El gobierno nacional decidió reconfigurar las políticas públicas que abarcan a los ex centros clandestinos ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Los ex centros de detención que hasta ahora estaban bajo la órbita del gobierno porteño acaban de pasar a la Nación a partir de un convenio firmado entre las dos instancias ejecutivas y difundido oficialmente ayer. Uno de los espacios reasignados es lo que fue el Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), epicentro del campo de concentración que manejaron los marinos durante la dictadura y por donde pasaron unos cinco mil detenidos desaparecidos: allí se proyecta la apertura completa como una apuesta museográfica de Sitio de Memoria. “El objetivo es que estos lugares puedan ser visitados por mucha más gente de la que va. Y que puedan ser una herramienta utilizada por las escuelas, con una mayor dinámica que hasta ahora”, señala a Página/12 el secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda.

“Apostamos a eso y a que la ciudadanía se apropie de estos proyectos, que estén en diálogo con el pasado pero también con el presente y con lo que soñamos como país. Aquellos lugares pensados para la muerte, nosotros queremos convertirlos en herramientas que sirvan a la democracia y que le sirvan al pueblo para defender la vida y mejorar la calidad institucional”, agregó el funcionario.

El convenio se anunció ayer en Casa Rosada. Durante su habitual conferencia, por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, anunció los aspectos resolutivos. Dio a conocer el acuerdo por el cual la Ciudad transfiere a la Nación la custodia de los espacios que funcionaron como centros clandestinos. El convenio incluye los ex centros conocidos como Virrey Cevallos, Atlético, Olimpo, Automotores Orletti. También el ex Casino de Oficiales de la ESMA, la Enfermería, el Pabellón Coy, la Imprenta y el edificio Cuatro Columnas, donde se proyecta el Museo del Terrorismo de Estado a nivel nacional. Todos los espacios hasta ahora estaban administrados por el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), un organismo autárquico del gobierno porteño.

Parte de la decisión de la transferencia se debió a una evaluación acerca de que la misión de custodia de estos lugares no se cumplió como se esperaba. Bajo la administración del IEM muchos de los edificios no se cuidaron, se abandonaron las políticas de preservación y los lugares sufrieron un deterioro.

El convenio fue celebrado ayer por organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Hijos. El IEM, en cambio, planteó que se trataba de una herramienta para vaciarlo y disolverlo. El instituto está integrado por representantes de la Legislatura porteña y algunos organismos de derechos humanos como el Serpaj, la APDH y el MEDH y la Liga.

Capitanich subrayó aspectos del convenio que responden a los cuestionamientos. El convenio da cuenta de que el IEM no se disuelve; queda bajo la órbita de Ciudad. Otro aspecto muy acentuado en el convenio y recalcado por el jefe de Gabinete es que todos los trabajadores que se desempeñan en los ex centros clandestinos pasan a la órbita de la Nación: son unos 84 y dependerán de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia. En ese sentido, Nación garantiza –según se informó– la continuidad laboral y el reconocimiento de la antigüedad y las categorías.

–¿Qué se busca con la transferencia? –le preguntó este diario a Fresneda.

–En función de la aplicación de la ley que así lo determina, hubo un acuerdo entre las altas autoridades de los gobiernos de Nación y de Ciudad, con el objeto de mejorar las condiciones generales de los Sitios de Memoria que estaban bajo la administración del IEM. El Gobierno de la Ciudad estuvo dispuesto a acordar con Nación y generar las mejores condiciones para ponerlos en valor. El objetivo es poder llevar adelante políticas públicas mucho más intensas en cada uno de ellos, manteniendo las condiciones laborales de todos los trabajadores que también pasarían a la administración pública nacional, con garantías plenas de los derechos laborales. Así como Néstor Kirchner y Jorge Telerman firmaron un acuerdo en un momento, esto hoy muestra la misma voluntad política pero en otra etapa.

–El convenio dice que será refrendado por los ámbitos legislativos.

–Sí, pero es la voluntad política de quienes tienen la jurisdicción sobre los sitios y la competencia de la política pública la que ha decidido esto. Es una decisión que, por supuesto, puede estar ratificada por ley para mayor institucionalización, pero ya tiene vigencia a partir del momento de la firma.

–¿Por qué se habla de “generar mejores condiciones para ponerlos en valor” a los sitios? ¿Qué pasó con estos lugares durante estos años?

