Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

Ante las demoras de la Corte, a los diputados del oficialismo no les queda otro remedio que avanzar con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Todo indica que el próximo 12 habrá quórum para la sesión especial. Aunque originalmente, el debate había sido pedido por la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, luego de las definiciones del presidente Néstor Kirchner cada bloque bajará al recinto con un proyecto propio. Por lo pronto, la conducción de la bancada del PJ anunció ayer que tiene en estudio una iniciativa que incluye la anulación de las cuestionadas normas, pero no toca los indultos que tanto Walsh como el ARI pretenden revocar. Anoche, al cierre de esta edición, la UCR permanecía debatiendo su postura.
“Bajaremos a dar el debate”, anunció el jefe del bloque oficialista, José María Díaz Bancalari. Sus palabras daban cuenta de la falta de alternativas en la que los dejó la firme posición asumida por Kirchner la semana pasada. La vuelta que les encontró el PJ a las nulidades fue la elaboración de un proyecto propio. El presidente de Diputados, Eduardo Camaño, le encomendó la tarea días atrás a Bancalari, quien a su vez se la trasladó a Ricardo Falú.
Durante la reunión que la mesa de conducción mantuvo ayer por la tarde, los legisladores expresaron sus puntos de vistas sobre el caso. Por ahora no existe todo el consenso que pretende Díaz Bancalari. De todas maneras, el bonaerense está decidido a cumplir con su rol de oficialista y anunció que trabajará todo lo posible para unificar un criterio que le permita sentar en las bancas a la mayoría de sus integrantes. Para lograr este objetivo, Bancalari no sólo está concentrado en convencer a posibles díscolos de su bancada sino incluso ha enviado emisarios a los bloques del ARI y de la UCR con la intención de encontrar puntos de coincidencias.
En el bloque que conduce Elisa Carrió reconocieron la existencia de esos contactos. Si bien ya presentaron un proyecto de su autoría estarían dispuestos a consensuar una norma común siempre y cuando contemple la aplicación de la extradición en caso de que no se pueda avanzar con los juicios en la Argentina.
Los contactos oficialistas también llegaron al despacho de Walsh. Si bien formalmente la sesión está habilitada para discutir únicamente la iniciativa de la diputada de IU, ella aceptó abrir el debate a otros proyectos.
En diálogo con este diario, Walsh aseguró que “tengo la expectativa de que los diputados del PJ y los de la UCR ocupen sus bancas para dar el debate”.
Los que están todavía sumergidos en un mar de contradicciones son los legisladores de la UCR, salvo Margarita Stolbizer, Ricardo Vázquez y Carlos Courel. Los dos primeros acompañan el proyecto Walsh y el tucumano Courel presentó uno similar el pasado viernes.
“¿Cuál es el hecho nuevo para que la UCR se replantee una definición históricamente conocida en este tema?”, se preguntó el cordobés Luis Molinari Romero durante la reunión del bloque radical que se inició bien entrada la noche de ayer.
La inquietud aparecía como razonable frente a la definiciones que unos minutos antes había desarrollado el jefe de la bancada, el catamarqueño Horacio Pernasetti, quien insistió en calificar de “payasada” a la movida oficial si es que no se incluye la anulación de los indultos del ex presidente Carlos Menem. Precisamente este comentario le había valido una reprimenda telefónica de Camaño.
Poco antes de que llegara el invitado especial a la reunión, el ex ministro Ricardo Gil Lavedra, Pernasetti aventuró que si bien la definición es difícil para la UCR, “no lo es menor para el PJ que tampoco sabe qué hacer con este tema”. El ex funcionario de la Alianza profundizó este razonamiento al sostener que la anulación de las normas tendrá “elefecto de una conferencia de prensa” y no implicará la reapertura de los juicios.
Ayer, tanto peronistas como radicales se enfrascaron más en el debate jurídico que en el gesto político que significará abrir una puerta para juzgar a los responsables del genocidio.