Con la intención de dar un gesto político que influya en una futura decisión de la Corte Suprema, el bloque de diputados del PJ presentó ayer su proyecto con el que pretende invalidar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Con este texto, donde no figura la resistida palabra “nulidad” ni siquiera entre los fundamentos, el oficialismo pretende consensuar una alternativa con el resto de los bloques y una postergación por siete días de la sesión especial prevista para el próximo martes. “Nuestro objetivo es la verdad y la justicia, y creemos que con esta iniciativa estamos demostrando que hay voluntad, decisión y coraje político para avanzar en esa dirección”, anunció ayer el jefe del bloque oficialista, José María Díaz Bancalari.
La intención del oficialismo es que la aprobación de esta propuesta se transforme en un verdadero empujón para los miembros de la Corte. “Les estamos marcando el camino. Ahora los jueces no se podrán hacer los distraídos para declarar inconstitucionales estas leyes”, aseguró uno de los diputados más influyentes del bloque del PJ.
Superado por ahora el disenso interno en el oficialismo, tanto Bancalari como el titular de la Cámara baja, Eduardo Camaño, se abocarán a la dura faena de cerrar acuerdos con el resto de los bloques. Para el PJ, el futuro del proyecto depende de conseguir el acompañamiento del radicalismo. No en vano ayer ambos legisladores sostuvieron, durante una conferencia de prensa, que su intención es tratar de unificar las diferentes posiciones en “uno o al menos dos proyectos”.
El PJ necesita el visto bueno de la UCR. A partir de ayer no parece algo tan descabellado, si se considera que el bloque que conduce Horacio Pernasetti presentó un proyecto donde solicita al gobierno nacional la aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, tratado que está en el listado que enumera la iniciativa oficialista. Para satisfacción de los radicales, este texto no incluye el término “nulidad”, algo fundamental para el bloque de la UCR, que no logra digerir su responsabilidad en el impulso y sanción de las leyes que garantizaron la impunidad de miles de militares que tuvieron responsabilidad en el genocidio.
Pero para conseguir esto el PJ necesita por lo menos una semana. Saben que la iniciativa que ellos impulsan no será del agrado de aquellos legisladores que acompañan el proyecto de nulidad que presentó la legisladora de Izquierda Unida (IU), Patricia Walsh. Este sector representa unos 35 votos que, sumados a la oposición a cualquiera de los proyectos que anticiparon los representantes de los partidos provinciales, el resultado de la votación se complica y una derrota en la Cámara sería un duro golpe para la gestión de Néstor Kirchner.
“Así como está redactado el proyecto podemos decir que el martes, en caso de sesionar, podemos sentar un centenar de diputados oficialistas en las bancas”, confió a este diario uno de los conductores de la bancada del PJ. Los sentarán, pero el oficialismo quiere una semana más antes de llegar al debate para anudar lo mejor posible los acuerdos.
Esta estrategia fue detallada durante la tarde ayer por parte de los diputados bonaerenses Camaño, Díaz Bancalari, Miguel Saredi y Juan Carlos Correa, a los representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayor Línea Fundadora, Servicio Paz y Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Los legisladores guardaban la secreta esperanza de poder conseguir de parte de los organismos no sólo el visto bueno de la norma, sino también de la postergación de la sesión para el martes 19 y, sobre todo, la suspensión de la manifestación prevista para el 12 de agosto. Los organismos de derechos humanos no aceptaron lo que escucharon, repitieron que lo que ellos pretenden es la anulación de las leyes de impunidad y se fueron sin conocer la letra del proyecto que todavía no había sido presentado.
La propuesta del PJ tiene sólo dos artículos. El primero sostiene que “los hechos y delitos, cualquiera haya sido la fecha de su comisión, que satisfaga la definición del Derechos de Gentes, como crímenes de lesa humanidad”, que están descriptos en una serie de pactos, tratados y convenciones internacionales que castigan estos delitos transcriptos en el texto, “son insusceptibles de amnistía, indulto o prescripción”. El segundo artículo hace referencia a que “a lo dispuesto en el artículo precedente no le serán oponibles las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida)”. Ahora resta ver si Camaño y Díaz Bancalari alcanzan el consenso necesario para aprobarla.