El primer encuentro formal entre la Comisión Ejecutiva del Episcopado y el presidente Néstor Kirchner cumplió con el objetivo fundamental de espantar fantasmas en torno de la relación entre la jerarquía católica y el Gobierno. El diálogo entre los responsables oficiales de la acción social, la Justicia y la educación, y quienes tienen esas mismas responsabilidades en la Iglesia Católica desde una perspectiva pastoral se viene dando en forma fluida, con disposición a colaborar y sin otros inconvenientes que las previsibles diferencias de puntos de vista o discrepancias respecto de las metodologías de acción de una y otra parte. A contramano de esta realidad, algunas usinas de rumores echaron a rodar en las últimas semanas versiones acerca de un supuesto malestar –atribuido en algunos casos a los obispos y en otros genéricamente a la Iglesia– respecto de las acciones oficiales. En realidad, dos obispos, el ordinario castrense Antonio Baseotto y el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, hicieron pública su preocupación por la eventual derogación de las leyes que impiden el juzgamiento de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Mirás dijo ayer que se trata de “opiniones personales” de esos obispos. En rigor de verdad, hay que decir que los dos obispos mencionados expresan también la opinión de otros miembros de la jerarquía católica, pero de allí no puede concluirse que ésa sea la opinión mayoritaria del Episcopado. En general, los obispos se inclinan por mantenerse al margen de ese debate. Los rumores del presunto malestar episcopal con el Gobierno se habían apoyado también en el hecho de que, dos meses después de haber asumido el nuevo gobierno, no se había producido un encuentro formal entre Kirchner y el Episcopado. La foto que ilustra esta página sirve para disipar aquellos fantasmas y, al mismo tiempo, para ratificar la voluntad de ambas partes de avanzar en la cooperación.
Quienes sí están molestos son algunos obispos que en otros tiempos tuvieron acceso directo a los despachos y a los privilegios oficiales y que hoy sienten que no son los interlocutores elegidos por esta administración. Desde el lado del Gobierno se sabe que la Iglesia Católica es un aliado estratégico en todo lo que sea labor social, además de ser un ejecutor eficaz de muchas acciones en este terreno. Los obispos en general, y Cáritas (el organismo social de la Iglesia) en particular, rechazan las declaraciones altisonantes y prefieren remitirse a los proyectos concretos. Allí sí aceptan gustosos la cooperación, pero sin dejar de reclamar que todo se haga con la mayor transparencia, sin privilegios para nadie y atendiendo prioritariamente a quienes tienen mayores necesidades.