”A partir de este momento esperamos que el juez dicte cuanto antes la demanda extradicional que se remitirá al gobierno español, que a su vez lo hará llegar cuanto antes al gobierno argentino”, afirmó Manuel Ollé, abogado de las Madres de Plaza de Mayo tras entregar al juez que reemplaza a Baltasar Garzón el escrito en el que pide, junto a la Acusación Popular, la extradición de 26 represores argentinos, entre ellos, Antonio Domingo Bussi y Alfredo Astiz.
Garzón debe enviar a más tardar a principio de septiembre el pedido de extradición de los primeros acusados que fueron arrestados por el juez Rodolfo Canicoba Corral por orden de Garzón. Antes, solicitó a la fiscalía y a los querellantes que den su opinión.
La Acusación Popular entregó ayer al juez Fernando Andreu, que sustituye a Garzón durante sus vacaciones, un informe de petición de extradición para 25 militares y un civil, cuya detención fue notificada oficialmente por la Justicia argentina a la Audiencia Nacional de España. Una vez que Garzón firme la solicitud para que los represores sean enviados a Madrid para ser juzgados por genocidio, terrorismo y torturas, la documentación deberá recorrer las oficinas de las cancillerías de España y Argentina. Ollé recordó que, una vez que el Ejecutivo español reciba los papeles, su misión será “la de actuar de mero mensajero, ya que lo contrario sería una intromisión grave e ilegítima en el Poder Judicial”.
El escrito de los abogados de las organizaciones de derechos humanos recordó que los 26 represores, que fueron detenidos entre el 24 y 26 de julio pasado, han sido procesados por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo y que la demanda de extradición se ajusta a los tratados de asistencia judicial hispano-argentina en materia penal. Se señaló además que las detenciones se realizaron en cumplimiento de los requisitos establecidos por dichos acuerdos, ya que los delitos que se les imputan a los acusados están previstos en los convenios multilaterales firmados por ambos países y que se trata de crímenes políticos, que el juzgado reclamante tiene competencia para juzgar a los militares y que constan todos sus datos de identidad, nacionalidad y residencia.
La nómina de los 26 detenidos reclamados en este primer pedido de extradición incluye al abogado Gonzalo Torres de Tolosa y a los militares Alfredo Astiz, Ernesto Frimón Weber, Armando Lambruschini, Pablo García Velazco, Carlos Capdevilla, Carlos Pazo, Antonio Pernías, José Isaac Anaya, Luis María Mendía, Jorge Perrén, Carlos Davidou, Miguel Angel Donda y Basilio Lami Dozo. También figuran Omar Domingo Rubens, Héctor Schawab, Julio César Coronel, Juan Carlos Trimarco, Albino Zimmerman, Augusto Neme, Luciano Benjamín Menéndez, Ramón Genaro Díaz Bessone, Antonio Domingo Bussi, Jorge Olivera Rovere, Roberto Heriberto Albornoz y Juan Antonio Azic.
La Acusación Popular también solicitó que se pida a la Justicia argentina el embargo de 2648 millones de euros dictados por Garzón el 8 de julio pasado en concepto de responsabilidad civil sobre los bienes de los represores procesados. El objetivo es que Canicoba Corral imponga fianzas por ese importe “o, en su defecto, para el caso de que no sea constituida en el plazo de diez días, se decrete el embargo de bienes hasta cubrir” la citada cantidad. Ollé recordó que la comisión rogatoria para solicitar esta ejecución ya fue cursada, pero ahora “se reiteró y, en virtud de la nueva disposición del gobierno de Néstor Kirchner a cooperar con la Justicia española existe el convencimiento de que se procederá a los mismos”.