación, fue el planteo. Esa instancia se podría saltear ahora, explicaron funcionarios del tribunal, ya que hay 41 represores presos preventivamente.
Por ahora, los ministros dispuestos a dictar la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son Boggiano y Maqueda, que están encaminados en dos proyectos diferentes pero en ese mismo sentido. Augusto Belluscio, Fayt y Petracchi ya en 1987 ratificaron la validez delas leyes y no estarían dispuestos a cambiar de postura. Cuando todavía reinaba Nazareno entre ellos, Eduardo Moliné O’Connor, Vázquez y López le habían manifestado su apoyo a un proyecto para afirmar la constitucionalidad. Moliné parece el más firme en esa idea, aunque una versión señala que mientras esté sometido a enjuiciamiento en el Congreso no quiere pronunciarse en ninguna causa trascendente. Ayer se mantuvo bastante callado ante sus pares, aunque se levantó de su silla mullida sólo cuando hablaron de los recursos (uno de queja y otro extraordinario) presentados por el ex juez Luis Leiva contra la decisión del jury que lo destituyó, que encabezaba Moliné. Por ese tema por el cual el dirigente de tenis tiene que dar explicaciones mañana ante la Comisión de Juicio Político.
Igual que el año pasado, Vázquez les dijo a sus colegas que para él es difícil ponerse a analizar asuntos de índole política cuando no sabe si puede ser el próximo en ir a juicio político y su independencia se ve condicionada. Este supremo, además, arrastra un escándalo agregado: haberle dicho en febrero al obispo castrense Antonio Baseotto que la Corte validaría las leyes para afirmar el perdón a los genocidas.
“Estamos lejos de los cinco votos”, insistían ayer en la Corte, y prometían encerrarse a elaborar proyectos e intercambiar idea. El Gobierno se mantiene atento a ver cuál es la reacción en el tribunal si el Congreso anula las leyes.