La Oficina Anticorrupción (OA) dictó una resolución pidiéndole al Gobierno que anule la disposición con que la ex ministra de Trabajo Graciela Camaño eximió a los sindicalistas de presentar su declaración jurada de bienes. Uno de los beneficiados por esa medida fue su marido Luis Barrionuevo, lo que planteó un “conflicto de intereses”, según señaló el organismo. También advirtió que un dictamen aún vigente de la Procuración del Tesoro, del gobierno de Eduardo Duhalde que avaló la iniciativa de Camaño, vulnera las posibilidades de control de los funcionarios públicos previstas en la Ley de Etica Pública.
Esta historia se remonta a aquellos días de mediados de 2001 en los que la ex titular de la cartera laboral de la Alianza, Patricia Bullrich, estableció que los dirigentes gremiales debían transparentar su patrimonio. El resultado fue una seguidilla de trenzas públicas tanto con la CGT de Rodolfo Daer como con el líder camionero Hugo Moyano, con las que ahora la Piba hace campaña para llegar a la jefatura de gobierno porteño. Cuando asumió en Trabajo con el gobierno de Duhalde, Alfredo Atanasof anunció a los cuatro vientos que los sindicalistas ya no tendrían que rendir cuentas. Camaño, al llegar al ministerio, se encargó de dejar el tema bien claro en los papeles, con una resolución que favorecía –entre tantos otros– a su esposo, el dirigente gastronómico.
Las actuaciones de la OA advirtiendo al Poder Ejecutivo que la decisión de Camaño estaba “viciada” comenzaron en abril, cuando ella todavía era ministra de Trabajo. El dictamen del ex procurador Rubén Citara, jefe de los abogados del Estado, fue firmado tres días antes del cambio de gobierno y respaldaba a la ex funcionaria argumentando que sólo se podría hablar de la existencia de “conflicto de intereses” si se verificara un “ánimo o espíritu de lucro” de parte del funcionario. Consideraba, concluía, que no era el caso.
“La resolución de Camaño a favor de los sindicalistas es nula porque no era ella quien debía firmarla ya que estaba afectada por una cuestión personal”, explicó el director de la OA, Manuel Garrido, a Página/12. “El dictamen de Citara –agregó– fue apresurado, está profundamente equivocado y nos preocupa porque, si se consolida, deja sin efecto en su mayor parte el control preventivo que establece la Ley de Etica Pública para los casos de conflicto de interés de los funcionarios públicos. Sólo funcionaría si se confirma un ánimo de lucro. El régimen de ética pretende evitar que el funcionario tome decisiones que lo beneficien personalmente y que su criterio quede influido por intereses que le impidan actuar con imparcialidad para la realización del fin público.”
Con esas consideraciones, la OA elevó días atrás una nueva resolución al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, su superior. Incluye un informe que detalla que “la decisión que adoptó” Camaño “la benefició personalmente, a su hermano y a su marido” y aclara que, el problema también toca a la entonces y ahora secretaria de Trabajo, Noemí Rial. Según Anticorrupción, esta segunda funcionaria, que intervino en la confección de la disposición ministerial, había actuado el año anterior como apoderada de la CGT ante la Justicia Laboral y ante el propio ministerio pidiendo que se impugnara la resolución de Bullrich contra los gremios. Entonces, dice, “no cumplió con el período de carencia de tres años (que establece la Ley de Etica), que le impide intervenir en asuntos, desde su cargo, en los cuales ella haya estado relacionada desde el ámbito privado”.
En rigor, la OA no se mete con el contenido de la resolución de Camaño. Pero al señalar que está viciada de nulidad y que debería ser revocada pone al Gobierno en la situación de decidir si deja en pie el régimen diseñado por Bullrich, si elabora nuevas reglas del juego o si deja todo como está. El organismo que conduce Garrido también pidió que se anule el dictamen del ex procurador porque sienta un pésimo precedente que atentaría contra las posibilidades de exigir transparencia en la función pública. Beliz convalidó el planteo de la OA y se lo elevó al presidente Néstor Kirchner. Ahora el asunto está en sus manos.