–La decisión de ambos gobiernos fue la transferencia porque entendieron que Nación tenía mejores condiciones de recursos e infraestructura y también de perspectiva de políticas públicas que la Ciudad, que la órbita donde estaba en la Ciudad, que era el IEM. Si uno ve estos edificios después de tantos años de tenencia, puede dar cuenta de cuáles son las condiciones. Han sido muy pocos los edificios que se han puesto en valor y las políticas fueron deficitarias en lo que se espera como políticas de memoria para estos espacios, como herramientas pedagógicas, como generadoras de actividad para promover los derechos humanos. Estos lugares han sido desprovistos de los recursos necesarios para que funcionen como deberían funcionar. Por eso se entendió que debían pasar del IEM a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Si hubieran funcionado bien, no se hubiera hecho este convenio.

–El IEM habla de un intento de disolverlo.

–El IEM no se disuelve. Más allá de lo que dicen, es un organismo descentralizado, pero eso no significa que tenga autoridad en sí mismo. Depende del Gobierno de la Ciudad. Son como el Archivo Nacional de la Memoria o el Inadi: son descentralizados, pero dependen de la Secretaría de Derechos Humanos. De ninguna manera eso implica que (el IEM) puede desoír las decisiones políticas que toman las máximas autoridades del Gobierno de la Ciudad. Por eso, quiero aclarar, se hace el convenio con las máximas autoridades. Y no se diluye: queda en la órbita de la Ciudad. Nosotros no podemos absorberlo, pero ellos sí nos pueden transferir las propiedades para que el gobierno nacional las administre con las facultades que le confieren la Constitución y las leyes. Las transfiere por treinta años.

–Un punto del convenio es el anuncio de la creación de un Sitio de Memoria en lo que fue el Casino de Oficiales de la ESMA.

–Hay una cláusula específica sobre esto. Esta propuesta se ha llevado adelante e incluso el proyecto se les ha propuesto a todos los organismos de derechos humanos, a personas del ámbito académico, a sobrevivientes. Se lo hizo desde el gobierno nacional y se lo presentó a todo el mundo a los fines de articular con las autoridades públicas de las cuales depende la competencia para la realización de esto.

–¿Cómo es el proyecto?

–La propuesta surgió del Directorio del Ente Espacio para la Memoria, que está integrado por casi todos los organismos de derechos humanos: Hijos, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares, Madres, Madres Línea Fundadora, el CELS, Buena Memoria. Ellos hicieron una propuesta que me plantearon a mí. Yo la transmití al Ministerio de Justicia y luego la hemos transmitido a la Presidenta a través del secretario Oscar Parrilli. Se hizo una primera presentación. Por supuesto se tomó la iniciativa de los organismos de derechos humanos como una iniciativa del Estado y se la lleva adelante como Estado. Se hizo una primera reunión en la Casa Rosada, donde se convocó a todos los organismos de derechos humanos. Incluso los que están dentro de la órbita del IEM. Se los ha convocado a todos. E incluso saldamos dudas que ellos tenían.

–¿Cómo cuáles?

–Por ejemplo, sobre las condiciones de intangibilidad del edifico. La propuesta de ninguna manera iba alterar las condiciones del edificio ni iba a modificar nada. Sino que es una propuesta que puede ser activada o desactivada porque tiene recursos tecnológicos, como una intervención: no toca absolutamente nada. Si mañana se toma la decisión de sacar todo y ponerlo en otro lugar, puede hacerse y el edifico queda vacío nuevamente. Y tiene una política muy cuidada en materia de preservación. Y en la búsqueda de resaltar las huellas que quedaron en estos lugares. Hasta el día de la fecha, después de diez años, no se han llevado adelante (en el Casino) las políticas de preservación necesarias: la pintura; las huellas que quedaron del horror en las paredes; la señalización necesaria como para que sea una herramienta realmente pedagógica, para que la gente pueda comprender lo que sucedió. No tiene accesibilidad para discapacitados... Es decir, tiene un montón de falencias.

–De hecho, no está abierto, sino semiabierto.

–Hoy se necesita entrar con sobrevivientes o guías para saber cómo funcionaba un lugar tan emblemático. Los guías van a estar, pero a través del proyecto, quienes vayan tendrán la posibilidad de recorrer solos el espacio, habrá información, contenido. Y los recorridos con guías serán opcionales.

–Hay modificaciones en todo el predio.

–Lo que me interesa dejar en claro es que nosotros estamos trabajando a destajo para que todo ese Sitio de Memoria, que son los 32 edificios, los podamos poner en valor. Estamos trabajando con la cooperativa Argentina Trabaja en un trabajo simultáneo con once edificios. Y también con el plan maestro de luz, gas, cloaca y todos los servicios necesarios para que sea un lugar incorporado a la Ciudad, que la gente pueda entrar, conocer, y siempre preservando el sentido histórico que tuvo ese lugar, que realmente fue un lugar de muerte, de tortura, y hoy es de memoria.