La purga continúa. Esta vez, en los sótanos más oscuros del Servicio Penitenciario Federal (SPF), una de las instituciones del Estado comparables con el mismísimo averno: “Nos estamos metiendo en un problema que acerca el infierno a la Tierra”. Así lo definió el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, cuando ayer reveló los resultados de la primera reestructuración: después de evaluar 180 legajos del SPF, el ministerio resolvió el pase a disponibilidad de 69 agentes. La destitución incluyó a cinco de los siete integrantes de la cúpula y a 7 agentes con jerarquía semejante a la de los comisarios mayores de la Federal, 8 comisarios inspectores y 25 comisarios. Entre ellos, quince tienen causas penales y antecedentes por homicidio, tormentos seguidos de muerte y apremios ilegales. Entre los descabezados están los directores del penal de Devoto y el de Ezeiza, este último investigado por el crimen de un interno. Para Beliz, la situación es “compleja y peligrosa”. Por esa razón, el ministerio habría optado por una solución al estilo de la purga de la Federal: dejaron a las cabezas para asegurar lealtad entre la tropa.
El ministerio venía preparando este cartucho de pólvora desde junio. En ese momento, el nuevo secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, Pablo Lanusse, se reunió con 42 jefes del SPF para ponerlos sobre aviso: “Nos reunimos con los jefes de los organismos, con los directores y subdirectores para presentarles el proyecto y los ejes básicos de nuestra gestión”, indica ahora el ex fiscal Pablo Lanusse.
Los ejes de la gestión que presentó el ministerio fueron básicos para la purga de ayer. Se convirtieron en las variables con las que evaluaron, estudiaron y decidieron la destitución de los 69 agentes, es decir, el 10 por ciento de SPF.
Sintéticamente la evaluación observó:
- Cuestionamiento a las órdenes judiciales.
- La transparencia de la gestión.
- Respeto a los derechos humanos de los internos, sus familiares y visitas.
- Revalorización del agente penitenciario.
- Rol orientado a la resocialización de los internos.
Con estos criterios en la mira, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios se puso a estudiar 180 legajos y consideró los desplazamientos: “Por eso, los que fueron puestos en disponibilidad no me pueden decir que se sintieron sorprendidos con la medida”, dice Lanusse.
Aunque el ministerio está detrás del total de los caídos, la mitad había sido propuesto por una Junta de Calificaciones interna del SPF. Ese organismo del Consejo de Disciplina hace anualmente un trabajo de evaluación sobre la tropa. En este caso, presentaron un listado de 33 candidatos en junio durante aquel encuentro en el ministerio.
Ese listado ayer se convirtió en un tema aparte. La Junta de Calificación del Servicio presentó una evaluación en la que, misteriosamente, faltaban algunos nombres. Entre los omitidos estaban los cinco integrantes de la cúpula del SPF y a los 12 o 15 agentes con causas judiciales. “¿Por qué? –especula ahora Lanusse–, porque la Junta de Disciplina está formada por inspectores generales.”
El grado jerárquico de la Federal comparable con esos inspectores generales es el de comisario mayor. El pase a disponibilidad incluyó a los que formaban parte de la Junta, que además son titulares de los más altos cargos del Servicio. Ninguno de ellos tiene una causa penal, sin embargo “no encajaban con el perfil de agentes que nosotros pretendemos para la fuerza”, dijo Lanusse de modo elegante. Sobre este aspecto, fuentes del ministerio consultadas por este diario dieron otras pistas sobre las razones que habrían empujado la medida.
La cúpula desplazada manejaba cinco áreas claves del SPF. Y la gestión de cada una de esas áreas fue evaluada durante estos meses y terminó duramente cuestionada: los inspectores generales manejaban recursos financieros, el reclutamiento de la tropa, la seguridad de los institutos y fiscalizaban entre otras tareas el trabajo carcelario. Los responsables de esas áreas eran:
- La Dirección Nacional, con competencia en el reclutamiento de la tropa, situación de revista del personal, seguridad de los institutos y servicios.
- La Dirección General de Administración.
- El jefe del Consejo de Planificación y Coordinación, un órgano asesor del SPF.
- La Dirección General de Administración, encargada de la administración de los bienes del SPF.
- La Dirección General del Régimen Correccional, encargada de organizar, orientar, fiscalizar el régimen y el tratamiento aplicable a los internos.
- El jefe del Ente Cooperador Penitenciario, a cargo de la administración, fiscalización y desarrollo del trabajo carcelario.
A esa lista, el ministerio incluyó el pase a disponibilidad de otras dos figuras claves: los jefes de la Unidad 2 de Devoto con más de 2000 internos y el de la Dirección del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, con 1700. En ambas cárceles se concentra el 42 por ciento de la población carcelaria del SPF. En el caso de Devoto, el director del penal pasa a retiro sin causas judiciales pendientes. El caso de Ezeiza es distinto. El director, Miguel Larrosa, es uno de los 12 o 15 agentes del servicio investigado por la Justicia.
De acuerdo con los datos a los que pudo acceder Página/12, los agentes del Servicio investigados están involucrados en tres casos:
- Carlos Sánchez Tejada: Murió el 10 de julio pasado en Ezeiza. Había matado a Maximiliano Noriega, uno de los presos que iba a denunciar la mafia del Servicio Penitenciario Federal. Tejada murió apuñalado en la cárcel de Ezeiza, un día antes de escuchar su sentencia y después de haber denunciado que estaba amenazado en una nota y ante la Justicia.
- Aníbal Yamil Saibba: Fue asesinado el año pasado en Devoto. La Justicia le había pedido protección especial sobre su vida al SPF. Los responsables de Devoto desoyeron ese mandato y lo encerraron en la celda del primo hermano de la persona que Saibba había matado. Murió acuchillado en 15 minutos. El oficial responsable del traslado hasta hace diez días era el jefe de la compañía de suboficiales. Ahora está detenido.
- Valerio Forzatti: Murió el 12 de marzo del ‘93, fue uno de los casos resonados de asesinato mafioso dentro de las cárceles. Forzatti mató a un guardiacárcel en el baño de Devoto. Por el crimen terminó en el Hospital Borda, donde lo golpearon y acuchillaron. Ese mismo año, 12 funcionarios del SPF fueron suspendidos.
Los puestos vacantes serán ocupados en los próximos días y hasta fin de año por los segundos en las líneas de mando. Aunque, aclaró Lanusse, “esos nombramientos van a ser motivo de confirmación o remoción”. La remoción, según el ex fiscal, “no incluye nuevos despidos”. Incluye, en cambio, posibles traslados para cubrir los puestos vacantes. Ese podría ser el destino de las jefaturas de las dos unidades penales descabezadas.
La purga perdonó a Pedro Acevedo, el director general del Servicio y a su segundo, una situación que –según pudo saber este diario– responde a dos objetivos: disciplina la tropa y suaviza los efectos de una intervención que pueda provocar molestias escabrosas entre la tropa.