La ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray comenzó a ser juzgada ayer por cuarta vez en una causa por corrupción, en este caso por presuntos delitos cometidos en 1989 durante la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), de la que fue interventora. Tanto su defensa como la de los otros tres imputados reclamaron al Tribunal Oral Federal 6 que declare la nulidad del proceso por considerar que los delitos están prescriptos, ya que datan de hace 25 años. La fiscal Sabrina Namer, que acusa en nombre del Estado, consideró que los imputados sólo buscan evitar el juicio y pidió que se rechacen ese y otros planteos fundados en razones procedimentales. La respuesta de los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panello y José Martínez Sobrino se conocerá en la próxima audiencia, convocada para mañana a las 10. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal les comunicó el lunes a los imputados el rechazo a sus intentos de declarar la nulidad del juicio. La defensora oficial de Alsogaray, Pamela Bisserier, que la asistió en procesos anteriores, anticipó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de revertir el fallo de Casación.

El cuarto juicio a la ex dirigente de la UCeDé es por el delito de defraudación al Estado por una suma de 250 millones de dólares en la liquidación y certificación de obras públicas. En el banquillo de los acusados la acompañan el ex coordinador general de ENTel Gustavo Daneri, junto con Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickenhayn, del estudio jurídico de Javier Fernández Madero, y representantes de la consultora KPMG. Los dos últimos habían pedido realizar una probation que los eximiera del juicio aduciendo que no eran funcionarios públicos, pero la fiscal Namer rechazó esa alternativa en base a jurisprudencia que establece la obligatoriedad del juicio en casos de corrupción.

Símbolo del desguace del Estado durante los primeros años del menemato, Alsogaray tiene actualmente dos condenas en el haber, una de cuatro años de prisión por defraudación a la administración pública y otra de tres años por enriquecimiento ilícito, aunque continúa en libertad porque ambas sentencias deben ser confirmadas en instancias superiores. La ex funcionaria de 71 años permaneció ayer sentada en la primera fila del banquillo de acusados junto con su defensora. Siguió atentamente la audiencia y leyó concentrada la acusación del fiscal de instrucción, Carlos Rívolo, que la secretaria del TOF 6 hizo pública a todas las partes. Cuando el tribunal pidió que se plantearan las cuestiones preliminares, tanto Bi-sserier como el resto de las defensas hicieron el pedido de prescripción “por plazo razonable”. También reclamaron la nulidad del requerimiento de elevación a juicio y de la declaración indagatoria de la ex funcionaria. Luego de escuchar a la fiscal Namer, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana. En caso de rechazar los planteos de las defensas, los jueces le darán a Alsogaray mañana mismo la posibilidad de prestar declaración indagatoria.

En el juicio se ventilan los contratos de liquidación y certificación de obras públicas que Alsogaray, entonces al frente de ENTel, firmó con una Unión Transitoria de Empresas conformada por la consultora KPMG y el estudio Fernández Madero. La ex funcionaria está acusada como autora del delito de administración fraudulenta por ampliar los plazos de ejecución de obras y duplicar los precios sin justificativos, con lo cual generó un perjuicio al Estado de 250 millones de pesos, en tiempos de la convertibilidad uno a uno con el dólar. Los otros tres imputados están acusados como partícipes necesarios del mismo delito.

En abril del año pasado, Alsogaray fue condenada a cuatro años de prisión por actos de corrupción en contratos que firmó como secretaria de Recursos Naturales con la Universidad Nacional de Loma de Zamora. En un proceso anterior había sido condenada a tres años de cárcel por enriquecimiento ilícito y fue obligada a devolver el dinero del que se apropió ilegalmente. En la causa por contrataciones irregulares durante la campaña publicitaria para el Plan de Manejo del Fuego no se vio obligada a probar su inocencia porque el tribunal consideró que los delitos habían prescripto.